La Fiscalía ha defendido este jueves la aplicación de la amnistía a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo la Audiencia Nacional, para los que el propio Ministerio Fiscal pidió penas de hasta 27 años de prisión. Ante el presidente de la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, la teniente fiscal Marta Durántez ha defendido que no hubo "ninguna lesión" de los derechos humanos, y por tanto los hechos son amnistiables. Asimismo, durante esta vista de cuestiones previas, las defensas de todos los acusados han defendido la aplicación de la medida de gracia. 

La teniente fiscal ha subrayado que la ley de amnistía "no ofrece género de dudas" en cuanto a la exclusión de los delitos de terrorismo -interpretados según el derecho europeo- únicamente cuando hayan causado "intencionadamente graves violaciones de derechos humanos". La ley concreta aún más, que se excluirán los delitos que hayan violado los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. 

Pues bien, a juicio del Ministerio Público "no se produjo ninguna lesión de los derechos invocados: no hubo lesión a la vida, ni a la integridad física, ni daños psíquicos o morales". El objeto de la acusación, ha recordado Durántez, es "la tenencia de explosivos y un delito de estragos en tentativa". "Los acusados no llegaron a materializar ni a ejecutra ninguna de las conductas", ha razonado la fiscal, con lo que si su intención era poner en peligro la vida o integridad física, "es un hecho que no llegó a producirse". 

Durántez ha puntualizado, por otra parte, que "si tenemos en cuenta el criterio de la mente del legislador, queda clara la finalidad pretendida". "No nos genera dudas en cuanto a la

Las defensas de todos los acusados han coincidido al considerar que los hechos que se juzgan encajan en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía. El letrado Carlos Hurtado ha planteado que "el encaje de los hechos" en "las acciones que deben ser objeto de la amnistía" es "indudable". Ninguna de las defensas ha apreciado que los delitos por los que se juzga a sus clientes implicaran una "grave violación de derechos humanos". Por tanto, han pedido "el inmediato archivo de las actuaciones, el alzamiento de las medidas cautelares y la devolución de los importes aportados en la presente causa".

"La voluntad del Poder Legislativo, pese a quien le pese, está claramente manifestada en la norma", ha defendido uno de los letrados que abogaba por la aplicación de la ley, el abogado David Aranda. Ha defendido también el encaje de los hechos en la amnistía. Y lo ha hecho en base a los artículos 2 y 3 del mencionado convenio. Si alguno de los delitos recogidos en este convenio se hubiera producido, la ley no sería aplicable. 

Pero según ha defendido Aranda esto no ocurrió. "¿Hay alguna vulneración de un derecho fundamental de alguna persona? No. ¿Se señala alguna víctima? No. ¿Hay alguna acusación particular? No. No hay ninguna víctima según la redacción dada por las acusaciones", ha argumentado el letrado.

La letrada Eva Pous ha denunciado que el procedimiento se dirige contra los 12 acusados "por su ideología", pese a que "no hay ninguna víctima" ni se concretan los estragos causados por los Comités de Defensa de la República. En el mismo sentido se ha pronunciado el abogado Jordi Busquets, que ha destacado que "no ha habido ninguna destrucción, ni queda claro que hubiera un objetivo". 

La acusación popular, representada por el abogado Ignacio Fuster-Fabra, ha rechazado la posibilidad de amnistiar los hechos dado que la norma "es incompatible con la Constitución, el Código Penal y el Derecho Europeo". A diferencia de la Fiscalía y los acusados, que consideran que la ley es clara en sus indicaciones, la acusación ha criticado "la indefinición" de la norma en cuanto a su ámbito de aplicación. Y ha sacado a relucir el 'excusato non petita, accusatio manifesta' para explicar que la extensa exposición de motivos de la norma no hace sino sacar a relucir sus deficiencias. En este momento, el letrado ha sido interrumpido por el juez, que le ha recordado: "no estamos aquí para analizar la ley, nos da lo mismo si está bien hecha o no". 

Explosivos y estragos en tentativa

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó en noviembre la apertura de juicio oral contra doce miembros de los CDR por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista y estragos en grado de tentativa. Todo ello por las actividades del 'Equipo de Respuesta Táctica', una facción radical de los CDR que en 2019 trató de organizar varios atentados en respuesta a la sentencia del procés. Según el juez Manuel García Castellón, que instruyó la causa, los acusados pretendían encerrarse en el Parlament de Cataluña y planearon varios atentados contra objetivos sensibles a los que habrían vigilado previamente. 

Los 12 miembros de los CDR habían estudiado las localizaciones de los pretendidos ataques terroristas y adquirido o fabricado explosivos y material inflamable. Formaban parte de "una organización terrorista de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados", tal y como señaló el juez. Su objetivo, determinó el instructor, era cometer una serie de actos violentos como respuesta a la sentencia del procés y ante el segundo aniversario del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.

La Guardia Civil organizó un operativo -la 'operación Judas'- que llevó a la detención de varios implicados y a la desarticulación de esta supuesta célula terrorista a la que seguían la pista desde hacía un año. Los procesados son Eduard Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros, Rafael Delgado, Ferrán Solís, Xavier Buigas, David Buidra y Clara Borrero.