Los sectores reaccionarios que están atrincherados en el poder judicial llevan mucho tiempo haciéndole la guerra sucia a Podemos y a los partidos independentistas, pero también a organizaciones sociales, sindicales y a jóvenes cuyo único delito es ser antifascistas. La guerra sucia judicial no es nada nuevo en la democracia limitada que disfrutamos en España, por mucho que el presidente del Gobierno dijera en su famosa carta que lo que le estaban haciendo a su familia y a él "no tenía precedentes". Por supuesto que los tiene, tiene precedentes y tendrá nuevos episodios si seguimos sin hacer absolutamente nada para democratizar la justicia. La semana pasada, precisamente, el PSOE levantaba un altísimo muro para evitar que esa democratización sea posible en España en el corto plazo.

El acuerdo entre el PSOE y el PP para repartirse el Consejo General del Poder Judicial e introducir cambios involucionistas en su funcionamiento, como el derecho de veto de los jueces conservadores a cualquier iniciativa de reforma, es la peor noticia para nuestro país. Significa, en el fondo, que el PSOE y particularmente el presidente del Gobierno han comprobado en sus propias carnes lo que es el lawfare y han decidido que no están dispuestos a pagar el precio que te hace pagar la derecha por transformar. Sánchez renuncia a avanzar en los cambios que necesita nuestro país y ofrece una rendición a la derecha para que el PP pueda seguir controlando la justicia a pesar de que la ciudadanía dijo claramente en las urnas que no quería que Feijóo gobernase España.

Con esta rendición queda claro que ninguno de los jueces que han participado de la guerra sucia judicial van a rendir cuentas por lo que han hecho. Ni García Castellón ni Peinado, por sus investigaciones prospectivas ilegales, ni Concha Espejel, por encarcelar a los jóvenes de Altsasu por una pelea de bar, ni Marchena, por retirar de manera fraudulenta un escaño a Podemos en la pasada legislatura. Tampoco, por supuesto, tendrá ningún tipo de consecuencia para el juez Lino Rubio, conocido por sus polémicas sentencias, la condena de cárcel a seis sindicalistas de La Suiza por proteger a una compañera de acoso laboral. Vamos, que se van a ir de rositas y así es imposible que podamos avanzar como país hacia una democracia plena donde no se persiga a las personas por su actividad política, social o sindical.

La semana pasada, el PSOE levantaba un altísimo muro para evitar que la democratización de la justicia sea posible en España en el corto plazo

Con este acuerdo para el CGPJ, el PSOE comienza a construir una gran coalición con el PP que va a ser muy importante para lo que quede de legislatura. Por un lado, le permite repartirse como antaño, para que nada cambie, todos los puestos relevantes del Estado. Ahora la justicia, pero mañana será el Banco de España, la CNMV o RTVE. Por otro lado, el PSOE prepara el terreno, como ya hizo en el año 2011, para lo que viene de Europa. La gran coalición que liberales y socialdemócratas acaban de ratificar también en la UE se propone dirigirnos definitivamente a una guerra y volver a aplicar los recortes que tanto sufrimiento provocaron en nuestro país hace una década. Para ese escenario el PSOE sabe que necesita al PP, igual que lo necesitó para constitucionalizar los recortes en los servicios públicos en el verano de 2011.

Por todo ello, hoy es más necesario que nunca que España recupere cuanto antes una izquierda transformadora fuerte que defienda la paz y la protección de los servicios públicos. Para lo que venga y por las que vendrán después de nosotras.