El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la anunciada oferta pública de empleo (OPE) de más de 40.000 plazas para 2024. Un aspecto fundamental y novedoso de esta oferta es que por primera vez se reserva un 10% de las plazas para las personas con discapacidad. Es un avance numérico porque en las últimas convocatorias se había reservado un 7% de los empleos ofertados.
Esta medida toma forma ahora, pero se anunció en marzo de 2023. Fue entonces cuando la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, adelantó que el Gobierno elevaría del 7 al 10% la reserva de empleo público para personas con discapacidad. En diciembre pasado fue adoptada por las Cortes.
La nueva norma dispone que "en la oferta de empleo público se reservará un porcentaje no inferior al 10% de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad siempre que superen las pruebas selectivas y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas". La intención, dice el texto, es que "progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales de la Administración del Estado incluida en el ámbito de aplicación de este libro".
Hace seis años era sólo un 4,51%
Pero hubo un tiempo en que ese 7% que ahora se supera parecía una conquista. Porque las plazas reservadas a personas con discapacidad representaban sólo el 5,44% en 2015 o el 5,05% en 2016, según datos recogidos por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Este porcentaje se rebajó incluso hasta el 4,87% de 2017 y más aún en 2018, que fue del 4,51%. Tanto en 2019 como en 2020 estuvo en el 4,88%.
La intención es que "progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales de la Administración del Estado"
Alcanzar el 10% es a todas luces una buena noticia. "Contribuye a que la Administración sea diversa, tenga todo tipo de talentos y a que las personas con discapacidad podamos sentirnos servidores públicos", asegura el presidente del Cermi, Luis Pérez Bueno.
Según ha explicado previamente el ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, ese 10% de la nueva oferta pública de empleo se traduce en un total de 3.000 plazas para personas con discapacidad. De todas ellas, 600 estarán reservadas para aquellos que tienen una discapacidad intelectual.
Cómo cumplir las cuotas
Pero, como dice Pérez Bueno, "las cuotas tienen que hacerse cumplir". Y ese ha sido el problema otras veces. Según el Cermi, en la última convocatoria, solo se cubrieron el 56% de las plazas reservadas para trabajadores con discapacidad, lo que supone "una falta de éxito colectivo".
A modo de ejemplo, en 2020, el año de la pandemia, el Estado reservó 278 plazas de la oferta de empleo público para personas con discapacidad. Se presentaron 1.787 candidatos, pero solo 150 aprobaron, quedando así el 53,95% de las plazas libres.
Contribuye a que la Administración sea diversa, tenga todo tipo de talentos y a que las personas con discapacidad podamos sentirnos servidores públicos"
Hay que garantizar que el espíritu de la ley toma forma en las estadísticas de cada ministerio y en la realidad. Para ello, el Cermi pide una nueva regulación reglamentaria del acceso al empleo público de personas con discapacidad, ya que la actual data de 2004 y asegura que ha quedado anticuada.
Y más. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad también ha pedido que los ministerios de Función Pública y Derechos Sociales aprueben cuanto antes la orden ministerial de medios y tiempos que ha sido negociada con el sector social de la discapacidad. Aseguran que sin estos ajustes no hay igualdad real en la realización de los procesos selectivos de acceso al empleo público.
¿Un 1% para personas con Autismo?
- Autismo España y Asperger España presentaron una serie de enmiendas al Proyecto de Ley de Función Pública. La más importante era que se reservase un punto de ese 10% —es decir, un 1% del total— para personas con autismo que no tengan discapacidad intelectual asociada. Consideran que es algo necesario para garantizar un derecho que, a día de hoy, aseguran que no se cumple y por las dificultades que tiene este colectivo para acceder a todo tipo de empleo. La enmienda quedó descartada.
Funcionarios con discapacidad
El 24% de los asalariados con discapacidad trabajan en el sector publico, según datos del INE de 2021. Esto supone más de 125.000 personas, un porcentaje ligeramente superior (23%) al del resto de la población.
Las cifras indican que su presencia se ha incrementado en los últimos años, con 35.000 nuevas incorporaciones desde 2014, un aumento del 40% frente al 15% registrado en la población sin discapacidad, detalla la Fundación ONCE. En el caso de las personas con discapacidad, el perfil se corresponde con el de una mujer (56%) de entre 45 y 64 años (93%) y con una discapacidad asociada a la movilidad y la audición.
Unidades de inclusión en cada Ministerio
El Real Decreto-ley que ahora se aprueba y marca ese histórico 10% incluye la creación de unidades de inclusión del personal con discapacidad en cada Ministerio para asegurar las medidas de adaptación de puesto de trabajo y velar por la plena incorporación y desarrollo profesional en su ámbito laboral.
También establece que los litigios de dependencia, como el reconocimiento de la situación y los servicios, se resolverán por los órganos jurisdiccionales del orden social, teniendo la misma consideración que los relativos a prestaciones y beneficiarios de la Seguridad Social.
¿Y el empleo privado?
- Según la Ley de derechos de las personas con discapacidad, las empresas que tengan plantillas de 50 o más trabajadores deberán contar, como mínimo, con un 2% de empleados de este colectivo. La ley marca dos excepciones. Una es cuando la empresa no encuentra trabajadores o bien porque habiéndolos, éstos no aceptan las condiciones de trabajo que la empresa les ofrece. La otra, cuando existan razones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que provoquen una especial dificultad para contratar a trabajadores con discapacidad. Luego está el llamado "criterio técnico 98/2016" de la Inspección de Trabajo que contabiliza la plantilla, los periodos de tiempo y la forma de calcular el porcentaje de reserva del 2%.
Requisitos generales para optar a una plaza
Para que una persona pueda optar a una plaza de oposición otorgada por discapacidad, además de cumplir con los requisitos habituales en lo que se refiere a edad, nacionalidad, titulación, etc., debe tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, ya que por debajo de ese porcentaje no se considera, a efectos legales, una discapacidad.
Además, será necesario superar los procesos de selección correspondientes y acreditar la discapacidad y "la compatibilidad con el desempeño de las tareas", tal y como establece la norma. Todas estas personas pueden optar a cualquier convocatoria de oposiciones, excepto aquellas que requieran necesariamente determinadas facultades que no posean. Las personas con discapacidad están exentas de pagar la tasa para presentarse a los exámenes.
Solicitar adaptaciones para hacer el examen
El Ministerio de Hacienda y Función Pública realizará después la distribución de reserva de plazas (ese 10% desde ahora) "dando preferencia a las vacantes en cuerpos y escalas cuyas funciones resulten compatibles con la existencia de una discapacidad". La adjudicación, además, se realiza según la petición de destino y de acuerdo con la puntuación total obtenida.
Cuando una persona con discapacidad se presenta a un examen para acceder a un empleo público, puede solicitar una serie de adaptaciones que le faciliten llevarlo a cabo. Estas adaptaciones deberán solicitarse previamente y pueden ser adaptaciones de medios (por ejemplo, para personas con discapacidad auditiva o visual, o adaptaciones físicas para personas con discapacidad motora, etc.) o adaptaciones de tiempos, es decir, que se les conceda un tiempo adicional para la realización de las pruebas.
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