El periódico Diario de Segovia ha publicado que Clotilde Martínez-Bordiú, la madre del superviviente ganador de la edición de 2023, Bosco Blach, ha aceptado dos años de cárcel por haber empleado irregularmente y haber explotado laboralmente a cuatro trabajadores en una finca de su propiedad en Muñopedro, pueblo de esa provincia.
Bosco no conocerá este hecho hasta que regrese de Honduras, donde participa en la edición Supervivientes All Stars, ya, que como el resto de concursantes, está aislado.
Los hechos que cuenta el periódico son los siguientes: Clotilde admitió los hechos en el juicio celebrado el pasado 4 de junio en la Audiencia Provincial de Segovia, donde también se sentó en el banquillo de los acusados como cómplice el alcalde de la misma localidad, José Antonio Velasco Bravo, que ejercía como encargado de los trabajadores que estaban de manera irregular en la finca.
Entre 2019 y 2021 Martínez-Bordiú tuvo trabajando a dos matrimonios extranjeros en Monte Acedos, la finca segoviana de la familia que cuenta con unas 180 hectáreas. Según la Fiscalía, la hermana de Pocholo conocía perfectamente que estas cuatro personas estaba de manera irregular en nuestro país porque no tenían ni permiso de trabajo ni de residencia, datos que utilizó para "aprovecharse de sus circunstancias y de la necesidad imperiosa que tenían de trabajar para poder sobrevivir", según la sentencia.
La Fiscalía también recoge que los trabajadores irregulares tampoco contaban con unas buenas condiciones. Y es que se explica que los cuatro debían hacer sus funciones todos los días de la semana de 7:00 a 13:00 y de 15:00 a 21:00 (12 horas) sin tener ni las vacaciones ni los descansos correspondientes. Además, al no tener ningún tipo de contrato, el salario que recibían era en B, un sueldo de 900 euros mensuales (poco más de 2,5 euros por hora).
El periódico detalla el testimonio de varios trabajadores, que sufrieron, incluso accidentes, que el alcalde les pidió que contaran habían tenido lugar en otro sitio y no en la finca.
La Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo acudieron a la finca el 17 de febrero de 2020 para comenzar una investigación. Fue entonces cuando la Fiscalía llegó al acuerdo con Clotilde, que fue condenada a los 24 meses de cárcel (a la que no entrará si no se le imputa otro delito de ningún tipo) más la correspondiente multa; fijada en dos partes de 10.811 euros que recibirán los integrantes de uno de los matrimonios, 5.026 euros a cada miembro de la pareja del otro, 9.130 euros a la Seguridad Social y otros 12.000 euros a las víctimas por los daños morales.
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