El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha rechazado avocar el caso Koldo en favor de la Fiscalía Europea. Al negarse a dejar el caso en manos de la institución comunitaria, Moreno ha acordado "plantear una cuestión de competencia positiva entre su juzgado y la Fiscalía Europea ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", que tendrá que dirimir qué órgano es competente para continuar las pesquisas. Así lo expone en un auto de 17 folios firmado este mismo lunes.
La Fiscalía Europea reclamó la competencia sobre los hechos relacionados con los servicios de salud de Canarias y Baleares, que quedaron automáticamente bajo su control. Ahora que la Audiencia Nacional ha reclamado la competencia sobre toda la investigación, el juez Moreno se limitará a practicar "aquellas diligencias urgentes dirigidas a asegurar la investigación y el ejercicio de la acción penal".
Según detalla el mencionado escrito, los presuntos delitos que investiga son cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales. También investiga delitos contra la Hacienda pública, que a juicio de Moreno no perjudican a los intereses financieros de la Unión Europea ni se encuentran "indisociablemente vinculados" con el ámbito competencial de la Fiscalía Europea.
Moreno repasa, en primer lugar, los fondos públicos empleados en la compra de mascarillas a la trama investigada: 20 millones de fondos nacionales adjudicados por Puertos del Estado; otros 3,5 millones provenientes de fondos nacionales y adjudicados por la Secretaría de Estado de Seguridad; 12,5 millones de euros por parte de ADIF, de los cuales 1,6 millones provenían de fondos europeos; 12,3 millones de euros adjudicados por el Servicio Canario de Salud provenientes de la UE; y otros 3,7 millones del Servicio Balear de Salud que también estaban íntegramente financiados por la Unión Europea, "si bien el 28 de febrero el Gobierno balear ha procedido a su desembolso a la UE".
En conclusión, explica el magistrado, "los fondos de la UE empleados en la adquisición de material sanitario ascienden a 13.984.712 euros" y el Estado ha puesto "un total de 38.049.722 euros". Una vez repasados estos importes, el instructor alude a un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que se indica que "el hecho de que haya existido financiación de la YE no implica que exista un perjuicio" para sus intereses financieros. "Hasta el momento, no hay indicio alguno de la comisión de un delito de malversación", detalla el escrito.
Por otro lado, el instructor destaca que su juzgado "se halla en mejores condiciones que la Fiscalía Europea para investigar y ejercer la acción penal", "sin perjuicio de la competencia que la Fiscalía Europea tiene respecto a las infracciones que afecten de forma directa" a los intereses de la UE. La Audiencia Nacional está en mejor posición para investigar, a juicio de Moreno, dado que "desde hace varias décadas viene conociendo de causas no solo nacionales, sino de ámbitos transnacionales, de ilícitos cometidos por organizaciones delictivas".
Además, subraya Moreno, el Juzgado Central de Instrucción número 2 tiene "avanzada la investigación" y ya ha adoptado "múltiples resoluciones", tales como "intercepciones de comunicaciones, entradas y registros, intervención de gran cantidad de dispositivos electrónicos o medidas sobre aseguramiento de bienes".
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