Puigdemont se querella contra el juez Aguirre por presunta prevaricación y malversación

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, y el abogado Gonzalo Boye han presentado este martes una querella contra el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.

La querella, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), califica de "arbitraria, estrafalaria e injusta" la apertura de una pieza separada ordenada por Aguirre sobre la supuesta trama rusa del procés independentista.

Los querellantes solicitan como medida cautelar el cese provisional del magistrado en la investigación que se sigue en el juzgado y que atribuye a Puigdemont, Alay y Boye un delito de traición que no estaría incluido en la Ley de amnistía. 

La querella sostiene, de hecho, que el juez decidió abrir una investigación por traición que tenía en el punto de mira a Puigdemont ya en noviembre de 2023, en plenas negociaciones para aprobar la amnistía, con el único fin de impedir que el expresidente catalán pudiera beneficiarse de la ley.

Puigdemont sostiene además en la demanda que el juez ha empleado un mecanismo "ilegal" para abrir la nueva pieza separada, "burlando" así la resolución de la Audiencia de Barcelona, "con el ánimo de prevaricar, de torcer el derecho" y para satisfacer "su caprichosa voluntad de salvar un procedimiento que estaba condenado al sobreseimiento libre".

Ello supone, según los querellantes, un "sinfin de gastos ilícitos para las arcas públicas", además de un "bochorno para el conjunto de la administración de justicia, que ha de ser la primera interesada en que este tipo de comportamientos no tenga lugar ni sirvan de efecto llamada para nadie".

La querella se remite a los autos del Supremo

Para sustentar la acusación de malversación de caudales, la querella se remite, precisamente, a los autos del Tribunal Supremo que, tras las reformas penales que derogaron el delito de sedición, mantuvieron el de malversación agravada para los líderes del procés por los gastos de financiación del referéndum.

"Destinar dinero público a actividades ilícitas, por más que en su autor no se dé un enriquecimiento personal, conlleva necesariamente un ánimo de lucro", subrayan los querellantes, haciendo suyos los argumentos del Supremo en la causa del procés.

El escrito mantiene así que, al "desobedecer" la orden de la Audiencia de Barcelona, Aguirre "ha dinamitado el sistema judicial, el Estado de derecho" y se ha erigido en "único juez, que todo lo puede frente a todos, incluidos los órganos superiores que resuelven recursos de apelación contra sus resoluciones".

Los demandantes insisten de esta forma en que el juez "ha puesto en peligro el sistema constitucional y el sistema de valores democráticos", además de generar un gasto público "ilegal" al designar a funcionarios de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para investigar un caso que la Audiencia le había impedido seguir indagando. Por todo ello, Puigdemont solicita al TSJC que aparte de forma inmediata al magistrado, al menos del "caso Volhov", para evitar que siga "instrumentalizando" la causa y tome "represalias" contra los querellantes y los demás investigados.