El PSOE y el PP han alcanzado un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de cinco años y medio con el mandato caducado y varios intentos frustrados. Junto a este compromiso, ambos partidos han acordado una larga lista de medidas enfocadas a "reforzar la independencia del Poder Judicial". La primera: un compromiso para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y cambiar el modelo de elección de los vocales del Consejo.
El pacto se ha alcanzado en el curso de una reunión anunciada repentinamente y celebrada en Bruselas. A un lado de la mesa, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al otro, el popular Esteban González Pons, y entre ellos la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jorouvà, que se ha ofrecido a mediar entre ambos. Los dos principales partidos del Parlamento español, imprescindibles para la renovación, han alcanzado múltiples compromisos.
El primero es "proceder a la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023". Simultáneamente, se procederá a reformar la ley del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para tratar de reforzar la independencia de estas instituciones.
En este sentido, se cumplen varias de las exigencias que el PP ponía sobre la mesa para evitar las llamadas puertas giratorias. No podrán ejercer como fiscales generales políticos que hayan ejercido los cinco años anteriores, lo que habría imposibilitado el nombramiento de Dolores Delgado, por ejemplo. Lo mismo ocurrirá con los vocales del turno de juristas del CGPJ, mientras que se incluyen nuevos requisitos para acceder al Tribunal Supremo. También se imposibilitará a los jueces volver a su plaza en los dos años siguientes de ejercer un cargo político, lo que ocurrió en el caso del exministro de Justicia Juan Carlos Campo.
El pacto zanjaría, por otra parte, la elección de un magistrado que ocupe la vacante que dejó Alfredo Montoya en el Tribunal Constitucional a raíz de un problema de salud. El órgano mantiene uno de sus 12 asientos vacíos, y pasará a ocuparlo el actual vocal del CGPJ José María Macías, nombrado en su día a propuesta del PP.
La reforma del CGPJ
El pacto incluye una lista de 20 candidatos que ocuparán el CGPJ de ahora en adelante y por un plazo de cinco años. Además, se aprobará una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Esta nueva normativa incluye varios requisitos para el nombramiento de los ocho vocales del CGPJ que forman parte del turno de juristas de reconocido prestigio.
No podrán presentarse quienes hayan ocupado cargos de ministro o secretario de Estado, ni los exconsejeros de comunidades autónomas y ayuntamientos. Tampoco podrán nombrarse por este turno los que hayan sido eurodiputados, diputados, senadores o miembros de asambleas de las comunidades autónomas. Además, los candidatos deberán comparecer ante la comisión de nombramientos de la Cámara correspondiente -Senado y Congreso- y deberán presentar una memoria de méritos objetivos antes de ser escogidos. Por cada nombramiento a propuesta de las Cortes se nombrará un suplente.
En todo caso, el punto de mayor fricción en las negociaciones nunca fue la elección de los ocho juristas, sino la de los doce jueces y magistrados que completan el Pleno del órgano. Durante años, el PP ha defendido que es imprescindible que "los jueces nombren a los jueces", es decir, que la elección de estos 12 vocales se lleve a cabo a través de una votación de la Carrera Judicial. El PSOE nunca se había comprometido a apoyar una reforma de estas características.
¿Qué es lo que han acordado? Incluir una disposición adicional en la proposición de ley para iniciar una reforma del modelo de elección. Una vez la norma entre en vigor, el nuevo CGPJ tendrá seis meses para elaborar un informe sobre la elección de los Consejos de países de nuestro entorno. Junto al informe, el Consejo deberá trasladar una "propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados". La propuesta deberá estar refrendada por tres quintos del Consejo.
Y la reforma deberá incluir "la participación directa de jueces y magistrados". El documento será remitido al Gobierno, al Congreso y al Senado, que se basarán en él para desarrollar una reforma del sistema de elección en las Cortes Generales.
La reforma del Estatuto Fiscal
La misma proposición de ley que pretende reforzar la independencia del CGPJ modifica también el Estatuto del Ministerio Fiscal. La reforma incluye una serie de incompatibilidades para ocupar el puesto de fiscal general del Estado. Son las mismas que afectan a los juristas del Consejo: no podrá serlo nadie que en los últimos cinco años haya sido ministro, secretario de Estado, consejero de un gobierno autonómico o una alcaldía, eurodiputado, diputado, senador o diputado autonómico.
El texto pactado por PSOE y PP añade nuevos requisitos para los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, que corren de cargo del CGPJ. Actualmente, el alto tribunal acumula más de un 30% de plazas vacantes dado que -a raíz de una reforma impulsada por el Gobierno- el Consejo no puede efectuar nombramientos estando, como hasta ahora, caducado.
Tras la aprobación de la ley, los candidatos a magistrado del Supremo deberán contar con una trayectoria de 20 años, cinco más de los previstos actualmente. Para los nombramientos de presidentes de audiencias provinciales y del magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer las competencias del CNI, el Pleno del CGPJ deberá alcanzar un cuórum de tres quintos.
Por otro lado, la norma obliga a los jueces a coger una excedencia cuando se presente como candidato a algún cargo político. Y una vez haya concluido su mandato, tendrán que pasar dos años hasta que vuelvan a ejercer como jueces.
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