La decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía para el delito de malversación en la investigación contra Carles Puigdemont cambia radicalmente la situación del expresidente catalán: el alto tribunal mantiene la orden nacional de detención contra él (además de las de Toni Comín y Lluís Puig) y, por lo tanto, sería detenido si decidiera volver a España.
El líder de Junts y diputado electo del Parlament había asegurado que regresaría a España para votar una hipotética investidura en la Cámara catalana tras las elecciones del pasado 12 de mayo, una intención que ahora queda en el aire: si el expresidente decidiera volver, sería detenido y puesto a disposición de la justicia, cuyos cargos ha eludido desde su marcha a Bruselas en 2017.
Sin embargo, si el expresidente catalán decidiera volver para una hipotética votación, lograse eludir la detención y entrar al Parlament, se abriría un escenario aún más incierto.
El Parlament, "inviolable" ante una posible detención
Según establece el artículo 55 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Parlament es "inviolable", así como lo son sus miembros "salvo en caso de flagrante delito" (como es el caso al ser una causa del Tribunal Supremo). Esa inviolabilidad del Parlament implicaría que cualquier acción policial, incluyendo una hipotética detención, dentro de sus instalaciones, debe contar con la autorización del presidente de la Cámara.
Es decir, si Carles Puigdemont llegase al Parlament eludiendo su arresto, su detención en la Cámara debería ser autorizada por el presidente Josep Rull, también de Junts. En ese sentido, el presidente de la Cámara dejó abierta la puerta a no autorizar esa detención en una entrevista en el Diario Ara: "Yo defendería los derechos de los diputados. El Parlament debe ser inviolable [...] Y, por tanto, los diputados dentro del Parlament deben ser intocables". El propio presidente de la Cámara explicó que le gustaría que "la vuelta de Puigdemont fuera con el máximo nivel de solemnidad".
Podría reactivarse la 'euroorden' en el extranjero
Otra posibilidad es que, al descartar el Supremo aplicar la amnistía a Puigdemont, el juez Pablo Llarena vuelva a activar la 'euroorden' de detención contra el expresidente: el magistrado tuvo que retirarla hasta en dos ocasiones cuando las justicias alemana y belga no permitieron su investigación por los delitos cometidos en España.
La situación, sin embargo, ha cambiado: el Supremo ha ratificado las acusaciones y Llarena podría reactivar la orden. Además, Puigdemont ya no es eurodiputado, por lo que no estaría protegido por la inmunidad del Parlamento Europeo.
Si el juez Llarena decidiese activar la 'euroorden' y Puigdemont fuera detenido en un país europeo, España debería abrir un procedimiento de entrega con ese país para traer a Puigdemont ante la justicia española.
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