Las últimas medidas emprendidas en materia de vivienda no han contribuido a solucionar el problema, sino que han agravado la falta de oferta, origen del alza de los precios. Ese es el análisis de la situación que hacen desde el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que han organizado este martes un coloquio informativo sobre el problema de la vivienda. A su juicio, la ley aprobada en la pasada legislatura es "insuficiente", aunque señalan que el problema viene de más atrás.
"¿Era necesaria una ley de vivienda? Sí. ¿Esta ley? No", ha valorado el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del CGE, Julián Salcedo, en el acto, en el que también ha intervenido Benito Arruñada, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra e investigador asociado de Fedea. Salcedo ha puesto el foco en la norma aprobada en la pasada legislatura, criticando tanto su contenido como la forma en la que se aprobó. Por un lado, considera que su entrada en vigor apenas dos días antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2023 fue un acto de "oportunismo político". "Su texto tiene una gran carga de tipo ideológico y de tipo intervencionista", añade.
En concreto, el economista del CGE considera que la creación de figuras como la del gran tenedor o las zonas tensionadas provocan una situación de desigualdad entre propietarios y entre territorios respectivamente. No obstante, a su juicio, el aspecto menos acertado de las medidas puestas en marcha por el Gobierno es la limitación de la subida anual de los alquileres y las restricciones sobre nuevos contratos en zonas tensionadas, que por el momento solo aplica Cataluña. "El precio del alquiler no solo no ha bajado ni se ha estabilizado, sino que ha subido y la oferta ha disminuido en torno a un 30-35%", señala, apuntando a un trasvase de la oferta hacia el alquiler de temporada y turístico. "Era un fracaso anunciado", agrega.
Arruñada coincide en criticar el "intervencionismo" de las medidas emprendidas desde el sector público en materia de vivienda, si bien asegura que el problema es anterior a la última ley, criticando por ejemplo la moratoria aprobada en 2013 -y prorrogada recientemente hasta 2028- a los desahucios de personas vulnerables por impago de la hipoteca. "Hemos creado una inseguridad jurídica que ha llevado a la reducción drástica de la oferta. Estamos aplicando muy mal las soluciones públicas", opina, señalando que, a su juicio, no se ha de proteger a los colectivos más vulnerables a costa de los derechos de los propietarios. "Después de haber cometido un error, lo que hace el legisladores es reincidir", añade en referencia a las última ley.
"La palabra clave es la escasez", remarca Arruñada, que matiza que en parte la falta de vivienda responde a la concentración de la población en puntos concretos del territorio, como las grandes ciudades. "España tiene una densidad de población baja, pero muy concentrada en algunos sitios", recuerda. Salcedo coincide en el diagnóstico de la escasez de oferta de vivienda. "La solución solo puede pasar por incrementar la oferta, que es manifiestamente insuficiente", señala, instando a retomar la ley del suelo que el Gobierno retiró del Congreso el mes pasado y a ampliar el volumen de vivienda en el mercado tanto de alquiler como de compraventa, así como tanto privada como pública. De hecho, recuerda que una de las tareas pendientes en España es la ampliación del parque público de vivienda, muy por debajo de la media europea.
"La solución más fácil requiere dar marcha atrás a la conducta intervencionista de los últimos años, dejar que el mercado funcione. Eso arreglaría una parte del problema", defiende por su parte Arruñada, añadiendo también como problema la falta de estímulos que, a su juicio, existen para dinamizar el mercado inmobiliario. El investigador de Fedea considera que hay demasiadas "limitaciones" a la gestión de la propiedad. "Lo que el propietario puede hacer con la vivienda en España es poco y muy limitado", opina.
Además, el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra aboga también por modificar la fiscalidad de la vivienda. "Tenemos una fiscalidad enormemente gravosa", valora, mostrándose partidario de rebajar los impuestos que gravan la transmisión de inmuebles -como los de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados-, en detrimento de aquellos tributos que gravan la tenencia, como el IBI o el IRPF. "La rentabilidad de la vivienda es muy baja, en parte porque una gran parte se la llevan las Administraciones Públicas", afirma.
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