El PSOE y el PP vivieron en la jornada de este jueves un cruce de interpretaciones y reproches sobre el contenido del documento firmado solo 48 horas antes con el que pretendían poner fin al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Desde la bancada socialista, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños (negociador del texto por la parte del Gobierno) aseguró que el pacto, en lo que se refiere al documento que durante los próximos seis meses elaborarán los magistrados para determinar la elección de los vocales del CGPJ, "no es vinculante". Desde Ferraz también precisaron este jueves que en ninguna parte del acuerdo firmado en Bruselas pone que los jueces vayan a elegir a los jueces.
Por parte de los populares, la reacción no tardó en llegar. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, negó la mayor y señaló que el texto pactado "es claro" en el sentido de que los jueces se elegirán entre ellos y que "no se moverá una coma". Y apuntó asimismo que si el PSOE decide enmendar la propuesta de los vocales o no apoyarla, el PP no renovará el órgano.
Y ¿qué dice el documento pactado el pasado martes? En efecto, el articulado remite a la participación de los magistrados en su propia elección. El documento especifica que en los próximos seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el CGPJ elaborará un informe "con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español" y, por otro, "una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales que garantice su independencia". En este punto, que recoge la disposición adicional, se explicita que esa propuesta se realizará "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine" pueda ser evaluada "positivamente" por el informe del Estado de Derecho de la Comisión.
Las principales asociaciones judiciales se han venido manifestando en los últimos meses sobre la necesidad de cambiar el modelo para poner fin a la intervención política, que cuestiona su imparcialidad. Así lo han señalado, por ejemplo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria del sector, o la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
El trámite parlamentario
Las declaraciones de Bolaños abrieron asimismo un segundo frente, en el que las interpretaciones sobre lo firmado por ambos partidos eran opuestas. Según el titular de Presidencia, el texto es modificable y se abre ahora a posibles enmiendas. De hecho, señaló: "Si se puede mejorar el modelo, hagámoslo, pero lo esencial es que se basa en un amplio consenso".
Por su parte, el presidente del PP le animó a leer el texto consensuado, que en su tercer artículo dice textualmente: "Ambos Grupos Parlamentarios se comprometen a presentar conjuntamente la Proposición de Ley adjunta como Anexo I y no tramitar ni apoyar ninguna enmienda a esa Proposición de Ley Orgánica que no vaya firmada conjuntamente".
De este apartado se deduce que cualquier cambio que se quiera introducir para incorporarlo en el articulado y que provenga de cualquier otro grupo parlamentario que no sea el socialista o el popular, y que no cuente con el apoyo tanto de los socialistas como de los populares, será rechazado por ambos.
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