Comienza un camino sinuoso para el gobierno municipal de Barcelona de cara a lograr el objetivo que anunció el viernes el alcalde, Jaume Collboni, de que en noviembre de 2028 ya no queden pisos turísticos en la ciudad. Le ampara el decreto ley para regular estas viviendas que en el mismo mes de 2023 aprobó la Generalitat. Este prevé que, tras un periodo transitorio de cinco años, los Ayuntamientos de municipios en situación de emergencia habitacional puedan optar por anular las licencias de apartamentos de este tipo. Sin embargo, son diversos los obstáculos a superar. La medida para hacer que los pisos turísticos pasen a la historia deberá de obtener el sí del pleno, vencer la batalla judicial con la que amenaza el sector afectado y, en caso de que el gobierno municipal que salga de las urnas en 2027 no sea de nuevo del PSC, contar con su visto bueno.
El complicado panorama, no obstante, no ha amedrentado a Collboni, que con esta iniciativa pretende que los 10.101 pisos turísticos legales que hay en la capital catalana pasen a tener un uso residencial, ya sea a través del alquiler o la venta. La medida forma parte del Pla Viure y tiene como objetivo principal "garantizar el acceso a la vivienda", sobre todo, para los jóvenes y para la clase trabajadora, contó. Y es que, según datos del consistorio, las dificultades para hacer frente al coste de un hogar crecen, pues la escasez de oferta ha contribuido a que el precio del alquiler en Barcelona haya subido un 68% en los últimos 10 años; y el de compraventa, un 38%.
De entre los grupos municipales que deberán votar en el pleno si dan luz verde a la decisión del alcalde, por el momento solo ha mostrado abiertamente su apoyo a la iniciativa ERC, que tras un preacuerdo ya logrado, podría entrar en el ejecutivo de Collboni si así lo avala su militancia, aunque Esquerra y socialistas seguirían estando en minoría. «Barcelona necesita ambición y respuestas urgentes en vivienda», afirma la líder republicana en Barcelona, Elisenda Alamany.
En cambio, fuentes de BComú, la formación de la exalcaldesa Ada Colau, históricamente partidaria de poner freno al turismo, muestran su temor a que "viendo el modelo de Collboni para la ciudad, con más privatizaciones, masificación turística y eventos de lujo", los pisos turísticos se conviertan en alquileres de temporada o apartamentos de alto standing. Desde Junts, el concejal Damià Calvet tilda la medida de "improvisada e ideológica" y dice que "la mitad" de las 10.101 licencias de pisos turísticos no operan, por lo que "pretender que estas entrarán en usos residenciales es un dato que no se basa en la realidad". Por su parte, el líder del PP, Daniel Sirera, señala que la iniciativa "solo perjudicará al tejido económico y al turismo de Barcelona, además de generar inseguridad jurídica".
El sector, como era de esperar, también se ha opuesto frontalmente al alcalde. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha apuntado en un comunicado que "se equivoca" y que la prohibición no solucionará el problema de la vivienda en Barcelona, porque los pisos turísticos representan un 0,77% del total. También ha avisado de que el anuncio de Collboni, a quien ha atribuido "turismofobia", condena a la ciudad "a la pobreza y al paro", y al sector, "a muerte". Según el presidente de Apartur, Enrique Alcántara, la propuesta es una "expropiación" a los 5.000 propietarios de pisos turísticos en la capital catalana.
"El Tribunal Constitucional lo tendrá que tumbar y, si no, lo hará la Unión Europea", advierte. Y es que el Constitucional admitió a trámite en febrero de este año un recurso del PP contra el decreto ley de la Generalitat que avala la medida de Collboni. Este, que se basa en que la normativa del Govern invade competencias estatales y afecta al derecho de propiedad, también está camino del Tribunal de Justicia de la UE. Por otro lado, existe la posibilidad de que se presenten recursos contra la modificación del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) que pretende llevar a cabo el alcalde para suprimir el concepto de Vivienda de Uso Turístico.
La intención de Collboni de eliminar este tipo de alojamientos puede encontrarse también con trabas por parte del Sindicat de Llogateres de Catalunya. La entidad apunta que "la actual crisis de vivienda en Barcelona no se fundamenta principalmente en las de uso turístico como tal, sino en la falta de regulación de los alquileres temporales", a los que considera que la medida de Collboni pone "una alfombra roja". También critica que el anuncio del alcalde es "una cortina de humo" ante su decisión de flexibilizar la obligación de que las promotoras destinen un 30% de los pisos de nuevos edificios a vivienda social, lo que "responde a los intereses de las grandes constructoras". Además, el Sindicat de Llogueteres cree que favorece la "apuesta de la patronal hotelera" por "una ciudad vendida a un turismo de congresos, eventos y cada vez más exclusivo".
Los barrios más beneficiados
Si la medida de Collboni sale adelante, los ocho barrios de la ciudad que más se beneficiarán de la conversión de pisos turísticos en residencias habituales son los de la llamada Zona 1 en el PEUAT, los que tienen más viviendas destinadas a visitantes, un total de 5.274: Hostafrancs, Ciutat Vella, Vila Olímpica, Vila de Gràcia, Sant Antoni, Poble Sec, Eixample y Poblenou.
Les seguirán los de la Zona 2 (3.134): Fort Pienc, Poblenou, Sants, Baix Guinardó, Font de la Guatlla, Sant Antoni y Diagonal Mar. Por detrás estarán los de la 3, que tienen 1.016 y son Vallcarca, Horta, Les Corts, Sarrià, La Verneda Nou Barris El Guinardó y La Sagrera.
3.473 ilegales recuperados
Desde el año 2016, el Ayuntamiento de Barcelona ha recuperado para uso de residencia habitual hasta 3.473 pisos turísticos que eran ilegales. Se ha pasado de unos 6.000 sin licencia entonces a "entre 300 y 400", con la imposición de 10.500 sanciones y 9.700 órdenes de cese, según datos municipales.
Comentarios