El fenómeno es global y se ha intensificado tras la pandemia. El precio del alquiler de las viviendas se ha disparado a medida que la masificación turística ha ido cambiando el tejido social y comercial de muchos barrios o ciudades. Ambos factores están correlacionados y forman parte del proceso de turistificación, cuyos efectos depredadores son negativos para el conjunto de la sociedad. En las metrópolis, miles de pisos que antes estaban a disposición de la población residente en el mercado de alquiler se han convertido en viviendas turísticas, reduciendo la oferta e incrementado los precios de forma inasumible para gran parte de la población.

La crisis habitacional que sufrimos en España obstaculiza de forma muy grave los proyectos emancipatorios de los jóvenes, dificulta la movilidad para cambiar de trabajo o para emprender una nueva vida tras una ruptura de pareja, etc. Evidentemente, no existe un único responsable, y si las administraciones abordan en serio este problema tendrán que tocar muchas teclas, pero la proliferación del apartamento vacacional en las ciudades es sin duda una de sus causas.

El anuncio del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de que a partir de noviembre de 2028 en la capital catalana se suprimirán los más de 10.000 pisos turísticos existentes, se inspira en la decisión de otras ciudades en el mundo, como Nueva York, de prohibir los Airbnb. Se trata de una decisión que, aunque no puede ser aplicada en Cataluña de manera inmediata por cuestiones legales, y que durante los cuatro años que faltan recibirá la presión y crítica feroz de los sectores perjudicados, hay que calificarla de valiente y acertada. No va a resolver por sí sola el problema de la vivienda, pero ayudará a bajar los precios en la medida que gran parte de esos pisos regresen al mercado residencial. No se la pueda acusar de turismofobia, pues no pretende en ningún caso renunciar al turismo, una industria legítima e imprescindible que aporta mucha riqueza a Barcelona. Pero hay que luchar contra la turistificación que desnaturaliza nuestras ciudades y encarece la vida de los residentesen beneficio de unos pocos, empezando por esas compañías multinacionales que gestionan los alquileres de apartamentos turísticos.

La medida anunciada por Collboni debería abrir un debate a fondo, pues interrelaciona la escasez y el encarecimiento de la vivienda, que hoy se ha convertido en el mayor problema de España, con la gestión del turismo, al que es imprescindible ponerle unos límites para que siga dando buenos frutos. Y en ambos asuntos la prioridad debería ser la misma: la lucha contra la segregación y la desigualdad. Nuestras ciudades y metrópolis tienen mucho que decir y deben tomar la palabra.