Alerta para el verano: las estafas en alquileres vacacionales aumentaron un 4% en 2023

Las estafas relacionadas con los alquileres vacacionales aumentaron un 4% en España (1.617) durante 2023, según datos oficiales recabados por el Ministerio del Interior que este miércoles difundió el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (CoapiMadrid–AIM).

Las regiones de Andalucía (671) y Comunidad Valenciana (235) acapararon el 56% de todas las estafas por alquiler vacacional en España. CoapiMadrid–AIM recordó el catálogo de pautas que se deben seguir, "imprescindibles para evitar que los consumidores caigan en los engaños y trampas fraudulentas que esconden una estafa o una apropiación indebida, no solo en el alquiler vacacional sino en cualquier tipo de operación inmobiliaria, ya sea de compraventa o alquiler".

Entre los consejos está el de actuar con cuidado con los mensajes con enlaces sospechosos, detectar los perfiles falsos y evitar enlaces incluidos en correos electrónicos que no inspiren confianza. También recomienda realizar las comunicaciones y los pagos a través de sitio web o plataforma segura, desconfiando si de inmediato piden un adelanto dinerario.

Asimismo, sugiere comprobar la identidad del interlocutor y sospechar del tono urgente por parte del anfitrión, así como desconfiar de ofertas demasiado ventajosas para ser verdad y de las ofertas que combinan precios excesivamente bajos con imágenes o alojamientos muy atractivos.

Añade que es preciso tener en cuenta de forma prioritaria a nuestra entidad financiera o bancaria de confianza y acudir a un profesional de intermediación inmobiliaria reconocible y acreditado, recordando que existen 46 Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en España y en varias autonomías registros públicos donde se pueden localizar a profesionales especializados.

La entidad opina que "el escenario de prácticas fraudulentas en el sector inmobiliario muestra cómo se ha perdido una gran oportunidad en la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda para la regulación de la actividad inmobiliaria, dejando fuera a los profesionales que intervienen en las operaciones, lo que está generando una falta de garantías y de inseguridad jurídica que perjudica a los consumidores y usuarios en el mercado inmobiliario".