El Congreso pide al Gobierno que incentive la producción en España de combustibles sostenibles para la aviación (los denominadas SAF, por sus siglas en inglés) mediante una proposición no de ley del PP que este miércoles llegó a la comisión de Transición Ecológica con el acuerdo previo del PSOE, con el objetivo de agilizar una producción que estos dos partidos consideran beneficiosos para el turismo, para la lucha contra el cambio climático y también para dinamizar la economía de zonas despobladas donde se ubicarían estas plantas. Vox y Sumar votaron en contra, entre proclamas para "abandonar la Agenda 2030" y para eliminar los vuelos cortos, respectivamente.

Los SAF son la alternativa sostenible al queroseno con el que se mueven hoy los aviones y su producción en España es vista por el sector de la aviación como una oportunidad para desarrollar económicamente zonas como poca actividad y dar una segunda vida a residuos agrícolas y forestales que, junto con la reutilización de todo tipo de aceites -también el de cocina- y, más en el futuro, los de tipo sintético, se utilizan para los distintos tipos de esos combustibles sostenibles. Según un estudio que el año pasado Iberia encargó a PwC, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha son las comunidades con mayor potencial de producción de SAF, seguidas de Cataluña, Aragón y Extremadura.

Estos argumentos han sido recogidos tanto por el PP como por el PSOE, que este miércoles avalaron en comisión parlamentaria una iniciativa para pedir al Gobierno un mayor impulso económico a la investigación en SAF y a la producción, también para plantas de fabricación.

La PNL era del PP y se aprobó con el apoyo del PSOE tras acordarse una enmienda transaccional que formula ocho peticiones al Gobierno, a favor de una "política de incentivos" para "el desarrollo de un mercado del SAF" en España.

Las aerolíneas celebraron el acuerdo para fomentar la producción de la que consideran es "la solución más eficaz" para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la aviación, que además aseguran que puede tener también un efecto positivo en las zonas afectadas por la despoblación. "Es una oportunidad de país. Si el Gobierno impulsa de forma decidida la producción de SAF a escala y, con ello, se reduce su precio, mucho más elevado que el combustible convencional, España tendrá la oportunidad de convertirse en exportadora a nivel global", afirmó el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara.

Ayuda a la investigación, a plantas y a toda la cadena

La iniciativa acordada por las dos formaciones y aprobada por el Congreso reclama "fomentar la financiación de I+D+i" sobre distintas fuentes de producción y los convenios público-privados para ello, así como con las administraciones locales y autonómicas para tener acceso a los "residuos de los municipios como fuente alternativa a la creación de SAF" o "incentivar la creación, adaptación y viabilidad de plantas de producción de SAF" otorgándoles incluso la categoría de "proyectos estratégicos".

PP y PSOE piden también al Gobierno "mecanismos de inversión directa y con incentivos fiscales" de proyectos de producción de SAF, promoviendo la "madurez tecnológica" de las modalidades que aún no lo son y creando toda una "cadena de valor de los biocarburantes" en la que intervengan cooperativas agrarias, la industria agroalimentaria y forestal, la industria energética y universidades y centros tecnológicos.

Durante el debate de esta iniciativa y por motivos muy distintos, Sumar y Vox anunciaron su voto en contra. En el caso del socio menor del Gobierno de coalición, porque la PNL no supone reducir el tráfico aéreo, como los de Yolanda Díaz plantean en su propuesta de eliminarlos cuando haya una alternativa de menos de tres horas en tren, ni dice nada de que sean las propias aerolíneas las que financien la innovación y la producción de SAF, que en algunos casos supone grandes beneficios.

En el caso de Vox, el mensaje  volvió a ser en contra de la descarbonización y de la Agenda Verde, así como de impuestos "pintados de verde" para promover un cambio que, según su diputada Patricia Rueda, no benefician en nada a los españoles.