Lo que debe esperar un propietario en España para tener una sentencia que permita desalojar a los okupas de una vivienda se sitúa de media en los 24 meses. Así se desprende de sumar el periodo que ocupa el procedimiento en los Juzgados de Primera Instancia y, en caso de que haya recurso, el de las Audiencias Provinciales encargadas de resolverlo.
Son cifras de 2023 reveladas esta semana por el portal inmobiliario Idealista, que especifica que los plazos judiciales para echar a un okupa dependen de cada comunidad, siendo Castilla y León y Murcia las que registran periodos más largos frente a Navarra y Aragón, donde estos tiempos son más cortos.
De esta forma, en la comunidad de Castilla y León los tiempos para obtener una sentencia firme pueden alargarse incluso hasta los tres años (35,9 meses); Lo mismo ocurre con Murcia, con un promedio de 27 meses, seguida de Canarias (26 meses) o Andalucía (24,9 meses). En el lado contrario se encuentran Asturias (14,9 meses); Navarra (14,2 meses) y Aragón (13,5 meses).
Pese a ello, cabe destacar que el número de ocupaciones se redujeron en España en 2023. En el último año, llegaron a los juzgados de toda España un total de 2.261 procedimientos por ocupación ilegal de viviendas, una cifra que supone un 18,2% menos frente a los procedimientos de 2022. La región donde más se produjeron fue Cataluña, donde se abrieron 445 expedientes por estos hechos, lo que equivale a un 23,65% del total nacional.
Tras la región catalana, se situaron Andalucía con 424 ocupaciones; Comunidad Valencia con 379 y Madrid con 215. Sin embargo, en relación al número de ocupaciones respecto a la tasa de habitantes, es Baleares la que cuenta con una mayor incidencia, de 9,8 asuntos por cada 100.000 habitantes, seguida de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana (ambas con una tasa de 7,3) y Canarias, con 6,3.
¿Y por qué cada vez se tarda más?
Tal y como explican expertos inmobiliarios a Idealista, la ampliación de los plazos se produce especialmente por el "colapso" que experimenta de la Administración de Justicia. "Los procedimientos judiciales van cada día más lentos por muchas razones, como el crecimiento de la litigiosidad y la falta de medios personales y materiales en los Juzgados", explica al citado portal inmobiliario Carmen Giménez, letrada de G&G Abogados.
Así, Giménez asegura que "los funcionarios trabajan con montañas de papeles y de legajos porque no se ha creado el expediente judicial digital", lo que significa que hay que llevar el papel al Juzgado, "ni tienen suficientes medios materiales para imprimir allí lo que enviamos".
Todo ello provoca, según la abogada, un "retraso monumental" en los procedimientos. Además, señala que hay que tener en cuenta que existen otros procesos con carácter preferente como los que tratan de derechos fundamentales, menores o incapacitaciones, lo cuál siempre hace que otros procesos se retrasen.
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