La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que aplique la amnistía a Josep María Jové, Josep Lluís Salvadó y Natalia Garriga, procesados por desobediencia, malversación y prevaricación en el marco del referéndum de independencia del 1-O. Hace un año, el Ministerio Público presentó su escrito de acusación contra los tres ex altos cargos de ERC: pidió 7 años de prisión y 32 de inhabilitación para Jové; y seis años y tres meses de cárcel más 27 años de inhabilitación para Salvadó, ambos imputados por los tres delitos. 

Natalia Garriga, a diferencia de los anteriores, solo está acusada de desobediencia, de forma que la Fiscalía pedía para ella una pena de un año de inhabilitación. En 2017, año de celebración del referéndum, Josep María Jové, mano derecha de Oriol Junqueras, ostentaba el cargo de secretario General de Economía. Salvadó era secretario de Hacienda y Garriga, de Servicios. Los hechos por los que se les ha procesado guardan relación con la partida presupuestaria de los presupuestos de la Generalitat que se destinó a financiar el 1-O.

Oriol Junqueras, por entonces vicepresidente económico de la Generalitat, fue juzgado, condenado por el Tribunal Supremo y finalmente indultado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, Jové, Salvadó y Garriga se enfrentan a la apertura de un juicio oral que la Sala Civil y Penal del TSJC prevé celebrar a partir de octubre. 

Sin embargo, antes de su posible celebración, el tribunal debe determinar si corresponde aplicar la amnistía a la causa y, en consecuencia, decretar el sobreseimiento libre de las actuaciones. Así debería ocurrir, al menos a juicio del fiscal Pedro Ariche, que construye su criterio en base al que trasladó la Fiscalía al Tribunal Supremo en relación a la causa del procés. 

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de Sala Jefe de lo Penal, Joaquín Sánchez-Covisa, fueron los encargados de trasladar aquel informe al Supremo de acuerdo con la tesis del fiscal general del Estado. Defendieron que los malversadores no incurrieron en un "propósito de enriquecimiento" ni obtuvieron un "beneficio personal de carácter patrimonial". Tampoco apreciaron que la malversación afectara "a los intereses financieros de la Unión Europea". 

Habiendo certificado estas tres condiciones, la Fiscalía considera que "procedería la aplicación de lo dispuesto en la L.O. 1/2024 respecto de las conductas objeto del presente sumario". Es decir, que corresponde otorgar la medida de gracia a Jové, Salvadó y Garriga, tal y como ha trasladado Ariche "en estricta aplicación de los principios instrumentales de unidad de actuación y de dependencia jerárquica" del Ministerio Público.