Siete días. Ese es el plazo que el Ministerio de Trabajo da a la patronal para que concrete una alternativa a la propuesta planeada desde el Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas. De lo contrario, la negociación seguirá adelante entre el departamento liderado por Yolanda Díaz y los sindicatos, con el objetivo de que la primera rebaja de la jornada máxima a 38,5 horas semanales sea efectiva en 2024. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha lanzado este ultimátum a CEOE y Cepyme tras la reunión mantenida este lunes con los agentes sociales, a los que el Gobierno remitió el viernes un primer borrador. Los sindicatos ven con buenos ojos el planteamiento y presionan también a la patronal para que aclare si está dispuesta a llegar a un acuerdo.
"La patronal ha mostrado un escepticismo que no está seguido de propuestas, y esto es lo que más me preocupa", ha expresado ante los medios de comunicación el secretario de Estado, que ha afeado a las organizaciones empresariales que no hayan puesto sobre la mesa ningún planteamiento concreto desde que empezara la negociación en enero. "Nos encontramos con una patronal que no ha hecho ninguna propuesta alternativa al texto que el Gobierno ha distribuido", ha insistiendo, recalcando que, a su juicio, ha habido tiempo suficiente para que haya "contrapropuestas maduras".
Pérez Rey ha pedido a CEOE y Cepyme "tomarse en serio" la negociación sobre la reducción de la jornada laboral, acusándolos de limitarse a lanzar "mensajes apocalípticos". "Necesitamos que, si hay voluntad de llegar a un acuerdo, se nos digan por dónde pasan sus extremos", ha subrayado, emplazando a las organizaciones empresariales a enviarles por escrito su planteamiento antes de la próxima reunión semanal. "Pedido que antes del próximo lunes se nos haga llegar cuáles son los elementos de los que la patronal hace depender este acuerdo", ha reclamado, aclarando que "no pueden ser muchos" porque la propuesta del Ejecutivo es "nítida" y que el Gobierno no va a "tolerar" una "estrategia dilatoria". "El tiempo apremia", ha recalcado.
También desde los sindicatos insisten en que el tiempo juega en contra si se quiere hacer efectiva la primera reducción de la jornada a 38,5 horas en 2024 antes de proceder a la rebajar definitiva a 37,5 horas en 2025, tal y como recoge el acuerdo de gobierno firmado entre PSOE y Sumar. UGT y CCOO instan a la patronal a que aclare si está dispuesta a negociar y bajo qué condiciones. "Es muy difícil entrar en un proceso de negociación si no conocemos qué es lo que se pide por parte e las organizaciones empresariales", ha lamentado Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo de CCOO. "El tiempo se ha acabado, necesitamos una respuesta de la patronal ya", ha coincidido el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján.
Por el momento la patronal no se ha pronunciado sobre el ultimátum de Trabajo. Desde la CEOE han convocado para este viernes a su Comisión de Trabajo y Seguridad Social para tratar el asunto, aunque fuentes de la organización empresarial aclaran que se trata de una reunión rutinaria y que este órgano es meramente consultivo, por lo que no tiene capacidad de decisión. En los últimos días, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha criticado la actitud del Ejecutivo, acusándolo de promover un "monólogo social" en lugar de una negociación a tres bandas y ha adelantado que, si saca adelante un acuerdo sin su firma, pedirán derogar la reducción de la jornada cuando haya un cambio de Gobierno.
Por su parte, de no contar con una respuesta de CEOE y Cepyme, el Ejecutivo está dispuesto a seguir adelante con el borrador, que sí cuenta con el respaldo de los sindicatos. "Si nosotros fuéramos al lunes próximo sin ninguna propuesta alternativa de la patronal, tendremos que tomar alguna decisión", ha señalado Pérez Rey. "Si no hay acuerdo, estaremos con el Gobierno, apoyando esta medida de reducción de jornada, que es necesaria", ha adelantado Vicente, calificando como "positivo" el texto del Ejecutivo e insistiendo en que la reducción de la jornada es una cuestión de "justicia social". "La propuesta del Gobierno se ajusta a los objetivos de la UGT", ha coincidido Luján, que ha limitado las posibles mejoras a aspectos técnicos para garantizar la correcta aplicación de la norma.
Multas de hasta 10.000 euros
El planteamiento puesto sobre la mesa por parte del Gobierno incluye una primera reducción de la jornada máxima a 38,5 horas en 2024, antes de pasar a las 37,5 horas prometidas en 2025, en ambos casos sin merma salarial. El departamento liderado por Yolanda Díaz no contempla un aumento de horas extra como contrapeso a la rebaja de la jornada ordinaria. "Hay que descartar que estemos ante una reducción de jornada fake, que lo que quitamos de un sitio lo metamos en otro a base de horas extra", ha defendido el secretario de Estado.
La reducción de las horas de trabajo va acompañada de una reforma del registro horario para garantizar que las empresas cumplan con los límites legales establecidos. "La reducción de la jornada tiene que ser efectiva y para eso hay que redoblar los instrumentos de control", ha remarcado Pérez Rey. En ese sentido, la propuesta de Trabajo contempla multar con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima, lo que supone un endurecimiento de las sanciones actuales. De este modo, no solo pretende aumentar el importe de las multas, sino que también se incluye como novedad la consideración de una infracción por cada trabajador con el que la empresa incumplan las normas.
Además, Trabajo plantea un nuevo registro de jornada que sea digital y accesible, de modo automático, para cada trabajador, para los representantes sindicales y para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las empresas tendrán que conservar los registros durante cuatro años. Los detalles sobre su contenido se pretenden desarrollar en un reglamento que se espera aprobar en los seis meses siguientes a la aprobación de la nueva norma, aunque se dará margen a la negociación colectiva para acordar su funcionamiento concreto en cada caso.
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