El Gobierno podría haber encontrado la forma de evitar ser sancionado por Bruselas por no cumplir con la directiva europea de conciliación. La fecha límite impuesta por la Unión Europea (UE) para hacer remunerados los permisos por paternidad vencía el próximo 2 de agosto, pero en un decreto aprobado a finales de mayo, y por el cual se mejoraron las condiciones del régimen de lactancia, el Ejecutivo da por completada la transposición de la normativa europea que exigía remunerar al menos cuatro de las ocho semanas de los permisos parentales. Y lo hace, precisamente, sin establecer por ley que este permiso de ocho semanas (que pueden disfrutar los padres hasta que sus hijos cumplan ocho años) tenga que ser retribuido.
El decreto, aprobado a petición del Ministerio de Trabajo, reconoce la acumulación del permiso de lactancia de 28 días, el cual tanto madres como padres pueden disfrutar ahora sin necesidad de que esté reconocido en su convenio laboral. En el texto de la iniciativa ya publicada en el BOE, sin embargo, el Gobierno sostiene que con esta medida "se incrementa el nivel de reconocimiento y protección de los permisos de conciliación, cumpliéndose, por tanto, la exigencia de un permiso parental retribuido, tal y como aparece en el artículo 8.3 en relación con el artículo 20.2 de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019".
Lo que ocurre es que ese artículo 20.2 de la directiva europea no se refiere en ningún caso al permiso de lactancia, sino al de ocho semanas. Dicho artículo obliga a los Estados (entre ellos España) a remunerar al menos parcialmente "el permiso parental previsto en el artículo 8, apartado 3" de la directiva. En ese artículo 8.3 se hace referencia "al permiso parental a que se refiere el artículo 5, apartado 2". Y ese artículo 5 de la directiva deja claro que el permiso del que se está hablando, el que la UE obliga a retribuir al menos en parte, es "un permiso parental de cuatro meses que debe disfrutarse antes de que el hijo alcance una determinada edad, como máximo ocho años". No el de lactancia.
El problema es que el compromiso del Ejecutivo —que arrastra ya desde la anterior legislatura y el cual se ratificó primero en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar y luego por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy— es el de garantizar la remuneración de al menos cuatro de las ocho semanas que configuran actualmente en el permiso parental. Pero por la redacción del real decreto de lactancia se da a entender que dan por cumplido ese mandato de la Comisión Europea, que, de hecho, ya denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a finales del año pasado por no haber cumplido su normativa sobre conciliación familiar.
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales descartan que esto signifique un lavado de manos de cara a Bruselas y aseguran a 20minutos que la retribución de los permisos parentales es algo que "está aún pendiente" y que está siendo fruto de negociación entre los socios de la coalición. Reconocen que todavía no se ha alcanzado un acuerdo, pero que, en todo caso, el escollo está en cuántas semanas hacer retribuidas y no tanto en si hacer efectiva esa medida o no. Que en el decreto aprobado se mencionen esos permisos parentales, pese a no modificar ningún punto al respecto, "no implica", para el ministerio, "que la transposición de la directiva sea plena, porque los permisos parentales no están aún retribuidos".
Sea como fuere, el tiempo apremia y queda menos de mes y medio para que venza el plazo. Las otras vías para impulsar la medida, más allá de la fórmula del real decreto, serían ya o bien a través de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), o mediante una enmienda a la ley de familias que está todavía en sus primeras fases de la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
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