El Gobierno central ha anunciado este martes su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma de la ley trans y LGTBI que aprobó la Comunidad de Madrid a finales de año. "Ya sabemos cuál es la posición del Gobierno, atacar a Madrid, sin ninguna intención de proteger a las personas vulnerables", ha expresado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, tras conocer la noticia. Desde el Gobierno regional han defendido la modificación normativa regional para proteger a los menores durante su proceso de transición. Además, recriminan al Ejecutivo nacional que su ley estatal pone en riesgo a las mujeres víctimas de violencia de género.
"El objetivo de la ley ha sido proteger a los menores de unos tratamientos irreversibles y acompañarles en un proceso que la propia ministra reconocida que existe mucho sufrimiento en cada persona que se somete a un proceso de transición", ha manifestado Dávila. Para la consejera, "a Pedro Sánchez y a su ministra de Igualdad, Ana Redondo, les importa más la propaganda que cuidar a los niños y a sus familias".
El recurso que el Gobierno central presentará, previsiblemente, este mismo martes menciona que la norma autonómica "patologiza la transexualidad" al establecer un "tutelaje médico", discrimina a las personas trans a la hora de acceder a determinados espacios como las residencias, deja la puerta abierta a las terapias de reconversión o invade competencias exclusivas del Estado en materia procesal.
La reforma autonómica se aprobó a finales de diciembre de 2023. Durante el mes de marzo se abrió una Comisión Bilateral para hablar, en un plazo de seis meses, sobre las discrepancias que el Ejecutivo central observaba. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a término y el Gobierno de España ha decidido acudir al TC para que sea el órgano de garantías quien dirima la cuestión. "Han demostrado que no tenía intención de llegar a un acuerdo, nosotros habíamos solicitado una nueva reunión y ni siquiera nos han contestado", ha detallado la consejera.
Desde la Comunidad de Madrid insisten que seguirán "defendiendo a los menores que tienen derecho a una atención sanitaria, física y mental adecuada". El Gobierno regional reformó el artículo 14 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid para incluir la necesidad de realizar un "examen previo de dichos profesionales [pediátricos]" para que los menores de edad puedan acceder al tratamiento hormonal médico relativo a su transexualidad. Ese mismo punto menciona que antes de iniciar el procedimiento farmacológico "será requisito necesario que previamente reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil".
Este es uno de los puntos que el Gobierno central ha incluido en el recurso al considerar que "patologiza la transexualidad y establece el tutelaje médico". Por su parte, Dávila ha indicado que "es necesario ese acompañamiento" en los menores, como les han trasmitido las sociedades científicas, médicas, familias y profesionales de la salud mental y pediatría. Mientras que el TC se pronuncia, las modificaciones normativas dejarán de surtir efecto. Desde la Comunidad de Madrid los servicios jurídicos deberán estudiar el recurso antes de poder plantear alternativas. Asimismo, el tribunal de garantías también deberá resolver el recurso que ya presentó el Defensor del Pueblo.
Además, en el documento presentado al TC se expone que la reforma abre la puerta a las terapias de conversión al añadir la coletilla "sin que el asesoramiento psicológico pueda considerarse discriminatorio ni contrario a la libertad de la persona evaluada". Dávila estima que el Gobierno central miente al decir que "el acompañamiento de los profesionales es una terapia de conversión, algo que ya está prohibido en la Comunidad de Madrid". De la misma manera, considera que es "un insulto" referirse en estos términos a la ayuda que prestan los profesionales: "Siempre trabajará para proteger a los menores y para que primen los criterios profesionales y la ciencia por encima de la ideología".
Para la consejera, lo que debería priorizar el Ejecutivo nacional es "cambiar la ley trans nacional" para proteger a las víctimas de violencia de género. "Sus presuntos agresores cambian de sexo porque la ley trans nacional lo permite y están presentándose en los recursos de atención solicitando acceder", lo que pondría en riesgo a estas mujeres, a sus familias y a las propias profesionales de estos puntos, según a alertado Dávila.
La oposición celebra la decisión del Gobierno
El PSOE-M ha valorado de manera de muy positiva el recurso presentado por el Ejecutivo nacional ante el Tribunal Constitucional. "Ya avisamos que recortaban derechos a las personas trans y a los menores trans", ha comentado el diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Santi Rivero. La formación, Junto a Más Madrid, ya mostraron su rechazo frontal a esta reforma durante el trámite legislativo. "Después de que se le ha dado un plazo muy prudencial para negociar ese recorte y para revertirlo, la comunidad ha hecho oídos sordos en su afán por no escuchar e ir al choque con el gobierno central", ha destacado el diputado autonómico. Los socialistas reclaman al Gobierno regional restablecer la redacción original del texto legislativo: "No se puede quedar impune este primer retroceso de derechos".
Por su parte, Más Madrid también ha celebrado el anuncio y esperan que la justicia revierta los aspectos más "lesivos" de la ley. "Lo advertimos desde el principio. La ley trans de Ayuso va contra los derechos de las personas trans en la Comunidad de Madrid y va contra la Constitución. Es una ley que patologiza a las personas trans y vulnera la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad", ha desarrollado la portavoz del grupo, Manuel Bergerot.
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