La Fiscalía del Tribunal de Cuentas rechaza preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la aplicación de la amnistía. El Ministerio Público ha contestado este martes a la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, que preguntó el 11 de junio por esta posibilidad. A juicio del fiscal Manuel Martín-Granizo, "no resultaría procedente" enviar cuestiones prejudiciales al tribunal. Coincide en lo esencial con Carles Puigdemont, que el pasado día 18 rechazó la posibilidad de acudir al tribunal europeo y pidió aplicar la amnistía "sin más dilaciones".
El mismo día en que la ley de amnistía se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Tribunal de Cuentas se dirigió a la Fiscalía, a Sociedad Civil Catalana y a los 35 encausados por desviar fondos para financiar el 1-O. Les preguntó, no si procedía aplicar la amnistía, sino si debía plantearse una cuestión prejudicial para que el TJUE analizase la cabida de la ley de amnistía en el Derecho de la Unión. En aquella providencia, la firmante ya advertía de que varios artículos de la ley "podrían oponerse a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la UE".
Más aún, el Tribunal de Cuentas concretaba sus dudas, centradas en los preceptos relacionados con "la lucha contra el fraude" y "los intereses financieros de la UE", en "los principios de igualdad y de no discriminación, de seguridad jurídica" y en la posible colisión con "el Estado de Derecho".
"El Tribunal de Justicia solo puede pronunciarse sobre la decisión prejudicial cuando el Derecho de la Unión Europea sea aplicable al asunto controvertido en el litigio principal, circunstancia esta que no concurre en el presente caso", zanja el fiscal en un escrito de dos folios.
La Fiscalía no cree que se deba solicitar al TJUE una interpretación de la amnistía respecto a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, dado que "las disposiciones de dicha Carta invocadas por el órgano jurisdiccional remitente no pueden fundar por si solas la competencia del TJUE para resolver una cuestión prejudicial".
En conclusión, Martín-Granizo indica que "no concurren los presupuestos exigidos por la normativa aplicable y las recomendaciones del TJUE" para presentar una cuestión prejudicial. El fiscal no se pronuncia, eso sí, por el encaje de la amnistía en la causa, dado que no es esa la cuestión que trasladó el Tribunal de Cuentas.
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