El conflicto político entre las dos grandes fuerzas se traslada de la sede parlamentaria y se centra ahora en el órgano dedicado a interpretar la Constitución. En esta ocasión, por las dudas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la "imparcialidad" del Tribunal Constitucional (TC) por estar "trufado" con cargos del Gobierno, lo que para Moncloa es una valoración de "extrema gravedad" y exige una rectificación. Desde que Pedro Sánchez pronunció por primera vez la palabra amnistía, el pasado octubre, el Tribunal Constitucional cobró todo el protagonismo. Los grupos políticos y el sector jurídico miraban a este órgano como la última voz que resolvería un conflicto que apenas acababa de empezar. Ocho meses después de que Sánchez reconociera que aprobaría la amnistía del procés a petición de los independentistas, el Constitucional vuelve a la primera línea. Tal y como estaba previsto. Lo que entonces no era una obviedad era que el órgano fuera a ponerse en cuestión antes incluso de que tomara la palabra.

Feijóo justificaba este martes sus recelos a la decisión que pueda tomar el órgano de garantías, ya que está "trufado" por dos ex altos cargos del Gobierno socialista -el exministro Juan Carlos Campo y la exasesora de Moncloa Laura Díez-. También recordó que los antecedentes del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, no le tranquilizan "porque fue fiscal general del Estado con un gobierno socialista y vocal del CGPJ también con un Ejecutivo del PSOE".

De este modo, el líder popular y su entorno más cercano cuestionaron al Tribunal Constitucional, adonde llegará tarde o temprano la ley de amnistía, ya sea en forma de recursos de inconstitucionalidad o en forma de recursos de amparo de los afectados. Las palabras de Feijóo ocasionaron revuelo en las filas socialistas. No obstante, lejos de recular, los populares respaldaron las palabras de su líder que, según concretó después el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, "dijo lo que quiso decir y lo que piensan en el PP". Claro que otras fuentes internas discrepan de esta estrategia y advierten del peligro de restar credibilidad a este órgano.

Desde Génova dieron un paso más. No solo mantuvieron sus dudas sobre el TC, sino que además se regodearon en que tienen más derecho aún una vez que el PSOE también pusiera en cuestión la decisión del Supremo que este lunes rechazó perdonar la amnistía a Carles Puigdemont y otros independentistas. "Si el PSOE puede cuestionar decisiones de un tribunal que no cuenta con exdirigentes del Partido Popular, con más motivo el PP podrá cuestionar decisiones de un tribunal que cuenta con un presidente que fue fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero y con dos integrantes que fueron altos cargos de Pedro Sánchez". 

Y en el día en que el Constitucional ha anulado la primera condena de cárcel por malversación del caso ERE de Andalucía, la del ex director general de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, el PP ha insistido en esas mismas críticas por el hecho de que el órgano se esté dedicando a "hacer revisionismo de las sentencias del Tribunal Supremo", buscando "borrar" la "corrupción" del PSOE en dicho caso.

Moncloa exige respeto por el TC pero reprocha al TS

El Gobierno considera de "extrema gravedad" estas consideraciones respecto al Tribunal Constitucional que, a su juicio, "atentan contra el Estado de Derecho". En este sentido, la ministra portavoz, Pilar Alegría, exigió hasta en dos ocasiones durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros su "rectificación inmediata". Alegría cargó contra el líder de la oposición por cuestionar la "legitimidad" de las instituciones, "ya sea la Fiscalía, la Agencia Tributaria, el Congreso de los Diputados o el Tribunal Constitucional", enumeró la ministra, que aprovechó para recordar declaraciones pasadas del PP -aunque ya rectificadas- sobre el TC, en concreto, las del responsable de Acción Institucional, Esteban González Pons, que hace seis meses se refirió al mismo como un "cáncer del Estado de Derecho". 

Moncloa se basa en declaraciones como estas para afirmar que no les sorprenden el cuestionamiento del líder del PP que, a su juicio, vive "en una crisis de confianza en su partido político" que no debiese de "trasladar" a las instituciones del Estado. 

El PP respondió acto seguido a la portavoz que "no está para dar muchas lecciones sobre el respeto a la Justicia del Gobierno del que forma parte". "A la señora Pilar Alegría conviene recordarle que no tiene mucho sentido defender la imparcialidad del Tribunal Constitucional cuando le conviene y criticar al mismo tiempo al Tribunal Supremo cuando sus sentencias no son afines a los intereses del PSOE", añadió Tellado en rueda de prensa.

Y es que en la misma rueda de prensa en la que Alegría pidió una rectificación a Feijóo por "cuestionar" la legitimidad del Tribunal Constitucional, también reprochó la sentencia del Supremo de no considerar amnistiables los delitos de malversación del procés. Aunque la ministra no fue tan lejos como el PSOE que acusó al alto tribunal de hacer "consideraciones políticas innecesarias", dejó claro que, para el PSOE, sus autos tenían que haber reconocido la amnistía para esos casos de malversación, de acuerdo con la "voluntad del legislador". 

En Moncloa intentan dejar claro que respetan absolutamente las decisiones el Supremo, del Constitucional y de "todo el poder judicial",  aunque en la mesa del Consejo de Ministros hubo un cuestionamiento claro de la mano de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que sin haber sido preguntada directamente por ello, reprochó al PP que hable de "politización" del Constitucional cuando ellos han designado a José María Macías como magistrado de este órgano. "Se descalifica por sí mismo", plasmó Díaz.

Este nombramiento, pactado con el PSOE en el marco del acuerdo de renovación del CGPJ, es para la vicepresidenta una "evidencia palmaria" de que la "vocación" de los populares no es despolitizar los órganos judiciales. Con todo, desde la parte socialista del Gobierno se alejan de esta valoración de Díaz que consideran una "opinión personal". Aseguran que Moncloa "reconoce la autonomía" de este magistrado. "Hay ciertos miembros que pueden gustar más o menos, pero lo que es incuestionable es la legitimidad del Tribunal Constitucional", aclaran.