El Tribunal Constitucional (TC) se encuentra estos días en el foco de la actualidad nacional por dos asuntos controvertidos y relacionados con un mismo delito: la malversación. Este órgano encargado de velar por la Constitución y por los derechos fundamentales ha anulado en las últimas semanas las condenas de los exconsejeros de la Junta de Andalucía José Antonio Viera, Magdalena Álvarez y Antonio Fernández así como la del exdirector de IFA Miguel Ángel Serrano Aguilar, todos ellos implicados en el caso de corrupción de los ERE de Andalucía. 

Por otro lado, en los próximos meses el tribunal deberá analizar la amnistía que el Tribunal Supremo ha rechazado aplicar a los malversadores del procés. A juicio del Supremo, la malversación del 1-O se cometió con "propósito de enriquecimiento" y afectó potencialmente a "los intereses financieros de la Unión Europea", de forma que no encaja en los supuestos amnistiables que establece la ley.

Los encausados no coinciden con este fallo y, según han comunicado, tienen intención de recurrirlo hasta pedir amparo al Tribunal Constitucional, cuyo Pleno contará con una mayoría progresista de siete magistrados frente a cinco conservadores una vez se incorpore José María Macías a propuesta del PP. Desde la última renovación del órgano, a principios de 2023, el Pleno ha acostumbrado a dividirse en bloques prácticamente inamovibles cuando se trata de deliberar sobre asuntos de calado político. 

El Constitucional no es Poder Judicial

El Constitucional es un órgano político, ajeno al funcionamiento de los tribunales de España, que se encarga de garantizar la supremacía de la Constitución española de 1978. No forma parte del Poder Judicial. Debe controlar que las leyes y tratados internacionales no entren en conflicto con la Carta Magna y tiene el poder de resolver los conflictos de competencia entre las instituciones del Estado. Tiene además el deber de preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la autonomía de los entes locales.

Los miembros del Constitucional se llaman magistrados, pero no todos son jueces. Lo forman 12 juristas que son nombrados a propuesta del Congreso y el Senado, del Gobierno de turno y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todos deben ser juristas de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional, y en ese grupo pueden entrar tanto jueces como fiscales, profesores de universidad o incluso abogados.

La corte de garantías analiza recursos de inconstitucionalidad y recursos de amparo para determinar si las leyes son contrarias a la Constitución o violan los derechos y libertades recogidos en ella. También responde a las cuestiones de inconstitucionalidad que presentan los jueces y magistrados de España cuando dudan del encaje de una ley que tienen que aplicar. El Tribunal Supremo trasladará al Constitucional próximamente sus dudas sobre la amnistía al delito de desobediencia. 

Dos bloques y una mayoría progresista

La ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, la ley Celáa, la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 2021, la 'ley ryder', el impuesto a las grandes fortunas... Todas estas normas han sido avaladas por el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido gracias al apoyo del ala progresista y pese a la oposición de los conservadores. La dinámica de bloques se ha instaurado en un órgano que próximamente cambiará su composición. 

Lo hará gracias al acuerdo alcanzado por PSOE y PP para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un pacto que incluye el nombramiento de José María Macías como magistrado del TC. Macías se ha convertido, desde su asiento en el actual CGPJ, en uno de los vocales más críticos con el Gobierno. Ahora el PP ha propuesto al PSOE, como parte del acuerdo, que este vocal ocupe la vacante que dejó el magistrado Alfredo Montoya en la corte de garantías, de la que se marchó por problemas de salud. 

De esta forma, el Constitucional tendrá siete magistrados progresistas y cinco conservadores. Sin embargo, no todos ellos participarán del debate sobre la ley de amnistía. El exministro Juan Carlos Campo, que pasó de estar al frente de la cartera de Justicia a ser nombrado por el Gobierno como magistrado del Constitucional, ya anunció en noviembre del año pasado que no participará en los debates sobre la amnistía. Se apartará porque es el firmante de los informes que precedieron a la concesión de los indultos a los líderes independentistas condenados por el Supremo. 

Para defender la legalidad de los indultos, esgrimió que estos encajaban en la Constitución mientras que la amnistía sería "claramente inconstitucional". Es costumbre que los magistrados del Constitucional se aparten de los debates referidos a un asunto concreto cuando previamente se han pronunciado sobre esta cuestión, y si no lo hacen este puede ser un motivo de recusación. En el caso de Campo, él mismo ha decidido abstenerse de forma voluntaria, pero José María Macías también podría tener problemas para deliberar sobre la amnistía. 

Él apoyó la publicación de una declaración institucional del CGPJ en la que se decía que la amnistía es inconstitucional. Por esta circunstancias, y por otras declaraciones públicas del jurista, Macías podría afrontar la recusación. Así las cosas, los dos bloques del TC se verían mermados y habría seis progresistas y cuatro conservadores en la votación. 

Las polémicas sentencias con las que el Constitucional ha dado amparo parcial a los condenados por los ERE también han salido adelante con el apoyo del sector progresista y el rechazo de los cuatro magistrados conservadores, pero esta dinámica de bloques no siempre ha dominado la corte de garantías. Más bien, nunca se había prolongado tanto en el tiempo una dinámica como la que rige en la actualidad.

El jurista Andrés Ollero, magistrado del Constitucional entre 2012 y 2021, fue diputado del Partido Popular durante 17 años. Sin embargo, durante su etapa en la corte de garantías Ollero llegó a formular 33 votos particulares discrepantes de sentencias apoyadas por el sector conservador. En otras 36 ocasiones discrepó del sector progresista y cuando se marchó del órgano recopiló todos estos votos en un libro como muestra de su independencia de los supuestos bloques del tribunal. 

Otro magistrado al que no era raro ver separarse del criterio de sus compañeros de bloque fue Manuel Aragón, nombrado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aragón formuló un voto contra la sentencia en la que el Constitucional avaló la legalización de Sortu, a juicio de este magistrado, partiendo de un "enfoque inadecuada". 

La dinámica de bloques tampoco estuvo presente ni mucho menos en otra sentencia de TC controvertida y vio la luz tras una tensa negociación: la que declaró inconstitucional el confinamiento domiciliario del primer estado de alarma de la pandemia, en julio de 2021. El entonces presidente del órgano, Juan José González Rivas, había sido nombrado por el PP, pero votó en contra de ese pronunciamiento; la entonces vicepresidenta, Encarnación Roca, votó a favor y había sido designada a propuesta del PSOE.