Viven entre dos mundos. El real o el de sus percepciones, y no siempre son capaces de discernir en cuál se encuentran. Esta semana una mujer mataba a su padre y hería de gravedad a su madre en Librilla, Murcia. Emara tiene 36 años y una enfermedad mental muy potente, la esquizofrenia. Tal es su onda expansiva, que puede llevar a una persona a realizar actos que, en su sano juicio, jamás cometería. Si se cumple con la estadística, será ingresada en una prisión ordinaria. Los esquizofrénicos son víctimas de su psique, marionetas del desvarío. A veces, un peligro para la sociedad y sí mismos. Si delinquen, la respuesta es escasa. En España existen solo dos centros psiquiátricos penitenciarios, uno en Sevilla y otro en Fontcalent, Alicante. Están saturados. Así que la mayor parte de enfermos son llevados a penales comunes, en módulos especializados. Allí no hay ni un psiquiatra por cada mil presos. No son atendidos con eficacia. Estos reclusos terminan sufriendo culpabilidad, abandono e incomprensión. Si no reinciden, su enfermedad se agrava. Son las mentes olvidadas del sistema. Pero existe una solución y está en Italia.
Las protestas cobraron efervescencia en los años 70. En muchos manicomios se sucedían las barbaridades. Lobotomías, electroshock, encierros prolongados, castigos, sedaciones y todo tipo de experimentos. No eran humanos, eran ratas de laboratorio. A las técnicas coercitivas se sumaban condiciones de insalubridad. El apelo a los derechos humanos terminó redefiniendo la normativa. Sus puertas se cerraron en España, definitivamente, a través de la Ley General de Sanidad de 1986. Se abrieron clínicas, alas de hospitales y residencias terapéuticas. Pero los datos demuestran que no son suficientes. Los manicomios se han cerrado sin sustituirse.
El Código Penal contempla situaciones especiales por las que ciertos condenados quedan exentos de responsabilidad penal. Es el caso, por ejemplo, de individuos que cometen hechos delictivos bajo los efectos de la enfermedad. Se entiende que no son dueños de sí mismos. Las alteraciones les impiden la comprensión de sus actos. No son culpables, pero no pueden ser libres. En España, cerca del 80% de los presos con trastornos graves son encarcelados en prisiones ordinarias. La clasificación del centro atiende a criterios de capacidad, más que de idoneidad. En Instituciones Penitenciarias no dan abasto. Son personas con altas necesidades. Precisan de medicación pautada, revisada y seguimiento perenne. Pero las prisiones carecen de medios y personal.
En 2009 se lanzó el Programa de Atención Integral al Enfermo Mental en Prisión (PAIEM). Un informe de 2022, sin embargo, lo ha vuelto a tumbar. Más de una década después, siguen sin cumplirse los objetivos. Las mentes difíciles caen tanto en su abismo, como en el olvido. Si el propósito de la cárcel es la reinserción, el sistema resulta defectuoso. No hay sanación sin atención.
La reincidencia en personas con afección grave depende esencialmente de tres factores: la patología dual, la conciencia de enfermedad y el abandono de la medicación. Las adicciones, como la droga o el alcohol, son la gasolina del delirio. Puede aumentar hasta 18 veces el estallido de un brote. Algo parecido ocurre si se interrumpe la medicación. Cuando se deja de tomar se vuelve atrás, y vuelta a empezar. Casi la mitad de estos reclusos fantasean con el suicidio. Muchos son abandonados a sí mismos. Estas personas necesitan un modelo diferente. No basta con pastillas y sedantes. No es suficiente una visita trimestral a enfermería. Deben ser escuchados, atendidos y acompañados. Ha de prevalecer el tratamiento, no el aislamiento. Solo así se reducirá su tasa de criminalidad.
Franco Basaglia estaba harto de la deshumanización. En los 70 revolucionó el sistema psiquiátrico italiano, convirtiéndolo en un modelo a seguir en el mundo. Todo ocurrió en una pequeña ciudad italiana de no más de 200.000 habitantes, Trieste. Basaglia cerró manicomios, montó centros comunitarios, liberó a los enfermos y los integró en la sociedad. Los lazos sociales los mantienen cuerdos. Promovió una colaboración más estrecha con el sistema judicial, y creó espacios adecuados para los internos. No son jaulas, son hogares. Las puertas permanecen abiertas porque el aislamiento entre rejas los empeora. Pueden trabajar fuera. Cuentan con seguimiento y asistencia las 24 horas. Están controlados, no maniatados, no estigmatizados.
Uno de los ejemplos más evidentes del fallo en nuestro sistema es el caso de la doctora Noelia de Mingo. En 2003 mató a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Cumplió 10 años en un psiquiátrico penal. Al salir, quedó bajo supervisión familiar. Cinco años después, en 2021, volvió a darle un brote psicótico y agredió a dos mujeres con un cuchillo en un supermercado. Ahora ha sido enviada a Fontcalent. El peso de la supervisión de pacientes psiquiátricos, algunos potencialmente peligrosos, no debería recaer en las familias. A menudo no disponen de recursos o de conocimiento. Pasó con Bruno Hernández, el "descuartizador de Majadahonda". Estuvo en el hospital más de cuatro veces antes de asesinar a dos mujeres. Varios de esos ingresos fueron forzados, pero eran seguidos de una libertad sin control. Ahora se encuentra en la prisión común de Navalcarnero. Sufre esquizofrenia paranoide.
Se trata de una responsabilidad institucional. Es justicia social. Al cierre de manicomios, no se ha aportado una alternativa eficaz. Antes que delincuentes, son enfermos. Sufren la indiferencia mientras su afección aumenta. No es un problema imposible, es una solución por revisar. Estas personas padecen un doble encarcelamiento. El del sistema y el de su cerebro. En Trieste pudieron con ello. No falta la solución, falta una acción. Simple inversión.
Biografía
Carmen Corazzini estudió periodismo y Comunicación Audiovisual. Se especializó con un máster en 'Estudios Avanzados en Terrorismo: análisis y estrategias' y otro en 'Criminología, Victimología y Delincuencia'.
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