Recapitulemos: el 19 de enero de 2023 en la ciudad de Barcelona se celebró un Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa que firmaron, de una y otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la República, Emmanuel Macron, allí reunidos con ocasión de la XXVII cumbre bilateral que se viene celebrando desde que se instituyó en 1985 durante una visita de Estado del rey Juan Carlos I al país vecino. El texto con 36 artículos solo ha estado disponible en la página web de Moncloa, donde le fueron tributados los más encendidos elogios hasta ser encomiado por encima del Tratado del Elíseo entre Francia y Alemania que, como es sabido, constituye el eje de la Unión Europea.

Desde esa fecha del 19 de enero de 2023 nada habíamos vuelto a saber de semejante tratado portentoso hasta que, ¡oh sorpresa!, aparece una enmienda de adición a la ley de paridad, que se está dictaminando estos días en la Comisión Parlamentaria de Igualdad del Congreso de los Diputados, cuyo texto se aplica para modificar la Ley 50/1997 del Gobierno. A cuenta de qué, se preguntarán ustedes, se utiliza una enmienda a esa ley de paridad a modificar otra que nada tiene que ver. Pues a cuenta de que en el Ministerio de Asuntos Exteriores alguien ha advertido que en el apartado 4 del artículo 2 del Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa se dice que "un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación", y sucede que esa invitación transgrede los términos de la Ley del Gobierno que se alude más arriba.

La pregunta subsiguiente es cómo, hasta este momento, nadie había hecho una lectura mínimamente rigurosa del texto de un tratado de esta envergadura y cómo se explica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, procediera a firmarlo en barbecho el 19 de enero de 2023 en Barcelona. Ahora, habrá que esperar, pues, a que se apruebe la ley de paridad en una de cuyas enmiendas figura la modificación pertinente de la Ley de Gobierno que se estima necesaria para que el Tratado sea ratificable. Todo este embrollo permite coincidir con Salvador de Madariaga en su libro General, márchese usted, editado por Ibérica en Nueva York cuando define al periodista ideal como "el hombre que es capaz de explicar claramente lo que no ha entendido".

Mientras, tomemos nota cuidadosa de los proyectos del presidente Sánchez respecto a jueces, periodistas y medios de comunicación a los que denomina digitales amarillos y pseudomedios. Sepamos que en esta área nada hay que trasponer de las directivas de Bruselas porque el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación es de directa aplicación y acompañemos en su alerta temprana a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), tras los anuncios de Sánchez de formular propuestas en este mes de julio sobre la actividad de los medios, haciendo constar que no ha sido informada ni consultada sobre el contenido de las mismas y que subrayado como todo cuidado es poco respecto a "cualquier medida que pueda tener una repercusión sobre el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho a la libertad de información recogida en la Constitución española". Ojo al cristo que es de plata. ¿Entendido?