La lucha de una vecina de Estepona contra el presidente de su comunidad, que ya cobra más que Sánchez

Susan (nombre ficticio) es una ciudadana de origen noruego que llegó hace poco a la lujosa urbanización de Torre Bermeja, ubicada en la localidad malagueña de Estepona. El complejo, situado en primera línea de playa y con viviendas que rondan el millón y medio de euros, ofrece infinidad de comodidades. Pero existe un problema: el presidente de la comunidad se ha subido el sueldo por segunda vez en 2024 y ya cobra más de 103.000 euros anuales, una cifra que supera en 13.000 el salario del presidente del Gobierno. Ante esta situación, y debido a que el hombre cuenta con el apoyo de la mayoría de los propietarios, la noruega decidió denunciarlo ante la Justicia y ahora él ha contratado un seguro (que pagarán los vecinos) para blindarse ante posibles demandas.

Stephen Hills, diseñador de interiores jubilado, es el presidente de la comunidad de vecinos y reside en la urbanización desde hace años. El  nombre de este británico apareció en los medios a principios de febrero, después de que la mujer lo denunciara por sus actuaciones. Sin embargo, la realidad es que los estatutos de la comunidad no permiten que se cobre un sueldo por desempeñar las funciones de presidente, según explica a 20minutos David Valadez, abogado de la propietaria.

"Los estatutos de la comunidad de propietarios Torre Bermeja, que son de obligado cumplimiento, determinan claramente que el cargo del presidente habrá de ser gratuito. Lo contemplan de manera categórica, taxativa y no hay ninguna interpretación posible. El cargo no es remunerado", explica el letrado. Sin embargo, esta no fue la única razón por la que la mujer demandó a Hills; también lo ha hecho porque disfruta desde el año pasado de la condonación del pago de las cuotas de la comunidad, cantidad que asciende a los 9.500 euros.

La pregunta es si el resto de vecinos permite esta situación y el abogado explica que la respuesta está en el perfil de los dueños, los cuales delegan sus votos en el presidente en las juntas generales. La mayoría de los propietarios son extranjeros con un alto poder adquisitivo, principalmente británicos. Tienen en Torre Bermeja su segunda residencia, desconocen la normativa y no muestran un excesivo interés por la gestión de la comunidad. "Cuando se convoca una junta general, el presidente acude con una mayoría más que holgada a una asamblea a la que físicamente asisten pocas personas", sostiene.

Por lo tanto, el hecho de que Hills cuente de antemano con el apoyo de la mayoría de los vecinos le da la posibilidad de tomar las acciones que considere. Una de las más recientes ha sido la contratación de un seguro que le permitirá blindarse ante las demandas de los pocos propietarios que no están de acuerdo con su proceder. "Los acuerdos que le han permitido tener ese sueldo y eximirse del pago de las cuotas son ilegales y si la Justicia nos diera la razón él tendría que reintegrar todo el dinero. Pero ahora, con esa póliza de seguro no tendría que devolver ni un solo céntimo de euro", reconoce el letrado.

Los acuerdos aprobados en las juntas de propietarios no solo deben tener en cuenta los estatutos de la comunidad sino también la ley de propiedad horizontal. Y esta norma determina, según explica el abogado, que "de manera justificada", el presidente solo "puede percibir algún tipo de gratificación en función a la labor que realiza". Esto significa que únicamente se le pueden pagar gastos de transporte y comida en caso de que, por ejemplo, deba desplazarse a la Dirección General de Costas en Málaga o a la Junta de Andalucía en Sevilla para realizar trámites relacionados con la comunidad.

Con respecto a la ley, el abogado opina que "necesita una reforma en profundidad" ya que fue aprobada en 1960 y actualizada en 1999. "En España, a diferencia de otros países, no existen máximos en cuanto a la delegación de votos y eso faculta que un presidente pueda acudir a una junta general con el voto delegado de más del 50% de los vecinos", explica. Además, afirma que en otras naciones ninguna persona, independientemente de su cargo en la comunidad, puede contar con más de cinco delegaciones de voto.

Valadez afirma que los abogados de Hills -con los que este periódico se ha intentado poner en contacto pero no ha obtenido respuesta- argumentarán que él "percibe esa cantidad de dinero por desempeñar otras funciones distintas a las del presidente". Es decir, por supuestamente ejercer de administrador gerente de la urbanización, una figura que no está contemplada en los estatutos y que no habría sido aprobada por los vecinos. El abogado añade que Hills "no ha firmado nunca ni un solo documento que no sea en su condición de presidente de la comunidad de propietarios".

La demanda presentada por la clienta de Valadez fue admitida a trámite el año pasado en el Juzgado de primera instancia número 1 de Estepona y actualmente están esperando a que el demandado responda. "Hemos acudido a la Justicia porque confiamos en que nos dé la razón. La normativa de aplicación vincula al presidente y a cualquier comunero con independencia del respaldo que pueda tener en sus actuaciones diarias", finaliza el letrado.