Puigdemont llevará al Constitucional el rechazo del Supremo a aplicarle la amnistía

Carles Puigdemont está dispuesto a recorrer todas las vías judiciales para que se amnistíen todos los delitos por los que se le investiga. En el caso de la malversación, este lunes Puigdemont encontró un obstáculo en el camino a la medida de gracia: el instructor Pablo Llarena ha rechazado aplicar la amnistía al expresident y el resto de investigados, sobre los que mantiene vigentes las órdenes de detención. El auto, no obstante, es recurrible. Según fuentes de la defensa del líder de Junts, la idea del expresident es presentar los recursos necesarios hasta acudir en amparo al Tribunal Constitucional, que tomaría la decisión definitiva. 

En un auto de 47 folios dictado este lunes, Llarena acuerda "declarar no aplicable la amnistía" a los presuntos delitos de malversación de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Mantiene las órdenes nacionales de detención y, sin embargo, considera amnistiable la desobediencia por la que investiga tanto a ellos como a la dirigente republicana Marta Rovira. En cuanto a este delito, da diez días a las partes para que se pronuncien sobre la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad. 

El camino que debe emprender la defensa de Puigdemont para intentar que se amnistíe la malversación del procés y se archive la investigación comienza por el propio Pablo Llarena. Tal y como indica el instructor, ante la resolución dictada este lunes "cabe recurso de reforma, y subsidiario de apelación, en el plazo de tres días a partir de la fecha de notificación". 

Esto quiere decir que, una vez el auto sea notificado a la defensa de Puigdemont, esta contará con tres días para enviar un escrito al propio instructor e intentar que cambie su decisión. Si esta pretensión no queda satisfecha, el abogado de Carles Puigdemont podrá presentar un recurso ante una instancia superior, que en este caso sería un tribunal de apelación formado por tres jueces de la Sala de lo Penal. Si este recurso también se desestima, la última herramienta del líder fugado es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

Este recurso, regulado en el artículo 44 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, está previsto para los casos en los que haya una "violación de un derecho o libertad susceptible de amparo constitucional". La violación debe ser imputable "de modo inmediato y directo a una acción y omisión" de un órgano judicial. Para presentar el recurso, Puigdemont deberá razonar qué derecho fundamental (o derechos fundamentales) ha sido violado por la decisión del Tribunal Supremo.