La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este martes que el Gobierno está estudiando una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que esas viviendas ejercen una actividad económica. Aunque sin concretar detalles, Rodríguez ha apuntado a que el objetivo es permitir una mayor "implicación" de los vecinos para que sean ellos quienes permitan o no explotar por esta vía pisos ubicados en su edificio.
Así lo ha avanzado primero en una entrevista concedida a Telecinco y lo ha reiterado posteriormente en su comparecencia tras reunirse esta tarde con las comisiones de Vivienda y de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La ministra ha argumentado que esta decisión es consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya se pronunció en este sentido el año pasado en dos sentencias sobre dos vecindarios de Oviedo y San Sebastián. "Hay algunos pronunciamientos que ya consolidan la doctrina en ese sentido", ha defendido la ministra.
En concreto, los magistrados concluyeron que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica, por lo que dio la razón a dos comunidades de propietarios y ordenaron el cese de la actividad de alquiler turístico en varios pisos. "A partir de ahí, van a ser las comunidades de vecinos las que van a poder también participar en este tipo de decisiones, porque este fenómeno, que no es exclusivo de nuestro país, afecta a todo el mundo y a las principales capitales del entorno europeo", ha explicado Rodríguez.
Actualmente, la ley de propiedad horizontal ya condiciona la implantación de pisos turísticos en las comunidades de vecinos al voto favorable de tres quintas partes del total de propietarios, que han de representar a su vez tres quintas partes de las cuotas de participación. El Gobierno querría ir más allá de esta salvaguardia, según las declaraciones de la ministra, que ha evitado concretar en qué sentido estudian modificar la normativa. "No hemos entrado al detalle", ha reconocido. "La idea es facilitar todos los instrumentos y, si es necesario, modificar la ley de propiedad horizontal", se ha limitado a decir, matizando que cambiar esta norma requeriría "forjar" un apoyo parlamentario suficiente.
Rodríguez ha criticado que la proliferación de pisos turísticos está colisionando con el derecho y el acceso a una vivienda digna, está elevando el precio de los alquileres y limitando la oferta en el alquiler residencial. Por ello, ha celebrado que las comunidades autónomas estén tomando "cartas en el asunto" y ha destacado igualmente el papel de los municipios como "primera ventanilla" a la que acude el ciudadano. "Todas las administraciones están dando pasos importantes en la idea de regularizar este fenómeno", ha destacado.
Reunión con los municipios
Precisamente para adoptar soluciones de manera conjunta, Rodríguez se ha reunido este martes por la tarde con la FEMP, con quien ha abordado el problema de los pisos turísticos y, en particular, el desarrollo de una plataforma que recopile datos al respecto prevista en un nuevo reglamento que ha aprobado recientemente la Unión Europea. El Ejecutivo tiene la intención de poner en marcha esta herramienta antes de que acabe 2025. Los municipios lo ven como una "buena noticia", ya que coinciden con el Gobierno en que permitirá un mayor control y ayudará a perseguir el fraude.
En ese sentido, la ministra de Vivienda ha recordado que una de las "debilidades" a la hora de abordar la problemática de los pisos turísticos es la falta de transparencia, ya que muchos de ellos operan sin estar registrados como tal. "Es absolutamente importante conocer la realidad sobre la que hay que trabajar y ese registro nos va a permitir conocer la realidad y abordar soluciones", ha valorado positivamente la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, que ha recalcado la necesidad de "proteger" una actividad tan importante como el turismo y "no entrar en el debate de 'turismofilia' y 'turismofobia'", algo en lo que ha coincidido la ministra. Rodríguez ha apuntado a que una correcta regulación de los pisos turísticos ayudará a mejorar los estándares de calidad del sector.
"Hemos quedado en comenzar a trabajar en medidas", ha explicado García-Pelayo, que ha pedido que "se tenga en cuenta" a los municipios y a los vecinos. "No se deben tomar decisiones sin contar con los ayuntamientos", ha subrayado. "A todos los españoles nos mueve el mismo interés: garantizar el derecho a la vivienda", ha asegurado, al tiempo que ha pedido abordar la rehabilitación de barrios en próximo Plan Estatal de Vivienda. "Lo más destacable es el acuerdo para trabajar conjuntamente", ha subrayado por su parte la ministra. "Mi voluntad es abordar cuantas reformas sean necesarias", se ha comprometido, insistiendo en el "respeto más absoluto a la autonomía local".
Pese al llamamiento de la presidenta de la FEMP a "trabajar de la mano" entre administraciones, los municipios del PP han hecho su propia valoración de la reunión y han acusado al Ministerio de "tapar el fracaso de las políticas de vivienda del Gobierno desviando la atención hacia la 'turismofobia'". "El Ejecutivo no puede utilizar la FEMP para lavar su imagen cada vez que les surge un problema", le ha recriminado a la ministra la portavoz adjunta del PP en la FEMP, Natalia Chueca.
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