El PSOE carga contra el Supremo por las "consideraciones políticas innecesarias" sobre no amnistiar la malversación

El PSOE afirma que la decisión del Tribunal Supremo de determinar que la malversación en la financiación del referéndum del 1-O no es un delito amnistiable es una consideración "política", a su juicio, "sorprendente e innecesaria" para su labor jurisdiccional. "Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas", señalan fuentes de la Dirección del PSOE sobre la ley de amnistía, que para el Alto Tribunal no se debe aplicar en el caso de malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras. Por tanto, las órdenes de detención continúan vigentes para los huidos: el expresidente catalán y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.

Aunque los socialistas dicen primero mostrar su "respeto" a las resoluciones judiciales, a continuación discrepan de los argumentos que el Tribunal Supremo ha dado para acordarlas. Las decisiones se recogen en dos autos, uno del instructor Pablo Llarena y otro del tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó el procés. En el caso de esta última, ha acordado promover una cuestión de inconstitucionalidad del delito de desobediencia por el que se condenó a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa.

Sobre el contenido de las mismas, el PSOE defiende la voluntad del legislador recordando que el artículo 1.4 de la ley de amnistía señala que no se considera "enriquecimiento" la aplicación de los fondos públicos cuando no haya un propósito de "obtener un beneficio personal de carácter patrimonial". 

Sin embargo, el TS entiende que "el que se apodera de bienes ajenos -en este caso, patrimonio público- comete un delito aunque el metálico obtenido se destine a regalos a terceros, a limosna o a cualquier otra causa altruista". "El castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por 'quedarse con las cosas del otro', sino por 'quitarle a otro las cosas'", puntualiza el alto tribunal. El único voto discrepante fue el de la magistrada Ana Ferrer que asegura que esta ley se aprobó para amnistiar "exactamente" los hechos por los que se condenó a Junqueras, Turull, Bassa y Romeva como autores de un delito de malversación.

En cuanto a la segunda condición para que los delitos de malversación sean amnistiables, que es que no perjudiquen los intereses financieros de la UE, los socialistas sostienen que en ningún momento del procedimiento intervino la Fiscalía europea porque "nunca se entendió que se pudieran ver afectados" estos intereses financieros. Por la contra, el Tribunal Supremo cree que esta condición no se cumplió porque la "ruptura de la integridad territorial de Europea" encerró "un grave peligro de afectación de los intereses financieros" a los que se refiere la norma.

El PSOE asegura que la confianza en el Estado de Derecho "es absoluta", porque España tiene un sistema que garantiza la aplicación a sus ciudadanos de las leyes democráticamente aprobadas por las Cortes Generales".

No cuestiona la "constitucionalidad" de la amnistía

Por otro lado, el PSOE considera una "buena noticia" que el Tribunal Supremo no cuestione "ni la constitucionalidad general de la amnistía ni su compatibilidad con el Derecho de la UE". A su juicio, el Alto Tribunal no pone en duda la capacidad de las Cortes Generales de aprobar amnistías, sino que "únicamente" pregunta a las partes si procede presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia. 

En este sentido, el instructor Pablo Llarena, considera que los delitos de desobediencia que investiga están "ubicados en el ámbito de aplicación" de esta norma, por lo que ha decidido levantar la orden de detención que mantenía contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Por último, los socialistas también celebran que el Tribunal Supremo renuncie "expresamente" a presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE.