El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha solicitado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que eleve al Tribunal Supremo (TS) la causa contra la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos en el caso relacionado con una filtración de datos que afecta a Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Esta petición se produce tras la práctica de las diligencias esenciales en la fase de instrucción por parte del juez del TSJM, incluyendo la declaración de los dos fiscales investigados, y ante los "indicios cualificados" que apuntan a la presunta responsabilidad penal del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
"El caso se centra en la publicación de una nota de prensa oficial por parte de la Fiscalía en la que se revelan conversaciones reservadas entre un abogado y un fiscal en el seno de unas diligencias de investigación. Estas conversaciones tuvieron lugar en el contexto de los acercamientos propios para el estudio de una eventual conformidad", recuerda el ICAM en un comunicado.
Esta divulgación es, para el Colegio de la Abogacía de Madrid, "una grave una violación de la confidencialidad y el secreto profesional", que considera "principios fundamentales del ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa". De ahí que decidiera personarse como acusación en la causa, en la que también acusa el propio González Amador.
"El ICAM ha decidido dar este paso teniendo en cuenta la cualidad persona aforada del Fiscal General, lo que altera la competencia objetiva del órgano instructor en favor del Tribunal Supremo", han señalado desde el colegio profesional, que ha detallado que ha tomado esta decisión tras evaluar la información que se deriva de las actuaciones de la fase de instrucción.
"La protección de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales es esencial para la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos", ha expresado Eugenio Ribón, decano del ICAM, en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación. Ribón alude a la "gravedad" de los hechos que se investigan y a la necesidad de dirimir qué sucedió para "impedir que vuelva a ocurrir una situación como esta que afecta directamente a la integridad del sistema judicial y a la protección de los derechos de los profesionales del derecho y sus clientes". "Este colegio será firme ante cualquier vulneración", ha zanjado.
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