La nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades que prepara la Comunidad de Madrid contemplará sanciones contra el vandalismo, la ocupación y los escraches. El consejero de Educación, Ciencia y Universidad, Enrique Viciana, ha desgranado durante un desayuno informativo varios aspectos que contendrá el proyecto normativo: "Establecemos un régimen sancionador específico. Lo que queremos es que se mantenga el orden y el decoro en la vida académica". Asimismo, entre otros puntos, se garantizarán las prácticas de los estudiantes de ramas sanitarias y se equiparará las escuelas de negocios con las universidades, entre otras cuestiones.
"Nos preocupa que existan determinadas actuaciones, no previstas en la norma, que impidan que continúen las clases o el acceso de los estudiantes a los edificios. Nosotros lo que queremos es sancionar a las instituciones que no cumplen y garantizar que la universidad siga siendo lo que es", ha expresado Viciana. Con las sanciones, el Ejecutivo autonómico quiere evitar que las protestas que se organizan en los centros de estudios superiores desemboquen en cortes en las vías públicas, que impiden la libre circulación, o se levanten barricadas en las entradas de las facultades para impedir el acceso
La administración autonómica aún trabaja en definir qué tipo de penas se impondrán, entre las que no se descartan las pecuniarias. El consejero sí ha adelantado que tendrán una graduación de leve, grave y muy grave. Con la regulación se busca conjugar "la libertad de manifestación, expresión, con la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, de enseñanza y que los alumnos puedan acceder libremente", en palabras de Viciana.
La Comunidad de Madrid presentará el borrador de este proyecto de ley a los rectores de las universidades de la región lo largo de julio, donde se especificarán los diversos puntos que abarca la ley. El consejero espera que para principios de septiembre se abra el plazo de consulta pública y a finales de octubre y principios de noviembre se pueda presentar en la Asamblea de Madrid. De cumplirse los pazos, la nueva legislación podría estar aprobada antes de 2025.
Además de este régimen sancionador, la Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades contemplará un distrito único de prácticas académicas, para garantizar que los alumnos puedan acceder a esta experiencia laboral que también forma parte de su formación. "Queremos dar una prioridad a las universidades públicas para asegurarnos de que todos los estudiantes acceden sus prácticas", ha manifestado el consejero. La medida va dirigida en especial a los alumnos de la rama sanitaria, aunque se incluirán otras disciplinas.
Como novedad, la regulación incluye a las escuelas de negocio para que cumplan con una serie de requisitos de calidad educativa semejantes a los de las universidades. "Antes no estaban incluidos, pero queremos que tengan una equiparación y un nivel de calidad y exigencia similar al de las universidades madrileñas", ha detallado Viciana. Habrá que esperar a la redacción final del texto para saber si se incluirá una ratio determinada del porcentaje de profesores doctorados, sobre grupos de alumnos o el espacio de las instalaciones.
Junto a estos cambios, también se introduce una regulación para los estudios a distancia que ofertan las universidades privadas. "Hasta ahora no tienen una regulación y lógicamente plantean cada vez más incertidumbre en cuanto a su sistema de funcionamiento. Nosotros lo que queremos es arrojar luz y dar seguridad jurídica a esa regulación de la enseñanza a distancia", ha concretado.
Asimismo, la ley busca consolidar a Madrid como "la capital de los estudios superiores en español". Para ello, se incluye como requisito que los estudiantes que quieran cursar estudios de grado deberán acreditar un nivel B2 de español. En el caso de los másteres y doctorados se deberá tener un C1 de nivel idiomático. Por otro lado, el Gobierno regional propone establecer un sistema de financiación plurianual que se revisará cada cinco años, donde se fijará una partida básica. Aparte, los centros podrán recibir inversiones para necesidades singulares y financiación adicional condicionada a unos objetivos estratégicos en materia docente, investigadora o de competitividad. Independientemente del modelo, las universidades deberán superar auditorías públicas y elaborar un régimen del control interno sobre el gasto.
El proyecto normativo aglutina lo relativo a la Formación Profesional (FP) de Grado Superior, la investigación y de la Universidad para facilitar las sinergias, entres estos tres campos, con el objetivo de retener el talento, atraerlo, hacer más accesible los avances y acercar la FP a la universidad.
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