El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, lo prometió hace un año. Recuperaría la Ley de Señas de Identidad de Alberto Fabra, que derogó el Botànic para proteger a la Comunidad Valenciana del pancatalanismo. A la espera de que la nueva ley tome forma, ha comenzado con una regulación de las subvenciones que va a dejar a la intemperie a los que defienden los Països Catalans.
Los nuevos "juegos florales" ya no se diseñarán al norte del Ebro. Ahora, las ayudas públicas tendrán como destino las asociaciones, universidades, centros, etc., que trabajen por la recuperación, defensa y difusión de las tradiciones y culturas valencianas, así como del autogobierno y el derecho civil foral.
Entre un nutrido grupo de valencianos existe un sentimiento de frustración por ver cómo, a lo largo del tiempo, sus políticos han cedido a las presiones de Madrid y Barcelona y han ofrecido como moneda de cambio su cultura y tradiciones. Recordemos el Pacto del Majestic, cuando el PP de José Mª Aznar tuvo que pagar el peaje que le pedía Jordi Pujol para llegar a la Moncloa. Mazón sabe que esto lo van a mirar con lupa, al igual que la financiación autonómica.
Pero en la Comunitat Valenciana existen otros dos tipos de sentir. Uno, dejando de lado el totalitarismo pancatalanista, que siente que su cultura sí tiene algunos lazos con Cataluña y las Baleares; otro, fruto de la fuerte emigración desde otras tierras de España, que siente que son tan valencianos como el resto, pese a no dominar la llengua.
Y este es el verdadero reto, por encima de repartir dinero a unos y marginar a otros. Construir desde la pluralidad, no desde la diferencia. Poner fin a esa ingeniería social que desde la escuela, las entidades culturales y los medios de comunicación trabaja por separar a los valencianos. En la Comunitat caben todos, y esa es la responsabilidad que tienen los que nos gobiernan. No podemos volver a la batalla de Valencia de la Transición.
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