Fumata blanca en Bruselas y mucho trabajo por delante. El acuerdo firmado el pasado martes por PP y PSOE bajo la mediación de la Comisión Europea ha roto el bloqueo de más de cinco años del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dando paso a una época compleja e intensa para el nuevo gobierno de los jueces. Los dos partidos han consensuado una lista de 20 vocales a los que el Parlamento nombrará en el mes de julio. Vocales que afrontan retos sin precedentes: tendrán que nombrar a 98 magistrados que ocupen las vacantes de la cúpula judicial, deberán idear una reforma del modelo de elección del propio Consejo y sacar al órgano de la anómala situación en la que lleva un lustro estancado. Todo ello a base de consenso.
Junto a la elección de 20 nuevos integrantes del CGPJ, el pacto incluye la aprobación de una proposición de ley que contiene varios recados para el nuevo Consejo. Entre ellos, el de elaborar, en el plazo de seis meses, una propuesta para reformar el sistema de elección del CGPJ, que actualmente se renueva por elección parlamentaria. El sistema tendrá que contar con el consenso de 3/5 del Pleno. Esto implica que deberán ponerse de acuerdo ambos sectores del Consejo, el nombrado a propuesta del PSOE y el escogido por el Partido Popular.
Por otro lado, los vocales se enfrentan a la titánica tarea de suplir las 98 vacantes que el bloqueo ha dejado en la cúpula judicial. El Supremo suma por sí solo 26 asientos vacíos, más del 30% de sus puestos. La encomienda es urgente, dado que los asuntos se apilan en el alto tribunal, en los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales mermadas por la falta de jueces. Ya lo advirtió el Supremo esta misma semana: "lo peor" de esta acumulación de vacantes es "el menoscabo del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses".
El consenso que no lograron el PSOE y el PP
El Partido Socialista y el Partido Popular, incapaces de consensuar una fórmula para elegir a los vocales del Consejo, llevaban cinco años y medios encallados en una negociación hasta que esta semana encontraron una solución aceptable para ambos. No se trata de mantener el sistema de elección parlamentaria, como parecía defender el PSOE, ni de imponer "que los jueces elijan a los vocales jueces del Consejo", como reclamaba el PP. La solución consiste en dejar la pelota en manos del propio CGPJ con la esperanza de que traslade una propuesta al Parlamento para su posterior aprobación.
Las instrucciones se detallan en una disposición adicional de la mencionada proposición de ley: "En el plazo de seis meses", el CGPJ hará un informe sobre "los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales".
La propuesta se enviará al Gobierno, al Congreso y al Senado para que "los titulares de la iniciativa legislativa" tramiten una norma basada en la misma. Afectará únicamente al nombramiento de los 12 vocales jueces del Consejo. La propia Constitución establece que los ocho restantes, juristas de reconocido prestigio, serán elegidos por el Congreso y el Senado a partes iguales. En un origen, los vocales jueces eran nombrados por votación de la carrera judicial, pero en 1985 el Gobierno de Felipe González impulsó una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para dejar al Consejo al completo en manos del Parlamento.
Un gran poder y una gran responsabilidad
"Será un Consejo muy poderoso, pero tendrá una tarea titánica por delante". Con estas palabras, fuentes del actual CGPJ explican a este periódico que el nombramiento de 98 miembros de la cúpula judicial supondrá para el venidero un gran poder, pero también una gran responsabilidad. Con la mayor urgencia, los 20 nuevos vocales deben llegar a un consenso para nombrar a casi un tercio de los magistrados del Tribunal Supremo.
El alto tribunal tiene vacantes la plaza del presidente de la Sala Primera y otros tres magistrados de la misma. La Sala Segunda cuenta con otro asiento vacío, y la Tercera tiene 12 vacantes contando con el presidente. En la Sala Cuarta, el Consejo debe nombrar seis nuevos magistrados, más otros tres de la Sala Quinta. Además, el CGPJ debe pactar un nuevo presidente para el Tribunal Supremo, que lo será también del propio Consejo. Actualmente, Francisco Marín ejerce de presidente suplente del alto tribunal y Vicente Guilarte asume la presidencia interina del CGPJ.
En la Audiencia Nacional, faltan por suplir las presidencias de la Sala de lo Penal y la de lo Social. Los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas suman 40 vacantes, entre ellas ocho presidencias. Otras 30 plazas vacías se acumulan en las audiencias provinciales del país. Además, también están pendientes de nombramiento 27 plazas de la Jurisdicción Militar.
El reto es cuantitativo, pero también cualitativo: la proposición de ley pactada por PSOE y PP añade nuevas exigencias a algunos nombramientos que son potestad del Pleno. Por un lado, la norma prevé "la creación de una Comisión de Calificación en el Consejo General del Poder Judicial, integrada por cinco vocales, que informará sobre todos los nombramientos que sean competencia del pleno, con el fin de garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas".
Además, para nombrar a los presidentes de las audiencias provinciales y del magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, el Pleno deberá lograr una mayoría de 3/5 de sus vocales. Por último, la norma eleva de 15 a 20 años de experiencia necesaria para los candidatos a acceder al Tribunal Supremo.
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