El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cumplido este jueves otro de los compromisos adquiridos con Junts. En concreto, con la derogación de un artículo que para los de Carles Puigdemont ponía en "peligro" la aplicación de la ley de amnistía al reforzar la posible paralización de procedimientos cuando se presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Tal y como ha adelantado El Confidencial, el Gobierno lo ha hecho colando la derogación este este artículo 43.bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el decreto anticrisis que ha publicado este mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ejecutivo de Pedro Sánchez había incluido esta trasposición de una directiva europea en un decreto ómnibus de Justicia en diciembre de 2023. Esa era la fórmula para recibir el desembolso de los fondos europeos, aunque posteriormente el Gobierno pactó con Junts su futura derogación a cambio de que el grupo se abstuviese en la aprobación de los tres primeros decretos de la legislatura que se votaron en el mes de enero.

En concreto, el pasado 14 de enero, cuando los siete diputados de Junts se abstuvieron tanto en el decreto anticrisis como en otro sobre medidas de conciliación y reforma del subsidio de desempleo y uno último de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación. A cambio, el Ejecutivo de Sánchez se comprometía al traspaso integral a la Generalitat de las competencias sobre migración, la publicación de las balanzas fiscales, la rebaja del IVA al aceite de oliva -lo que se aprobó esta misma semana- y también la derogación del citado artículo. 

Fuentes del Ejecutivo confirman que la inclusión de este artículo forma parte del compromiso adquirido con Junts y defienden que no tiene "consecuencias prácticas". En concreto, el artículo derogatorio que han encajado en el decreto anticrisis dice lo siguiente: “La disposición derogatoria única suprime, en particular, el artículo 43 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de modo que sean los órganos judiciales nacionales los que puedan aplicar directamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fundamentalmente a partir del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, respecto a las cuestiones prejudiciales que se planteen ante ellos".

Poco tiene que ver esta cuestión con las medidas recogidas en el decreto anticrisis. Algunas de ellas son la revalorización de las pensiones al IPC, la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos o la gratuidad del transporte. 

Además, su publicación en el BOE ha coincidido con la aprobación en el Congreso de los Diputados de la ley de paridad, que a su vez ha colado a través de una enmienda la supresión del veto del Senado al techo de gasto, un documento aprobado por el Consejo de Ministros que recoge los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para tres ejercicios, y que supone un paso previo necesario a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.