Alaya se equivocó (una palabra escogida con indulgencia). La Audiencia Provincial de Sevilla erró. Y el Tribunal Supremo continuó con este desatino. Fue el ‘salto al vacío’ de los jueces del caso de los ERE. Porque en democracia una ley no puede ser ilegal. Tampoco su tramitación. Una obviedad. El Tribunal Constitucional es el único órgano competente de nuestro país en garantizar que la legislación que emana de los parlamentos se ajusta a la norma suprema del ordenamiento jurídico español: nuestra Constitución.
El pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que se creó con la Ley andaluza de Presupuestos del año 2002 y sucesivas fue aprobado por el Parlamento de Andalucía sin que ninguno de los 46 diputados del PP, el principal partido de la oposición en aquel momento, realizase objeción alguna sobre su constitucionalidad. Todo ocurrió bajo el habitual control parlamentario.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado ahora sobre el amparo que solicitó la entonces consejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, y ha anulado la condena de 9 años de inhabilitación que se le impuso por prevaricación. La Audiencia de Sevilla tendrá que redactar una nueva sentencia. También ha recordado algo básico en la jurisprudencia española: los jueces no deberían haber declarado ilegal una ley del parlamento regional sin someterla antes a la evaluación del propio tribunal de garantías.
Lo previsible es que ocurra lo mismo con el resto de sentencias. Si el TC anulara el delito de malversación penado con cárcel del resto de condenados, podría iniciar una cascada de revocaciones. De ser así, se desmontaría por completo un caso que ha provocado a los condenados un daño ya irreparable a su vida, a su honor y a la imagen del socialismo en Andalucía. Todo, por el salto al vacío de una veintena de jueces del que ya alertaron las dos magistradas del Supremo en sus votos contrarios a estas resoluciones.
Al Partido Popular le parece mal. Cuando las sentencias judiciales sacian sus intereses no hay reproche, pero ¡ay! si no siguen el dictado de sus previsiones. No existe ni pudor ni reparo en intentar deslegitimar a un órgano fundamental del Estado que es el garante de nuestro orden constitucional.
Quiero señalar lo gravísimo de esta deriva porque si intentamos matar o herir de muerte a quienes vigilan y soportan sobre sus hombros la sabiduría constitucional estamos hiriendo al propio sistema, al propio Estado español.
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