Las pequeñas empresas cargan contra la reducción de jornada: costaría 42.400 millones y afectaría al 75% de asalariados

El Ministerio de Trabajo está decidido a aprobar antes de verano una reducción en la jornada máxima legal de las 40 horas actuales a 37,5 en 2025 sin que esto suponga una merma de salario para los trabajadores. Una iniciativa que cuenta con el apoyo de los sindicatos, pero con la férrea oposición de los empresarios, que piden que esta cuestión se dirima en los convenios colectivos y así pueda adaptarse a la realidad de cada sector. 

El tiempo apremia y tras el ultimátum que dio Yolanda Díaz a los empresarios el lunes pasados, los empresarios han respondido con un informe en el que cargan con dureza contra el recorte de horas que persigue el Gobierno. El documento, elaborado por la patronal Cepyme, señala que la reducción de jornada que se plantea le costaría 42.400 millones de euros a la economía del país.

De ellos, estiman que 11.800 millones es el coste que supondría que los asalariados trabajen menos horas cobrando lo mismo. A ellos, habría que añadir 30.600 millones de euros, que es el valor añadido que la economía dejaría de producir si las empresas no sustituyen esas horas perdidas con más mano de obra. 

Se trata de un cálculo maximalista, porque presupone que cada hora trabajada de menos implica una pérdida equivalente en facturación. También asume que ninguna empresa contrataría personal para cubrir las horas que se perderían con la reducción de jornada. Dos elementos que, si bien, parece claro que tendrán efectos negativos sobre la actividad —sobre todo en determinados sectores y empresas— no parece posible que vayan a darse en términos tan rotundos. 

Hacer más con menos

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos arguyen, por contra, que la reducción de las horas trabajadas busca, precisamente, obligar a las empresas a que organicen mejor su trabajo y sean capaces de hacer lo mismo con menos recursos. Además de repartir las ganancias de productividad que, arguyen, se han producido en los últimos 40 años gracias a los avances tecnológicos.

Sin embargo, esta reorganización se antoja difícil en varios sectores de actividad y, especialmente, entre las empresas de menor tamaño. "En general, el impacto para las pequeñas empresas será más difícil de procesar, tanto por su menor capacidad para disponer de nuevos trabajadores, especialmente con la actual problemática de vacantes que sufre el mercado laboral español", sostienen en Cepyme. Cuestión que "se agravará todavía más en el caso de las microempresas de 1 o 2 empleados", agregan. 

Los sectores que más impactados se verían, sostiene la organización, serían la hostelería, el comercio, las actividades inmobiliarias y la agroganadería. En todos ellos, la práctica totalidad de los trabajadores realiza jornadas de más de 37,5 horas semanales. La afectación sería grande también en los sectores del transporte y las actividades profesionales, científicas y técnicas, donde más del 80% de los asalariados rebasan ese tiempo de trabajo. 

"Es necesario estudiar la situación de estos sectores y de las empresas que en ellos más afectación tendría dicha medida, ya que algunos de ellos atraviesan por una fase de transformación y de mayor vulnerabilidad", arguyen los empresarios. En el conjunto de la economía, Cepyme estima que tres de cada cuatro asalariados actualmente se vería afectado por la bajada de horas. Estamos hablando de 8,8 millones de trabajadores por cuenta ajena en todo el país. 

La patronal defiende que la mejor vía para reducir la jornada laboral es la negociación colectiva. Es decir, que las empresas y los trabajadores negocien las horas trabajadas en los convenios colectivos que correspondan. Además, niegan que exista "un problema generalizado de largas jornadas laborales en España". 

Cepyme sostiene que hay sectores en los que la jornada sigue estando todavía cerca de las 40 horas máximas porque no se ha podido reducir más por motivos organizativos o de productividad. Sobre esta cuestión señalan que la productividad general de las pymes está un 2,8% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia.

Un argumento con el que los sindicatos discrepan y que dan la vuelta para justificar la necesidad de la reducción de horas: ven necesario que el recorte de jornada se haga por ley para que todos los trabajadores puedan beneficiarse de él. También en los sectores donde hay menos poder de negociación colectiva. 

Reunión el lunes y ultimátum

La cuestión de la reducción de jornada lleva sobre la mesa del diálogo social desde principios de este año. Ante el lento avance de las conversaciones, sindicatos y empresarios formaron una mesa bilateral para debatir entre ellos sobre la cuestión. Un foro que Trabajo dio por concluido hace dos semanas por la falta de avances. 

El departamento que lidera Yolanda Díaz dio un ultimátum a los empresarios la semana pasada: o presentan una propuesta formal o las negociaciones proseguirán sin ellos en la mesa. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, descartó el pasado jueves que los empresarios vayan a presentar cualquier tipo de documento. 

Garamendi señaló que la patronal ha planteado muchas ofertas en la mesa de negociación que Trabajo no ha aceptado. En particular, los empresarios buscaban compensar esa reducción de jornada con un aumento en el límite legal de horas extraordinarias que se pueden hacer al año para llevarlo más allá de las 80 horas actuales. El principal líder empresarial reprochó a la vicepresidenta primera la falta de diálogo social e incidió en que reducir la jornada de esa forma será "malo para la economía".