En enero de 2024, un grupo de multimillonarios en el foro de Davos hicieron una advertencia inusual: los ricos deben pagar más impuestos y evitar consecuencias «catastróficas» para la humanidad y para las democracias de la falta de justicia fiscal.

Mientras esto ocurría en Davos, en la Comunidad de Madrid, el gobierno de Ayuso ultimaba la conocida como ley Mbappé. El principio rector de esta norma es sencillo: quienes sean ricos y aún no vivan en Madrid, tienen una oportunidad de oro para venir a vivir a la región y ahorrarse muchos, muchos impuestos. Una norma hecha a la carta para millonarios que tritura el principio constitucional de progresividad fiscal y permite, a quienes vengan del extranjero, deducirse en su declaración de la renta hasta un 20% anual de sus inversiones –fondos de inversión, acciones de empresas o incluso, criptomonedas–.

Más allá de que quienes se vayan a beneficiar de esta medida en realidad no tengan que invertir ni un solo euro en la economía madrileña –ni por supuesto crear un solo empleo–, lo que está hoy encima de la mesa es otra batalla más de la guerra cultural que se está librando a nivel global y en la cual la Comunidad de Madrid quiere un papel protagonista. Esta batalla sitúa a un lado la justicia fiscal y al otro la emancipación de los millonarios de las sociedades donde habitan. Por un lado, una carrera al abismo de la desigualdad extrema y por otro lado, la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar y la estabilidad de nuestras democracias.

Isabel Díaz Ayuso se ha empeñado en que Madrid sea el paraíso de los ricos, y para ello lo ha fiado todo la emancipación fiscal de una minoría que, en nuestra región, cada vez está más desconectada del resto del mundo. Una suerte de región temática donde los millonarios se pasean por sus decorados mientras la inmensa mayoría pierde calidad de vida y cada vez puede permitirse disfrutar menos del lugar que le vio nacer. Sin embargo, quien entienda esta reforma como un elemento aislado de la política fiscal del PP de Madrid, se equivoca. Desde que Esperanza Aguirre comenzó con las bajadas selectivas de impuestos, el 75% de los beneficios fiscales han ido a parar a los bolsillos del 5% más rico. Si la Comunidad de Madrid ha dejado de recaudar casi 75.000 millones de euros en los últimos 20 años, 56.000 de los mismos han vuelto a los bolsillos de quienes no lo necesitan.

Miles de millones cada año de rebajas fiscales que, para una inmensa mayoría suponen pocos euros cada mes, mientras sus hijos no tienen pediatras o escuelas infantiles, sufren meses de espera en la sanidad pública para pruebas rutinarias o a sus padres les sirven comida podrida en sus residencias. Las rebajas fiscales a unos pocos, nos salen caras a casi todos.

Desde Más Madrid, estamos convencidos de que nuestra región, que tanto esfuerzo nos ha costado levantar, nos pertenece a todos. Cada uno de nosotros, vengamos de donde vengamos y tengamos lo que tengamos, tenemos derecho a disfrutar de este lugar del que formamos parte y que se pararía sin las cientos de miles de personas que cada día hacen que funcione. Y para ello, para poder seguir construyendo este lugar es imprescindible que todos –incluidos los más ricos– contribuyamos con los impuestos que nos toque pagar. De lo contrario, como dicen allá en Davos, las consecuencias las pagaremos todos.