El PSOE, en vilo ante los "efectos políticos" de la decisión del Supremo: "No sabemos por dónde saldrán ERC y Junts"

La decisión del Tribunal Supremo de no considerar un delito amnistiable la malversación del procés es un motivo más de incertidumbre para el PSOE, ya que afecta directamente a sus socios de Junts y ERC, con quienes tiene varios frentes abiertos de negociación que ahora podrían verse afectados por su reacción política a las resoluciones judiciales del alto tribunal. "Hay que ver los efectos políticos. No sabemos por dónde van a salir", reconocen fuentes de la dirección de Ferraz. 

Con su decisión, el Supremo mantiene las órdenes de detención de Carles Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Además, tampoco anulará las condenas de inhabilitación que pesan sobre Oriol Junqueras y los republicanos Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Esto implica que, de momento, Puigdemont podrá ser detenido si pisa suelo español y Junqueras seguirá sin poder presentarse a elecciones. Como respuesta, ERC ya ha avanzado que interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y Carles Puigdemont estudia presentar los recursos necesarios hasta acudir en amparo al órgano de garantías, que tomaría la decisión definitiva.

En público, la portavoz socialista, Esther Peña, llamó a diferenciar los efectos políticos de la decisión del Tribunal Supremo de otros procesos como la investidura de Cataluña. "Entiendo que no afecta en nada porque son procesos diferenciados", espetó. Pero los socialistas llaman en privado a la "calma" y a esperar para ver cuál será la repercusión real, ya que la aplicación de la ley de amnistía no deja de ser el elemento que sustenta la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez y, por lo tanto, la legislatura.

Aseguran que no hay margen para tocar el texto de la ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado hace tres semanas. Por lo tanto, la incertidumbre versa sobre la estrategia de defensa que tomarán los repercutidos tras la decisión del alto tribunal y su reacción política. De momento, y en lo que se refiere a la eventual investidura en Cataluña, los republicanos mantienen el ultimátum hasta finales de julio para negociar con PSC y Junts. Las conversaciones parece que avanzan en ambos sentidos, ya que, según ha avanzado La Vanguardia, Puigdemont y Junqueras se reunieron en el marco de estas negociaciones y, por su parte, el PSC asegura que también se están produciendo encuentros con los republicanos, aunque con discreción.

La investidura en Cataluña y los Presupuestos, en el aire

El PSOE quiere desvincular las negociaciones que está llevando a cabo tanto con ERC como con Junts del laberinto judicial en el que se adentra la amnistía. Con los republicanos siguen negociando la investidura de Salvador Illa, poniendo sobre la mesa una financiación singular para Cataluña. Para ERC, hay "falta voluntad política" por parte de PSC y Junts para llegar a un acuerdo en el nuevo modelo de financiación de Cataluña, y en Ferraz ceden en buscar fórmulas para un modelo "singular" pero descartan un 'cupo catalán' como el que existe en Euskadi y Navarra.

El ultimátum lanzado por la secretaria general, Marta Rovira, para alcanzar un preacuerdo en el plazo de un mes ha insuflado algo de esperanza al PSC y a la dirección de Ferraz. "Puede ser positivo", sopesan. A su juicio, Puigdemont exhibe sus movimientos porque está intentando "sobrevivir", mientras que ellos trabajan con "discreción" con los republicanos. Eso sí, la premisa sigue siendo la misma: "Hay dos caminos, o repetición electoral o Salvador Illa president, y nosotros estamos en la segunda", sostienen.

Sin embargo, la decisión del Supremo tensiona todas las negociaciones, ya que supone otro escollo para la aplicación de la amnistía. Conscientes de ello, y al igual que lo ha hecho ERC, los socialistas salieron a criticar la resolución del alto tribunal, que a su juicio es una consideración "política" que les sorprende y ven "innecesaria" para su labor jurisdiccional.

También necesitan el apoyo de ERC para sacar adelante los Presupuestos para 2025 ya que, de no lograrlo, el Gobierno se vería obligado a prorrogar un año más los de 2023 lo que sería un obstáculo más para la complicada legislatura. Por ahora, el voto a favor de sus diputados está en el aire, más después de que los socialistas hayan pactado con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que no ha sentado bien a sus socios republicanos. 

También necesitan el sí de Junts a las cuentas para el año que viene y, en su caso, no cuentan con una cercanía ideológica que comparten con ERC en determinadas materias. Los posconvergentes apoyaron la investidura de Pedro Sánchez a cambio de varias cesiones, la principal, la ley de amnistía. En este sentido, Moncloa intenta jugar la baza de unas cuentas "expansivas" que permitan más transferencias para Cataluña y también hacen guiños a los de Puigdemont para que cuestiones como la decisión del Supremo no afecte a su relación parlamentaria. 

No es la primera vez que el Gobierno pide respetar la voluntad del legislador a la hora de aplicar la amnistía en una cuestión que afecta a Puigdemont, también hizo lo propio cuando el juez Joaquín Aguirre pidió al alto tribunal investigarle por alta traición y malversación por la supuesta injerencia rusa en el procés.

Además, la semana pasada el Ejecutivo aprobó dos medidas comprometidas con Junts hace medio año: la eliminación del IVA al aceite de oliva y la derogación de un artículo que para los de Carles Puigdemont ponía "en peligro" la ley de amnistía. Junto a ello, el PSC pactó con los grupos independentistas y los comunes reformar el reglamento del Parlament para permitir que Carles Puigdemont pueda votar de forma delegada.