Pocos momentos como el actual han hecho sentir a los jueces más grandes y a los ciudadanos más pequeños. El perímetro de su vasto poder siempre está delimitado por la ley y ésta, en los sistemas democráticos, recordemos, nace de la ciudadanía y su expresión en las urnas. Mencionar tamañas obviedades viene al caso de relevantes decisiones judiciales que intentan marcar el devenir político de muchas personas sin que nadie haya votado al respecto.
La Sala del Tribunal Supremo que juzgó a los líderes del procés acaba de pronunciarse en contra de aplicar la ley de Amnistía en uno de los delitos incluidos en el perdón aprobado por el Congreso de los Diputados. Se trata de la malversación, que, aunque la ley especifica que es amnistiable si los fondos públicos no se destinan al enriquecimiento personal, los jueces del Supremo estiman que pese a estar demostrado que no fueron a parar a bolsillo alguno de los condenados, éstos 'se lo ahorraron' de gastar. Hay que reconocer que a la pirueta interpretativa no le falta imaginación.
Al otro lado del Atlántico los más altos togados de Estados Unidos acaban de concederle a Donald Trump inmunidad penal durante su etapa como presidente, lo que impedirá, de facto, que sea juzgado antes de las próximas elecciones, a las que acude como favorito. El país considerado ejemplo de democracia por su división y contrapeso de poderes permite a su Tribunal Supremo, cuyos miembros ostentan el cargo de por vida y son nombrados directamente por el presidente y confirmados por el Senado, que favorezca a uno de los candidatos de las presidenciales más disputadas de su reciente historia.
Los jueces de mayor rango han ido ampliando sigilosamente su 'jurisdicción' global hasta infiltrarse en territorio reservado al derecho de sufragio de la ciudadanía. No es de extrañar que el PP se haya resistido durante más de cinco años a ceder su control del Poder Judicial, ya que nombra a los titulares de los principales juzgados. Como tampoco debería serlo que el Congreso analice con cautela la propuesta de reforma para la elección de sus futuros miembros pactada por el PSOE y el PP para evitar que el imperio de los jueces sustituya al de la ley.
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