Moncloa hace equilibrios para que los pactos con el PP no le pasen factura a las negociaciones con sus socios

La agenda negociadora del Gobierno de Pedro Sánchez es tan endiablada como abultada. Ahora se suma el PP, con quien el pasado martes firmó la renovación del CGPJ y pretende seguir pactando otros nombramientos en distintos organismos como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sin embargo, en Moncloa son conscientes de que los acuerdos a dos bandas con los de Alberto Núñez Feijóo restan "influencia" a sus socios en el Congreso de los Diputados, cuyo apoyo es imprescindible para que el Gobierno pueda aprobar medidas tan importantes para su estabilidad como los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por eso, los socialistas hacen equilibrios para que unos y otros pactos no les pasen factura.

El pasado martes, PP y PSOE firmaron un acuerdo histórico para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que llevaba más de cinco años y medio con el mandato caducado. Ambas partes se felicitaron por ello y, de hecho, coincidieron en que era un momento óptimo y "fácil" para afrontar otras renovaciones pendientes. Sin embargo, pronto volvieron a su clásico enfrentamiento, al menos, ante los focos.

Fuentes del Gobierno son conscientes de que los pactos con el PP restan "influencia" a sus socios parlamentarios de Podemos, ERC, Junts, PNV o EH Bildu, y a eso atribuyen las críticas que estos grupos vertieron sobre el acuerdo alcanzado con los populares. Acusan a los socialistas de confirmar una "gran coalición PP-PSOE". 

El PSOE quiere alejar estos términos y asegura que el pacto para renovar el CGPJ ha sido algo "puntual", descartando que esto se vaya a hacer costumbre, sin embargo, su intención es seguir buscando "espacios" de entendimiento con los populares respecto a otros nombramientos. Es un equilibrio complicado teniendo en cuenta la presión de sus socios parlamentarios. En este sentido, los socialistas siempre han defendido que cada negociación debe tener su propio recorrido, y que el resto de grupos tienen que entender que la renovación del CGPJ era un mandato constitucional que solo se podía cumplir a través de la negociación con los populares, porque se necesita una mayoría reforzada. 

Guiños a ERC y Junts

La semana pasada estuvo marcada por la negociación y posterior acuerdo de renovación del Poder Judicial, lo que silenció el resto de frentes abiertos que el Gobierno de Sánchez tiene con ERC y Junts. Sin embargo, los guiños a ambos partidos también fueron evidentes: comenzaron con las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y también pusieron en marcha la mesa bilateral con ERC para el perdón de la deuda catalana. En el caso de Junts, aprobaron en la misma semana dos medidas a las que se comprometieron en enero: la eliminación del IVA al aceite de oliva y la derogación de un artículo que para los de Carles Puigdemont ponía "en peligro" la ley de amnistía.

Todo ello, resulta en un abanico de frentes abiertos con unos y otros que el Gobierno debe encajar. Con el PP quiere negociar los nombramientos pendientes, como el del gobernador y subgobernador del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que debe renovarse desde el pasado verano; así como la cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, tiene pendiente avanzar en la renovación del CGPJ y en la reforma del modelo de elección de sus vocales, lo que parece incomodar a la mayoría de sus socios.

Con ERC, los socialistas están pactando por varias vías de forma diferenciada. En primer lugar, el PSC intenta lograr el apoyo de los republicanos para investir al presidente catalán, Salvador Illa, aunque en Moncloa hay vértigo de que se produzca una repetición electoral. Se trata de una negociación que tienen que encajar con el apoyo de Junts en el Congreso. En este contexto, el Gobierno puso sobre la mesa una financiación singular para Cataluña con el fin de atraer a sus socios catalanes, que le piden subir el precio hasta la soberanía fiscal. Aunque esta financiación específica para Cataluña es un asunto que, a su vez, el Gobierno tiene que ajustar con el resto de comunidades autónomas, la mayoría presididas por el PP, que piden que haya igualdad de trato entre autonomías.

La quita de la deuda catalana de unos 15.000 millones de euros es otro de los frentes abiertos que tiene el Gobierno para persuadir a los republicanos. En un principio, el perdón de la deuda se iba a incorporar en los Presupuestos, pero el Ministerio de Hacienda ahora se plantea aprobarlo a través de una ley específica con el fin de acelerar el proceso.

Precisamente, las cuentas son otra baza que los socialistas están utilizando para calmar las aguas con sus socios, asegurando que serán más expansivos por lo que habrá más transferencias para Cataluña. "La idea es pactar y alcanzar acuerdos, al margen de otros debates políticos", sostienen desde Moncloa para diferenciar las conversaciones.

En el caso de Junts, el Gobierno ha sido más tímido a la hora de dar publicidad a sus gestos con los de Carles Puigdemont, sin embargo, en la misma semana en la que se ha aprobado la renovación del CGPJ, Moncloa ha hecho efectivos dos compromisos que había adquirido hace medio año. 

Por un lado, el pasado martes aprobó un nuevo decreto para hacer frente a las consecuencias de las subidas de precios en el que queda reflejada la prometida rebaja del IVA del aceite de oliva al 0%. Se trata de una medida acordada el pasado 10 de enero con Junts a cambio de su abstención en tres decretos del Ejecutivo.

Además, también ha cumplido con la derogación de un artículo que para los de Carles Puigdemont ponía en "peligro" la aplicación de la ley de amnistía al reforzar la posible paralización de procedimientos cuando se presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Gobierno lo coló en el decreto anticrisis, cumpliendo así otro de los compromisos adquiridos en enero.

Todo ello, sumado al pacto del PSC con los grupos independentistas y los comunes para reformar el reglamento del Parlament para permitir que Carles Puigdemont pueda votar de forma delegada.