El Gobierno reparte 200 millones a las comunidades para políticas de conciliación y luchar contra la pobreza infantil

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al reparto de casi 200 millones de euros a las comunidades para la lucha contra la pobreza infantil, la mejora de la conciliación, la prevención de la violencia en la infancia y el refuerzo de la ayuda a domicilio. Se trata de una partida autorizada a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, y que sale del programa de Protección a las Familias y la Atención a la Pobreza Infantil del departamento dirigido por Pablo Bustinduy, quien hace un mes y medio ya acordó con las autonomías la distribución de ese dinero, prorrogado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. 

"Nuestra hoja de ruta es retomar el incremento en la financiación que inició el Gobierno de coalición en este ámbito", ha asegurado Bustinduy, quien ha subrayado que, con todo, la cifra prorrogada es "la más alta" destinada para esta área. Se ratifica así el acuerdo abordado en el Consejo Interterritorial que se reunió el pasado 17 de junio, y cuya distribución deberá volver, una última vez, al Consejo Territorial para que sea aprobado y pueda resultar efectivo. 

Según ha detallado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, una cantidad "importante" irá dirigida a la ayuda a domicilio o al "alojamiento alternativo". Otro de los pilares de la partida estará relacionado con la alimentación y cuestiones de conciliación familiar, que juegan un papel crucial ahora que llegan periodos vacacionales. Y, por último, se destinará una tercera parte a la protección de la infancia frente a la violencia y a prevención de riesgos. Todo ello a través de un crédito de casi 200 millones (198.704.000) que el Ejecutivo transferirá a las comunidades autónomas (menos País Vasco y Navarra) para que puedan fortalecer sus servicios sociales mediante tres programas.

Tres programas 

Concretamente, el primer programa que depende del crédito aprobado este martes está dotado con más de 108 millones de euros y servirá para financiar proyectos de servicios sociales de refuerzo de la ayuda domicilio, el alojamiento alternativo, o la prevención e inserción social.

El segundo, dotado con 65 millones de euros, va dirigido a la protección a la familia y a la lucha contra la pobreza infantil, sobre todo para familias en riesgo de pobreza o exclusión social o en situación de privación material severa (hogares que no pueden afrontar cuatro o más elementos de consumo, como comer carne o pescado al menos cada dos días, mantener una temperatura adecuada o disponer de un teléfono). En este mismo programa va incluida también una línea específica para financiar proyectos de alimentación, ocio y cultura, que garanticen la conciliación familiar de durante las vacaciones escolares. 

Con 25 millones de euros, el tercer programa se destina a reforzar los equipos de atención primaria de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Se cofinanciarán así proyectos de refuerzo de servicios sociales para prevenir y detectar de una forma más rápida los posibles riesgos a los que se estén enfrentando los menores. 

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