Nuevo golpe judicial al Ayuntamiento de Barcelona. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de la ciudad ha invalidado el acuerdo del consistorio de febrero de 2022 que daba luz verde a la reforma de la calle. Sin embargo, la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha asegurado que la transformación ha "venido para quedarse". "Por lo tanto, no recularemos", ha dicho, y ha anunciado un recurso contra la sentencia.
El juzgado ha dictaminado que el Ayuntamiento no tenía la competencia necesaria para llevar a cabo esta remodelación y que el procedimiento para hacerlo -que data del anterior mandato municipal, el de Ada Colau- no se ajustó a la legalidad.
Así se ha pronunciado tras estimar el recurso de la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), al considerar que para reformar la Via Laietana habría que modificar el Plan General Metropolitano (PGM) a través de la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, órgano administrativo de la Generalitat.
"El programa Superilla se desarrolla fraccionadamente mediante proyecto de obra ordinaria, tratando de eludir el procedimiento de modificación puntual del PGM, que obligaría al Ayuntamiento a consensuarlo con la Generalitat y con el tejido social", dice la sentencia, que se puede recurrir.
Esta revoca el acuerdo de la Comisión de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del 15 de febrero de 2022 y remarca que de la prueba practicada y de las alegaciones realizadas por las partes "se tiene que llegar a la conclusión de que la Via Laietana tiene que calificarse como una arteria urbana de interés metropolitano de la red viaria básica". "Solo puede modificarla la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, que es un órgano de la Generalitat", añade.
La sentencia, que se refiere la primera fase de las obras -entre la plaza Urquinaona hasta las calles Joaquim Pou y Jonqueres-, también destaca que la reforma reduce los carriles de circulación de cinco a tres, a pesar de que esta calle tiene la función de "vial de accesibilidad metropolitano y no estrictamente local o de barrio".
Según el juzgado, el Ayuntamiento utiliza un proyecto ejecutivo de reurbanización que "encubre una modificación de las determinaciones esenciales que el PGM atribuye a la Via Laietana, sin seguir el procedimiento legalmente previsto para ello y por decisión de un órgano manifiestamente incompetente, como es la Comisión de Ecología, en lugar de la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona".
El Ayuntamiento defiende "la legalidad" de la reforma
Tras anunciar que el Ayuntamiento presentará un recurso contra la sentencia, Bonet ha defendido "la legalidad y el buen trabajo de los equipos técnicos" del consistorio. También ha dicho que se seguirá con las obras, que se espera que acaben en alrededor de un año, "tal como están previstas" y que "hay más recursos sobre la Via Laietana y la inmensa mayoría se han retirado".
Ha reivindicado, asimismo, un "urbanismo basado en el diálogo" para evitar su "judicialización", que "no es el camino", y ha asegurado que "nunca" se había reclamado una modificación del PGM para llevar a cabo una pacificación de una calle.
La primera teniente de alcaldía ha considerado que "la transformación de la Via Laietana es un buen modelo, que ofrece más espacio para la movilidad a pie, que es la primera forma de moverse en Barcelona, y mantiene el espacio para el transporte público, el tráfico privado y la bicicleta". "Dibuja la Barcelona que queremos, más verde y con más movilidad sostenible", ha remarcado.
La entidad que recurrió pide "diálogo"
El presidente de la CCIES, Francesc Sibina ha reclamado "diálogo" al gobierno municipal "en beneficio del conjunto de la ciudad". También ha abogado por "el acuerdo y la mediación" en las grandes transformaciones urbanísticas, "pero siempre respetando el marco legal vigente en todos los procedimientos" y el "posicionamiento de los agentes sociales y económicos de la ciudad". Además, ha rechazado que estas reformas se apliquen de "forma unilateral" y ha recordado que la sentencia se une a las tres anteriores entre el año pasado y este sobre la calle Consell de Cent.
"En todos los pronunciamientos se concluye que las actuaciones del consistorio barcelonés no son obras ordinarias e implican una previa modificación del PGM y subrayan que la fragmentación de las obras no cumple con la normativa", ha indicado la CCIES en un comunicado.
Los grupos municipales
BComú, la formación de la exalcaldesa Ada Colau, que impulsó la reforma, ha criticado que la sentencia es "la reacción de las élites de Barcelona". Lo ha dicho la portavoz del grupo municipal, Janet Sanz, que ha señalado que "confirma cómo determinadas élites han judicializado muchas de las acciones" que el gobierno de Colau impulsó.
Ha apuntado a que la sentencia responde a una denuncia de la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos, "que incorpora empresas privadas" y que la reforma, que se tramitó y se aprobó en un pleno, fue pactada con prácticamente, ha dicho, todas las entidades vecinales y los comerciantes.
Sanz ha insistido en que la sentencia "va en contra del sentido común", dado que se han llevado a cabo reformas similares a la de Via Laietana o Consell de Cent sin Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), como el paseo de Gràcia o la avenida Mistral, ha señalado.
Por su parte, el portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Castellana, ha constatado que la decisión del juzgado demuestra que el gobierno de Colau no actuó “con diálogo suficiente con el conjunto de los agentes y la ciudadanía”. “Se pone de manifiesto que procedimentalmente no se ha actuado de la forma que tocaba. Si alguien presenta recurso es porque hay una carencia de diálogo, de trabajo conjunto con toda la ciudadanía”, ha argumentado, y ha subrayado que es la cuarta sentencia que sale en este sentido.
También ha defendido que hay que transformar la ciudad y ERC siempre apostará por las pacificaciones, pero “tiene que ser una apuesta de ciudad, y por lo tanto, compartida por grandes mayorías”.
ERC ha pedido al gobierno que las remodelaciones se hagan “con el diálogo suficiente”, de forma que las transformaciones salgan adelante, “porque si no, está en riesgo que se echen atrás”.
En nombre de TriasxBCN, su portavoz, Jordi Martí, ha pedido al gobierno municipal que alguien asuma responsabilidades. También ha criticado la reacción de Bonet, propia de un gobierno “arrogante que no reconoce los errores”, y ha constatado que el ejecutivo de Jaume Collboni es la “continuidad pura y dura” de las políticas de Colau.
Además, ha recordado que su grupo votó en contra de esta reforma y ya advirtió en sus alegaciones de que la Via Laietana era una arteria principal y metropolitana y hacía falta algún tipo de modificación de planeamiento, como dice la sentencia ahora.
“Ha llegado el momento de que alguien dé la cara de este gobierno, que nadie se escabulla de la acometida. Más allá de explicaciones tibias y propias de un gobierno arrogante, que asuman responsabilidades”, ha insistido el portavoz de Junts.
Según Martí, la sentencia es una “enmienda a la totalidad de las políticas urbanísticas de los gobiernos Collboni Colau y Colau Collboni”. También ha augurado que habrá más sentencias en esta línea en el futuro, a pesar de que ya hay cuatro.
“No puede ser que en la ciudad con nuestros impuestos vayamos pagando cosas mal hechas y que nadie asuma responsabilidades”, ha dicho.
Por su parte, el líder del PP en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, ha cargado contra Collboni y ha exigido al socialista que "cumpla la ley". "No puede continuar gobernando como si fuera un alcalde franquista", ha afirmado. Además, ha acusado a Collboni de "convertir Barcelona en una pequeña Venezuela" y lo ha instado a "asumir responsabilidades". "No sé si la responsabilidad llega a plantear su dimisión, pero me gustaría que explicara qué piensa hacer ante una sentencia que dice actuaron en contra de la ley", ha dicho.
Sirera ha hecho "responsable" a Collboni de las "alcaldadas de Colau" durante el último mandato de la exalcaldesa y ha criticado que exija a los ciudadanos "que cumplan las normas", mientras que él "las incumple reiteradamente".
Ha alertado el alcalde que "no puede continuar con unas obras que no cumplen la legalidad vigente" y lo ha acusado de estar "jugando con el dinero de los ciudadanos".
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