Sanz solicita a la Junta que elimine 715 viviendas turísticas que no se adaptan a la normativa urbanística
El Gobierno de José Luis Sanz ha solicitado a la Junta de Andalucía la eliminación de 715 viviendas de uso turístico (VUT) registradas en Sevilla, en aplicación del nuevo decreto autonómico, que permite descalificar como VUT aquellos pisos que no se adapten a la normativa urbanística. De dichas viviendas, dos de cada tres están situadas en el casco antiguo y Triana, según han informado fuentes municipales tras la reunión mantenida con la oposición este lunes con objeto de desbloquear la ordenanza municipal para regular los pisos turísticos.
Con dicha solicitud, que forma parte de las medidas de control, disciplina y reducción de viviendas de uso turístico implementadas por el Gobierno local, "Sevilla se convierte en la primera ciudad andaluza" en acogerse a este punto de la norma autonómica para reducir los pisos turísticos, ha anunciado el delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, tras informar de ello a los grupos municipales en la mencionada reunión.
Un encuentro en el que se ha presentado el informe jurídico que avala la "inviabilidad de una moratoria" a la concesión de nuevas licencias en Sevilla, como reclamaban desde las tres formaciones mientras continúan las negociaciones sobre la ordenanza municipal, aun pendiente de aprobación. Una petición que perseguía que el listado de apartamentos turísticos no siga aumentando como viene ocurriendo semana tras semana. De hecho, como se desprende del Registro Oficial de Turismo de la Junta, consultado por 20minutos, este mañana constaban 9.428 pisos turísticos inscritos, 25 más que hace solo una semana.
Así, el delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, ha vuelto a emplazar a una próxima reunión a los grupos, toda vez que la de esta mañana se ha vuelto a saldar sin acuerdo. "Hemos pedido a la oposición responsabilidad y altura de mira para aprobar de una vez el documento que permitirá a la ciudad limitar las viviendas de uso turístico", ha incidido el delegado de Urbanismo al tiempo que ha pedido a los grupos que "no se aferren a un mero mercadeo de porcentajes que no son más que propuestas arbitrarias no sustentadas en informes técnicos que abren la puerta a una grave inseguridad jurídica".
Cabe recordar que la propuesta municipal contempla que las viviendas turísticas no sobrepasen el umbral del 10% sobre las residenciales, un porcentaje que actualmente se supera en barrios del centro y Triana y que, según la oposición, debería rebajarse aún más. Una medida que no apoya el Gobierno municipal, si bien, han explicado que el los porcentajes serán revisados de manera periódica, siempre y cuando sean avalados por informes técnicos".
Por su parte, desde el PSOE, el concejal Francisco Páez ha insistido al Gobierno municipal en rebajar el umbral del 10%, ya que, según expone, este porcentaje fue decidido por una consultora privada. En caso contrario se abrirá la puerta a 23.305 viviendas turísticas más, según el edil socialista, que ha cifrado en esta cantidad las licencias que se podrían llegar a conceder en la capital hispalense hasta alcanzar el tope permitido según la propuesta municipal actual. Así, tras lamentar que el Ayuntamiento no vaya a aprobar una moratoria, a diferencia de "otras capitales andaluzas están buscando ya fórmulas jurídicas para hacerlo", ha planteado la alternativa de reducir el porcentaje de VUT al 2,5% sobre las viviendas residenciales permitidas.
En la misma línea se ha pronunciado la portavoz del Grupo de Podemos e IU, Susana Hornillo, para quien dicha moratoria, por la que ha vuelto a abogar, "puede obtenerse de facto estableciendo un límite máximo inferior al 1%" y pide que también se incluyan aquí a todos los alojamientos turísticos, incluyendo establecimientos hoteleros, viviendas y apartamentos turísticos. Y, con respecto a la petición del Ayuntamiento a la Junta para eliminar del actual listado 715 viviendas, desde la formación morada han manifestado que "no van a agradecer al Gobierno municipal del Partido Popular que haga cumplir la ley", señalando, en este sentido, que la eliminación de viviendas turísticas "no es la solución al problema", ya que, según la edil, esto "no resuelve la situación de estrés turístico que sufre Sevilla".
Ambos grupos políticos han acudido a la reunión, mientras que Vox no ha asistido debido a que "esperábamos una citación formal, por escrito, y no ha sido así", como han explicado a este medio. Asimismo, desde la formación de Santiago Abascal han explicado que habían pedido que "se nos entregara previamente el informe jurídico sobre la moratoria", y que le han entregado después de la reunión. "Lo estudiaremos", han aseverado tras confirmar que acudirán a la reunión del próximo lunes.
Informes municipales
Según ha señalado el grupo socialista, el Ayuntamiento ha esgrimido dos informes para avalar la imposibilidad de la moratoria. El primero asevera que los municipios andaluces "no tienen potestad alguna de intervención en la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía" y, por tanto, "no puede ejercer ninguna función tramitadora en él". Una justificación que no comparte del PSOE al considerar que la Junta "no debería inscribir viviendas que contravengan la normativa urbanística", que según inciden, desde 2022 prohíbe ubicarlos en edificios que no sean planta baja o primera.
Sin embargo, el segundo informe, que versa sobre las citadas 715 viviendas con fines turísticos que no cumplen dicha normativa de 2022, pone de manifiesto, según Páez, que "sí se puede a actuar sobre el procedimiento del registro autonómico". A este respecto, han destacado que "si ha habido algo positivo de la reunión de hoy, ha sido ese control sobre las normas urbanísticas que le habíamos exigido desde el PSOE", según ha abundado.
El informe, que esgrime los motivos de la imposibilidad de la moratoria y que ha consultado este medio, alega que "el Registro de las VUT es competencia de la Junta de Andalucía", concretamente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y por consiguiente, "los municipios no tienen potestad alguna de intervención en el mismo, es decir, no pueden ejercer ninguna función tramitadora en él".
Asimismo, especifica, amparándose en la normativa autonómica sobre este ámbito, regulada por dos decretos, que "los Ayuntamientos podrán establecer limitaciones proporcionadas a dicha razón, en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico", en base a la que se ha elaborado la propuesta municipal para limitar estos establecimientos. Si bien, señala que "es la única habilitación municipal en cuanto a las VUT" y que "el Ayuntamiento tampoco puede establecer moratoria alguna".
Igualmente, el informe se refiere a la modificación del PGOU en 2022 por el que las VUT pasan a considerarse de uso terciario por lo que solo podrán estar ubicadas en la planta baja y primera. Sin embargo, subraya que las correspondientes licencias y declaraciones responsables no pueden suspenderse "ya que las mismas son el reconocimiento de un derecho de carácter urbanístico". Y, por consiguiente, el Ayuntamiento de Sevilla "no tiene la potestad para establecer moratoria o prohibición alguna".
Medidas de control de los pisos turísticos
La solicitud de la eliminación de las viviendas del registro autonómico es una de las medidas implementadas por el Gobierno local para regular y controlar los pisos turísticos, según han informado desde el Ayuntamiento. A esta se suma la puesta en marcha de sistema para detectar los alojamientos ilegales a través del cruce de datos con la Junta; un canal de denuncias en colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas y un Plan de Inspección con Policía Local y Adscrita sobre viviendas turísticas ilegales, así como otro de vigilancia policial sobre las molestias que originan las legales y las actividades complementarias en vía pública.
También se aplicarán medidas disciplinarias en colaboración con Emasesa, un incremento en el IBI, tasas de basura y precio del agua. Se aumentará además la coordinación con otros servicios municipales en la Mesa de Establecimientos Ilegales y se asignarán inspectores de la Gerencia de Urbanismo a las inspecciones de las viviendas de uso turístico con un plan específico. Por último, se creará un bloque específico en el orden día del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo para inspección, disciplina y medidas coercitivas y sancionadas para las viviendas de uso turístico.