El mapa de los pisos turísticos en España: de las medidas pioneras de Barcelona a la dramática situación de Cádiz

El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los españoles en los últimos años. En muy poco tiempo ha escalado hasta la segunda posición en los asuntos que más preocupan a los ciudadanos, solo por detrás del paro, según la última encuesta del CIS publicada hace poco más de un mes. 

La ley impulsada por el Gobierno central hace algo más de un año no solo no se ha notado, sino que no ha impedido que en un año el precio del alquiler se dispare casi un 15%. En estos más de 365 días la vivienda se ha convertido en un asunto de disputa política. La poca efectividad de la norma la ha justificado el Ejecutivo central en que aquellas comunidades gobernadas por el PP, donde se encuentran las ciudades con mayores zonas tensionadas, el Gobierno autonómico no la ha aplicado. 

El fallo del Tribunal Constitucional de mayo tampoco ayudó a clarificar la situación. El ejemplo claro de ello es que tanto el Ejecutivo central como las CCAA con gobiernos del PP se felicitaban por el resultado. Si bien el tribunal de garantías reconocía la potestad del Estado para establecer las condiciones básicas de vivienda que garanticen la igualdad de los ciudadanos en su ejercicio, también declaraba inconstitucional algunos artículos de la norma porque considera que invade las competencias autonómicas. 

Con todo, el tiro se centra ahora en otro de los asuntos que contribuyen a que la vivienda se encarezca: la proliferación de pisos turísticos. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció la semana pasada que el Gobierno está estudiando una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que esas viviendas ejercen una actividad económica. 

Hasta ahora, en el ámbito de sus competencias, han sido los ayuntamientos y Gobiernos autonómicos los que han ido impulsando medidas para detener el aumento de los pisos turísticos. Barcelona ha sido la ciudad que más atención les ha prestado. Otras, como Madrid, han impulsado medidas, sí, pero coyunturales, hasta que se encuentre una manera de regularlos. 

Barcelona, objetivo prohibición

La Ciudad Condal lleva años abordando este problema. En 2014, el exalcalde Xavier Trias, en una medida pionera, congeló la concesión de licencias cuando llegaron a 9.906. Su sucesora, Ada Colau, tampoco permitió expedir más y en 2017 aprobó el PEUAT, un plan municipal para controlar los alojamientos turísticos en el centro de la ciudad, que sería declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2019. 

Durante unos meses de 2019, sin embargo, con el PEUAT paralizado, hubo propietarios de vivienda de uso turístico (VUT) que presentaron solicitudes. El Ayuntamiento las denegó, pero los jueces han ido autorizando casi 900, de los cuales 625 ya tienen licencia.

Con ello, hoy hay en Barcelona 10.101 pisos turísticos... que el alcalde Jaume Colboni se plantea prohibir de aquí a 2028. El regidor ha sido el primero en exponer esta drástica medida, que ha recibido las críticas del sector turístico y que terminaría acabando en los tribunales.

La Ciudad Condal es la que, por otro lado, más medios ha destinado a detectar las VUT ilegales. El Ayuntamiento tiene a su disposición decenas de rastreadores e inspectores y un equipo de letrados dedicados al asunto. En este contexto, el Consistorio impuso a principios de año una multa histórica al propietario de 14 pisos turísticos ilegales: 420.000 euros. 

Madrid, un problema con la ilegalidad

El Ayuntamiento de Madrid publicó a finales de mayo su primer mapa de pisos turísticos con licencia que se distribuyen a lo largo de la capital. En total, ha registrado 1.008 inmuebles. 

Un conteo que fue acompañado del impulso de la suspensión temporal de las licencias municipales "con carácter inmediato", el endurecimiento de las sanciones a propietarios de las VUT ilegales y un reforzamiento del equipo de inspectores. Ello, mientras desarrolla la normativa municipal que acabe por regularlas.

Porque lo cierto es que la capital tiene un problema con la proliferación de viviendas turísticas sin licencia. Los datos municipales revelan que en la ciudad operan más de 13.000 pisos con esta condición. La plataforma Inside Airbnb va más allá, y señala que en la plataforma de alquiler hay más de 16.000 ofertados, 3.086 más que en 2023. 

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida lleva cinco años criticando el Plan Especial de Hospedaje aprobado por la exalcaldesa Manuela Carmena, cuya novedad principal radicaba en que los pisos turísticos deberían tener un acceso independiente por la calle y un ascensor también independiente al del resto de vecinos. Con ello, se ilegalizaban de golpe el 95% de las viviendas. 

Ahora, el alcalde de Madrid prevé que el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística que regule este nicho de mercado entre en vigor a principios de 2025. 

Sevilla, paralizada por el bloqueo de la oposición

La legislatura de José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, no está siendo nada fácil. La negociación del popular con el resto de fuerzas políticas es extenuante, y un año después de asumir el bastón de mando no ha conseguido pactar unos Presupuestos para la ciudad. Es más, hace algo menos de un mes el pleno del Ayuntamiento rechazó la cuestión de confianza a la que se sometió el alcalde. 

Desde antes de ganar las elecciones, Sanz anunció que entre sus prioridades estaba detener el crecimiento de los pisos turísticos, pero ha tenido que esperar a que la Junta de Andalucía aprobase el decreto para regularlos, como así ocurrió a finales de enero. 

PSOE, Podemos-IU y Vox tumbaron en bloque la propuesta municipal que el Gobierno local llevó al pleno el 20 de junio. Así, en estas dos últimas semanas, Sanz ha propuesto cambios en el texto con los que espera convencer a la oposición.

La modificación pasa por el impulso de medidas coercitivas de cortes de los suministros de agua y luz a aquellas viviendas turísticas ilegales. Además, la Junta de Andalucía acaba de eliminar de su registro 721 pisos con esa condición, tal y como había solicitado el Ayuntamiento hispalense alegando un incumplimiento de la normativa. 

No obstante, esta semana se ha producido un nuevo enfrentamiento entre el PP y el PSOE en torno a este asunto. Los socialistas exigen a Sanz que limite la presencia de pisos turísticos a un 2,5%, y no a un 10%, del parque inmobiliario por cada barrio, una medida que el alcalde considera inviable. 

Con todo, el Registro de Turismo en Andalucía reveló el mes pasado que en Sevilla los pisos turísticos han crecido un 20% en un año a pesar de la suspensión de licencias municipales que se decretó en marzo. Sevilla tenía en febrero de este año 8.905 de estos alojamientos. Cinco meses después han aumentado a 9.252.

Valencia, un 'baile' de cifras

Valencia ha seguido el camino marcado por otras ciudades como Madrid, Sevilla o Palma y ha paralizado la concesión de licencias. A finales de mayo, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad ejecutar dicha suspensión durante un año mientras se aborda la manera de regular los pisos turísticos. 

Entretanto, la asociación de vecinos Amics del Carme ha denunciado que estos "han crecido de forma imparable en los últimos meses". "Mientras en el registro oficial han subido un 2,4% los inscritos, en el portal de Visit València la cifra ha aumentado un 40% desde enero de 2023", avisa. 

Según el portal, las VUT ya han sobrepasado las 10.000 en la capital del Turia. Solo en mayo, posiblemente porque muchos barruntaban que el Ayuntamiento comenzaría a tomar medidas, las solicitudes de apartamentos turísticos ascendieron a 506, cuando la media de los meses anteriores se situaba en el medio centenar.

Cádiz y Málaga, un problema incipiente

Otras ciudades en las que las viviendas de uso turístico comienzan a ser un problema son Málaga o Cádiz. En la ciudad bañada por el Mediterráneo se celebró este fin de semana una manifestación en la que miles de personas protestaron contra la proliferación de estos inmuebles y denunciaron la "insostenible" situación de la vivienda y los alquileres en la ciudad. Precisamente, este martes la Junta de Andalucía también eliminó del registro a 435 pisos turísticos por incumplir la normativa. 

Según datos del INE, la ciudad de Málaga cuenta con 6.550 viviendas de este tipo. Si ampliamos el campo geográfico, la provincia es la que más registra de toda España: más de 39.000.

En Cádiz la situación es dramática. Al secular problema de la vivienda que vive la ciudad ante la falta de suelo para construir se une el aumento de las VUT. Las cifras son confusas, ya que, como publica el Diario de Cádiz, la Consejería de Turismo de Andalucía considera que en Cádiz hay unas 2.500 viviendas turísticas, pero el INE las reduce a algo más de un millar. 

Sea como fuere, el alcalde, Bruno García, anunció, también este martes, que el Ayuntamiento no permitirá más pisos turísticos en el casco histórico gaditano, el mismo día que la Junta de Andalucía dio de baja de su registro 617 alojamientos de este tipo.

La proliferación de los mismos, unida a la falta de terreno para construir, coloca a la ciudad andaluza en una situación muy delicada. Hoy hay apenas 300 pisos en alquiler, y un gran porcentaje de ellos se destinan a arrendamientos temporales.