Las comunidades de vecinos de Madrid se blindan contra los pisos turísticos en sus edificios

Hartos de que las viviendas de uso turístico (VUT) sigan proliferando en la ciudad de Madrid, los vecinos están tomando sus propias medidas: modificar los estatutos de la comunidad de propietarios para impedir la implantación de nuevas viviendas de este tipo o elevar las cuotas hasta un 20% a los propietarios de los pisos turísticos que ya existen en sus edificios. Es lo que han hecho en el portal 30 de la calle del León, en el Barrio de las Letras. Cansados de convivir con el trasiego de un hostal que abrió allá por 2018 y que la denuncia que pusieron ante la Comunidad de Madrid no haya solucionado la situación, los vecinos acaban de aprobar el cambio de estatutos. "Dijimos basta ya y hemos acordado prohibir el uso de viviendas como tipo turístico y con actividades económicas", explica Carlos García, uno de los residentes del bloque. 

Este cambio en los estatutos no cesa la actividad de los ya existentes porque no tiene efectos retroactivos pero, al menos, evitan que puedan instalarse nuevas viviendas de uso turístico. "Queremos que las viviendas se destinen a que vivan los vecinos, punto". Lo han hecho este año, pero desde que el hostal se instaló en el tercer piso empezaron a indagar. "El propietario nos envía una licencia de casa de huéspedes de los años 70" y decidieron poner una denuncia para que la Comunidad verificara si la actividad era legal. "Entendemos que el proceso va a ser lento y que probablemente esa licencia les ampare pero vamos a evitar que esto vaya a más". 

El caso de León 30 es solo uno más... Al Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) no paran de llegar peticiones de información sobre este asunto. "Ahora mismo es lo que más consultan los propietarios porque hay una alarma social muy gorda", cuenta Patricia Briones, abogada del CAFMadrid. Una gran parte de las consultas, explica Briones, siguen centradas "en la regulación administrativa de pisos turísticos y qué acuerdos y medidas se pueden adoptar desde las comunidades para prohibir este uso". Muchos, a la espera de una regulación por parte del Gobierno de España y los ayuntamientos, cambian los estatutos de forma preventiva: "La gente que todavía no tiene el problema dice 'yo, por si acaso, lo prohíbo'". 

La Ley de Propiedad Horizontal recoge estos cambios que pueden implantarse en las comunidades de propietarios. En concreto, el artículo 17 establece que "el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios". En esta comunidad, votaron a favor 8 vecinos de los 12 pisos que hay en el edificio. La misma mayoría se requiere para establecer cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%. Los inquilinos de León 30 también se plantearon poner en marcha esta última opción porque "usan el ascensor unas 40 veces al día y se rompe más, la puerta también se rompe más". 

Los vecinos exigen al Gobierno una mayoría más amplia en los edificios para abrir un piso turístico

De hecho, otra de las decisiones que han tomado es cambiar completamente la cerradura por una que "para sacar una copia requiere de un código" y así "evitar que los inquilinos del hostal puedan hacer una copia en cualquier momento". Lo que más preocupa a los vecinos es la inseguridad: "Hemos pasado de ser una comunidad de propietarios donde vivíamos familias y gente con alquiler permanente a tener un trasiego constante de personas. Cada semana me encuentro con que tengo ocho vecinos nuevos", lamenta Carlos.

Sergio García

Almudena, expresidenta de una comunidad de propietarios de la Calle Mayor vivió también el cambio de los estatutos durante su gestión. Pero, lamenta, "el problema es que son pisos ilegales y no hay inspectores que lo controlen". Cuenta que incluso había "un piso que tenía hasta una placa con un número de licencia que no era tal" y lo denunció a la Administración. Emitieron una resolución diciendo que "efectivamente, no era legal pero que ya había cesado la actividad" aunque, según Almudena, sigue anunciándose en las plataformas y sigue "viendo subir y bajar gente todos los días". 

En la calle Toledo, Virginia tuvo problemas con su piso de arriba pero sólo le hizo falta "coaccionar a través de los estatutos" que, en este edificio, los cambiaron en 2014, "antes de la explosión de los VUT". En este caso, en los estatutos comunitarios no especificaron la limitación a los pisos turísticos pero, precisamente esgrimió "la nomenclatura muy genérica": "Se va a convertir en un problema serio. O cesa ya esta actividad o habrá que poner en práctica lo que pone en los estatutos", le dijo Virginia a su vecino. Consiguió que el propietario cesara la actividad turística y lo destinara a otro tipo de alquiler de larga temporada. Más allá del cambio en las normas comunitarias, esta vecina insiste en que no deberían permitirse este tipo de viviendas porque los usos son incompatibles. "Igual que no dejarías hacer un restaurante en un tercer piso, tampoco deberías hacer un hotel", zanja. 

Nueva oficina de atención a afectados por VUT

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) puso en marcha una Oficina de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico en la calle Lavapiés en octubre. Ante la expansión del problema más allá del distrito Centro, la iniciativa vecinal inauguró una segunda en Arganzuela. Entre las dos, ya han atendido a unos 615 vecinos a los que han informado de las herramientas de las que disponen para evitar que las VUT entren en los edificios. Pero, según Víctor Rey, el director de la oficina de Lavapiés, "hay zonas que empiezan a estar tensionadas", por lo que abrirán otro servicio de atención en septiembre en Chamberí. Patricia Briones también coincide en que "zonas que antes no tenían problemas con las VUT, ahora los están teniendo", como barrios más periféricos de la ciudad o, incluso, en viviendas en la sierra madrileña. Por eso, mientras esperan una regulación, "las comunidades mientras tanto están inscribiéndolo en sus estatutos y, al menos, así se garantizan que el que venga de fuera sepa que hay una cláusula estatutaria que prohíbe las viviendas con este uso". 

Madrid apuesta por permitir las viviendas turísticas solo en edificios completos

El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha un plan de choque contra las viviendas de uso turístico en la ciudad con el que suspendió temporalmente las concesiones de licencias y endureció las sanciones a las VUT que no cumplan con la normativa, pudiendo llegar a acumular 190.000 euros en multas. Lo hizo mientras elabora la modificación del Plan General con el que se ordenará el mercado de estos pisos en la capital. La aprobación inicial está prevista para septiembre de 2024 y la definitiva, previsiblemente, será en el primer semestre de 2025. Entre tanto, los vecinos se blindan para no convivir con turistas.