El testimonio de una propietaria desesperada, con una deuda de 16.000 euros: "Tengo una 'inquiokupa' en casa"

Edificio de viviendas.
Edificio de viviendas.
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Edificio de viviendas.

La inquiokupación se produce cuando una persona que tiene pensado usurpar una vivienda, firma un contrato de arrendamiento y, tras el primer o segundo mes, deja de pagar la renta, sin abandonar el inmueble en ningún momento, convirtiéndose así en okupa de la propiedad.

Es el caso que está sufriendo Kathy Díaz, una mujer que ha abierto una cuenta en Twitter llamada @kdrbcn (tengo una inkiokupa!) para denunciar su caso, y que ha dado más información en el portal especializado en vivienda Idealista.

Esta mujer, de Moncofa, en Castellón, tiene a la inquiokupa desde 2020 y acumula una deuda de más de 16.000 euros. 

"Yo tenía alquilado el piso a su hija, y me comentó que como su hija iba a salir del piso, porque se le acababa el contrato, ella quería alquilarlo. Me comentó que sólo lo quería por un año; ella es del norte de España y quería estar una temporada más cerca de su hija y de su nieta. Hasta aquí no me pareció nada extraño y el trato con ella fue bueno", dice.

"Llegamos a un acuerdo y me comentó que me iba a pagar el año completo, a tocateja, porque no quería tener problemas con mensualidades ni estar preocupándose por abonar cada mes el alquiler. No me pareció lo más normal, pero acepté", prosigue la mujer.

A la finalización del contrato preguntó a la inquilina qué quería hacer, "a lo que ella respondió que quedarse. Lo que nunca dijo es que quería quedarse, y que lo haría en calidad de okupa", dice.

"Se le renovó el contrato, se estipularon nuevas condiciones, como poner los suministros a su nombre porque iba a ser un contrato de larga duración, y se firmó. Nunca pensé que en ese momento estuviera firmando un consentimiento para vivir mi peor pesadilla", prosigue.

Al estallar la pandemia, "la inquilina, hoy ya okupa, me dijo que había una pandemia mundial, que no tenía dinero ni recursos para conseguirlo y que estaba amparada por la justicia, así que me pedía paciencia. Yo la tuve, y en las conversaciones que teníamos siempre me repetía lo mismo: que igual que me pagó un año a tocateja, esto también me lo acabaría pagando", continúa Kathy Díaz.

"El Real Decreto 11/2020 nos ha destrozado la vida a muchos propietarios, ya que tuvo sentido en un momento dado, pero ahora creo que está de más mantenerlo. Y lo que más me preocupa es que no hay una previsión a corto plazo de desbloquearlo", prosigue.

"En enero de 2021, mi marido se rompió el brazo y dejó de entrar dinero en mi casa; entonces me vi en la tesitura de hacer frente a mis gastos o a los suyos", continúa su relato.

"Recurrí a unos amigos para que me ayudaran económicamente y poder saldar la deuda de luz que tenía mi okupa y poder dar de baja ese suministro. Del mismo modo, los recibos del agua los devolví, para poder tener yo liquidez. Y aquí dio inicio el calvario, ya que empezó a ponerme denuncias por coacciones", prosigue.

"El primer juicio de la luz lo gané yo, porque el juez le dice que en el contrato está estipulado que debe poner ese suministro a su nombre, y que nadie se lo ha impedido. Así como el segundo. Pero me puso una tercera demanda, a la que yo no presté mucha atención, y el juez me condenó a restablecerle el agua y pagar una multa", indica Díaz.

"Hablé con ella para que la deuda la pagara ella, porque yo no tenía dinero para hacerle frente a la deuda, y me dijo que ella no iba a pagar nada y que si no lo hacía yo haría lo posible para mandarme a la cárcel", prosigue.

La cuestión es que Kathy Díaz no ha podido denunciar a la presunta delincuiente, "porque la okupa me había demandado por lo penal y yo la iba a demandar por lo civil". Pese a que posteriormente pudo interponer dos demandas, "la okupa dinamitó todos los procesos, haciendo imposible que se celebraran los juicios".

"Hay como cinco juicios parados y seis lanzamientos parados. O no la localizaban, o pedía justicia gratuita, o sus propios abogados renunciaban a su defensa porque no la podían localizar, dando como resultado un aumento de plazos. Finalmente la declararon vulnerable, aunque ella cobra una pensión, y eso lo puso todo aun más difícil", indica.

"Cuando recupere el piso, no pienso alquilarlo de nuevo. No quiero más inquilinos, ya sean las mejores personas del mundo. El Gobierno no nos ampara y la única solución que veo es no jugármela más. Lo pienso cerrar", concluye esta mujer.

20minutos

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