Estos días con las celebraciones discretas del décimo aniversario de reinado de Felipe VI le hemos dado unas breves vacaciones a la confusión política que estamos sufriendo para dedicar unas horas a una institución que ha funcionado de manera impecable. El reinado de Felipe VI no ha despertado ni una sola crítica, por el contrario, los elogios y reconocimientos, nacionales y extranjeros, han sido totales. Las encuestas que se han difundido reflejan que en esta década, sin duda la más difícil y compleja de la etapa democrática, el porcentaje de ciudadanos que todavía se oponen a la monarquía parlamentaria que encabeza el Estado es mínimo, como lo demostró una manifestación que apenas convocó a cinco mil personas en Madrid y, si se analiza sociológicamente, reducido a las reivindicaciones republicanas de un pasado bastante olvidado de la postguerra y la militancia de una extrema izquierda desperdigada, con ambiciones de poder, pero sin unidad y apenas añoranzas de unas teorías revolucionarias ya reiteradamente fracasadas.
Felipe VI ha demostrado con su coherencia y trasparencia democrática que sabe enfrentar con serenidad los múltiples problemas de la política, mal entendida por algunos de sus protagonistas. Esta no puede ejercerse incluso desde el enfrentamiento vergonzante que a veces se manifiesta en el Parlamento donde estamos representados todos, sean cuales sean las ideas de cada uno siempre respetables, y que ante confusión en las formas y ambiciones hay unos principios que establece la Constitución de la cual es el legítimo y ejemplar garante. En estos diez años de reinado ha sido el mejor ejemplo de los principales derechos que compartimos los 48 millones de españoles, algunos puestos en duda con decisiones y proyectos preocupantes como la libertad, reflejada en la prensa, o la igualdad ante la ley, que no puede establecer ninguna de excepción o influencias.
El rey en ningún momento ha podido ser acusado de ninguna violación o intento de saltarse estos principios del mismo modo que tampoco puede ser sospechoso de una mala utilización del presupuesto que sostiene su actividad pública y privada: la monarquía española es la más austera en el gasto de las otras similares que existen en Europa. En algunos ejercicios la Casa Real no gasta el presupuesto que tiene asignado y devuelve a las arcas del Estado la cantidad ahorrada. Con todo, el elogio que merece el desempeño de tan alta responsabilidad, como ha quedado patente estos días en tantos medios y opiniones, es la garantía que su trayectoria supone para el futuro que espera a España, de su unidad y prestigio y a los españoles. Algo que avala también la princesa de Asturias, Leonor, la llamada a la sucesión cuya formación y principios y ejemplos heredados, conforme la vamos conociendo no pueden ser más prometedores para un futuro que garantiza salvar muchos de los temores que la democracia mal entendida y la mala interpretación de la Constitución preocupan.
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