La Junta de Andalucía ya ha eliminado del Registro Oficial de Turismo de a 1.338 viviendas turísticas, de las que 721 están ubicadas en Sevilla y 617 en Cádiz, tal y como habían exigido los Ayuntamientos de ambas capitales, toda vez que dichos pisos no cumplían la normativa para contar con dicha calificación. Así lo ha señalado este martes el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, que, a este respecto, ha defendido que el Decreto Autonómico de viviendas de uso turístico "cumple su función" y "permite tomar decisiones", como es haber dado de baja los mencionados inmuebles.
El consejero ha detallado el procedimiento seguido en el que, tras obtenerse una declaración responsable para operar como vivienda turística, se realiza una labor inspectora por parte de la Administración. Si esta comprueba que no se ha cumplido el Plan General de Ordenación Urbana o cualquier otra normativa, "se revocará" la decisión inicial de conceder esa calificación. "La declaración responsable no es patente de corso, en caso de que no se cumpla, se saca del Registro", ha abundado.
Asimismo, Fernández-Pacheco ha sostenido que esa normativa autonómica propicia "la regulación de los pisos turísticos". Para ello, como ha señalado, la Consejería de Turismo trabaja con los municipios para "ir aterrizando sobre caso a caso". Y, tras destacar que la nueva normativa andaluza es "una herramienta útil para que los ayuntamientos puedan tomar medidas, como "limitarlos por barrios", se ha mostrado convencido de que la Junta lo que ha hecho "es hacer recaer la potestad sobre los hombros de quienes mejor conocen" la situación de su entorno.
Sin embargo, un mismo Decreto está siendo aplicado de manera diferente en cada capital andaluza. Así, mientras que Sevilla ha asegurado este lunes que es inviable una moratoria en la concesión de licencias, como pedía la oposición, a partir de un documento jurídico basado en dicha norma andaluza; otras ciudades, como Granada, que también hará un análisis de las zonas más tensionadas, prevén, aprobar inicialmente este mes, una modificación del PGOU que impedirá dar más licencias, salvo a los pisos que cumplan los mismos requisitos que se aplican en Málaga. En concreto, deberán tener título habilitante para su ocupación y disponer de entrada independiente a la del edificio, así como instalaciones generales (luz, agua, teléfono…) también independientes.
Y, en Cádiz, su alcalde, Bruno García, ha asegurado este martes que va a suspender la tramitación de nuevas licencias de pisos turísticos en el caso histórico de la ciudad hasta contar con los datos del estudio de presión turística. La medida la ha presentado en el Pleno, donde ha explicado que esta suspensión impedirá que se puedan inscribir en el registro de viviendas turísticas de la Junta y, por lo tanto, operar en las plataformas.
Una decisión que el delegado de Hacienda de Sevilla, Juan Bueno, ha valorado, señalando que "imagino que el alcalde de Cádiz tendrá documentos y argumentos jurídicos y técnicos para decir lo que ha dicho, pero no conozco en detalle la decisión que ha tomado", ha asegurado Bueno, quien ha insistido en las bondades de la medida propuesta por su gobierno de limitar con un 10% el máximo de viviendas de usos turísticos en relación con el total de pisos residenciales en una determinada zona.
"Ese porcentaje no lo hemos inventado nosotros, lo ha dicho un informe de una consultora que ha hecho un estudio sobre la ciudad y que cree que ese 10% es un número adecuado", ha insistido Bueno. Además, ese 10% "significa de facto no poder dar ninguna licencia en el casco histórico", que está ya en un 32%, una cifra que para el edil hispalense "es una barbaridad". Pusimos ese informe encima de la mesa a la oposición y lo único que escuchamos fue "bloqueo, bloqueo", ha lamentado toda vez que aun no se ha aprobado la ordenanza municipal, al no contar con el apoyo de los grupos.
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