El fin de semana negro por violencia de género iguala ya a mitad de año la peor cifra de crímenes vicarios desde que hay registros

España arranca la semana sacudida por los últimos asesinatos machistas. Las cuatro mujeres y dos niños asesinados en tan solo 24 horas este fin de semana mantienen al país de luto, con manifestaciones de condena y minutos de silencio en las localidades de Fuengirola (Málaga), Zafarraya (Granada) y Las Pedroñeras (Cuenca), donde se han producido los crímenes. Los feminicidios evidencian, una vez más, que los casos se disparan con la llegada de periodos vacacionales, aunque las alarmas se han disparado en las últimas horas por la concentración de los asesinatos y el golpe que ha supuesto también para la violencia vicaria, que ya anota su peor dato: nueve menores asesinados en lo que va de año por violencia de género.

Se iguala así la peor cifra alcanzada desde que hay registros en 2013. Solo en 2015 se registraron también nueve niños asesinados como consecuencia de la violencia de género y, de confirmarse la naturaleza machista de los dos últimos crímenes, 62 menores habrán sido asesinados en la última década. El último caso se ha producido este sábado, en Las Pedroñeras, Cuenca, donde un hombre asesinó a su exmujer y a sus dos hijos, de tres y ocho años, y los metió en baúl de una casa abandonada. Sobre el presunto agresor pesaba una orden de alejamiento y la mujer estaba dentro del sistema de protección VioGén. El hombre había sido condenado a prisión por maltratar a su mujer, pero antes de ingresar cumplió con la amenaza que había reiterado en varias ocasiones: quitarle la vida a ella y a sus hijos tras abrir un boquete de acceso a la casa a través de la vivienda contigua.

Su asesinato se suma a los otros siete registrados en los primeros meses de 2024, que ya auguraban un año duro para la violencia vicaria. Apenas se había estrenado el año en enero, cuando dos niños de 10 y 7 años fueron encontrados muertos por inhalación de monóxido en Barcelona. Su padre los había envenenado antes de suicidarse, con el objetivo de hacer daño a la madre. Más sonado fue el caso de Alboloduy (Almería), por sacar a relucir las brechas del sistema judicial a la hora de proteger a las víctimas de violencia de género, pues el hombre tenía una orden de alejamiento, pero mantenía un régimen de visitas y aprovechó uno de esos momentos para asesinar por envenenamiento a sus dos hijas de 2 y 4 años. 

Poco después, en abril, los Mossos d'Esquadra detenían a un hombre por apuñalar a su hijo de cinco años en Bellcaire d'Empordà (Girona); y a la semana se hallaban los cuerpos sin vida de una mujer y de sus dos hijos de ocho años en su domicilio en el Prat de Llobregat (Barcelona), asesinados antes de que el padre se suicidara en la estación de la localidad. 

El Gobierno ha reconocido en varias ocasiones la urgencia de impulsar medidas que refuercen la protección de las madres y sus hijos en los casos de violencia de género. Bajo la premisa de que "un maltratador no puede ser un buen padre", la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya pidió en abril a los jueces que no concedieran regímenes de visita a los denunciados por maltrato. Además, Redondo ha insistido varias veces en incorporar nuevas medidas contra la violencia vicaria en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que está siendo debatida ahora en el Congreso de los Diputados. 

También el Defensor del Pueblo anunció en mayo que elaborará un informe monográfico sobre la violencia vicaria, ante la "persistencia" y la complejidad para abordarla" y con el objetivo de mejorar la cooperación de las instancias públicas. En un documento de 2022 ya resaltaba las "numerosas" quejas recibidas por la "fragmentación" de los juzgados de violencia de género, de familia o de primera instancia civil y penal en la intervención judicial "en la ruptura familiar". Una situación que, según subraya el documento", "impide que un solo juez conozca toda la situación de conflicto que se vive por parte de la mujer y los hijos" en los casos de violencia de género.

19 mujeres víctimas en 2024

La Policía todavía está recabando información de los casos, pero, de confirmarse como violencia de género, serían 19 las mujeres víctimas mortales en 2024 y 1.263 desde que se empezaron a registrar estos crímenes, en 2003. El sábado, la localidad granadina de Zafarraya amanecía consternada tras conocerse que un hombre de 34 años había matado a tiros con una escopeta a su expareja, de 20 años, y a la madre de ella, de 49, antes de suicidarse, algo que suelen hacer en torno al 44% de los agresores. En cuestión de horas trascendía un segundo asesinato machista en Andalucía: una mujer de 76 años estrangulada en Fuengirola por su pareja, que después intentó, sin éxito, quitarse la vida ingiriendo pastillas tras dejar una nota confesando el crimen.

No había llegado todavía ni el mediodía del sábado cuando la Guardia Civil detuvo, en el municipio conquense de Las Pedroñeras, a un hombre que mató a cuchilladas a su exmujer de 30 años y a sus dos hijos. El de Cuenca es el único caso en el que sí había constancia de un posible caso de maltrato, y el ayuntamiento de la localidad ha convocado para este lunes un minuto de silencio a las 12 horas del mediodía.

En total, han sido seis las víctimas, directas o indirectas, de la violencia de género de este fin de semana. Aparte de las cuatro mujeres y los dos niños, en el caso de Zafarrayo también se asesinó a la madre de la víctima. Desde 2022 se contabilizan los feminicidios que se producen en el entorno familiar, por lo que la madre de la joven sería la víctima mortal número 57.

Igualdad convoca un comité de crisis

El Ministerio de Igualdad había convocado un comité de crisis de violencia de género para el próximo martes 2 de julio para analizar los siete asesinatos machistas del mes de abril, según avanzó el jueves la secretaria de Estado de Igualdad, Aina Calvo, en el Congreso de los Diputados. Pero, tras un fin de semana negro por la crudeza de la violencia de género, también se analizarán los casos de junio, según confirman fuentes del ministerio.

Creado por los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, junto con las Unidades de Violencia y las comunidades afectadas por los asesinatos, los comités de crisis se convocan cuando se producen más de cinco asesinatos por violencia de género y violencia vicaria al mes, con el objetivo de identificar, caso por caso, qué pudo fallar a la hora de proteger a las mujeres asesinadas y plantear posibles medidas. 

"Todos esos elementos habrá que analizarlos convenientemente en profundidad y sacar las conclusiones", aseveró el domingo la titular de Igualdad, Ana Redondo en una entrevista para RNE, donde defendió la necesidad de "reforzar todos los instrumentos" disponibles "para adelantarnos a estos desenlaces terribles". Para Redondo, sin embargo, el problema es "muy de fondo" y tiene que ver también con "reforzar el cambio cultural y de mentalidad" con más educación y formación. 

Redondo también hizo hincapié en volcarse en los entornos, a quien apela precisamente la última campaña del Ministerio de Igualdad, para que denuncien ante cualquier indicio de violencia. Y, en esa línea, criticó el negacionismo, a su juicio injustificable, teniendo en cuenta que el 20% de los asesinatos de España son asesinatos machistas. 

El verano y las navidades suelen ser épocas en las que se disparan los feminicidios, pues acostumbran a ser periodos en los que aumenta la convivencia, se modifican las rutinas y, en consecuencia, aumenta el riesgo de una víctima a sufrir violencia. Así lo recordó también Redondo, quien precisó que "en diciembre y enero, y a partir de junio, son periodos especialmente complicados".

A 31 de mayo, el Ministerio del Interior tenía identificados 89.464 casos activos en el Sistema VioGén, de los cuales solo 19 estaban valorados de riesgo "extremo" y 1.420 como riesgo "alto", y en los que, además, había más de 46.000 menores de edad a cargo de la víctima. De la valoración del riesgo que hace la Policía dependen las medidas de protección que se adopten, tanto para la víctima como hacia el agresor. De ahí que los profesionales que trabajan con las víctimas hayan reiterado en numerosas ocasiones la urgencia de evaluar adecuadamente el riesgo. 

De hecho, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska endureció en marzo los criterios de inactivación de los casos abiertos, con el objetivo de alargar la protección de las víctimas y evitar que pueda producirse una "indefensión prematura". Se creó entonces una nueva modalidad dentro de VioGén, la "inactivación supervisada" que fija un control policial de seis meses, prorrogable a un año, e impide la inactivación completa para casos de "alta complejidad" o en los que se haya detectado un "riesgo cualificado".