Claves del decreto del alquiler temporal que quiere aprobar el Gobierno: de justificar el motivo... hasta un registro en plataforma

Los alquileres temporales en España deberán justificarse. Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cuya cartera trabaja en el desarrollo de un real decreto urgente que exigirá a los propietarios acreditar la causa por la que recurren a arrendar un alojamiento durante una corta duración.

De este modo, el Ministerio de Vivienda quiere regular de forma más minuciosa el alquiler temporal, recogido en el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). "Se trata de garantizar y proteger el alquiler de temporada para lo que se prevé, para unas causas temporales", ha defendido Rodríguez, quien ha explicado que en los contratos se deberá acreditar y justificar los motivos de esta decisión.

"Es necesario establecer todos los mecanismos para no poder burlar la LAU y salvaguardar los alquileres de temporada", ha añadido al valorar este sistema como una manera de combatir el "fraude". Y es que, debido a la falta de regulación, la utilización del arrendamiento eventual se ha desvirtuado provocando un uso indebido, una tensión en el mercado y una subida de precios de la vivienda, según han denunciado desde el sector inmobiliario y sindicatos.

Además, también existen denuncias debido a que algunos inmuebles se presentan como alquiler temporal, pero después, en la práctica, se establecen como vivienda vacacional en temporadas como verano. "Uno no puede tener una vivienda en temporal y en turístico al mismo tiempo, porque entonces algo no está saliendo bien", ha afirmado la ministra.

Justificar la causalidad

El real decreto recogerá las condiciones que han de cumplirse para que los alquileres temporales acrediten la causalidad a la hora de formalizar el contrato. Rodríguez pretende así que verificar que el contrato se debe al interés de la temporalidad y "no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria". La ministra ha subrayado que la idea es que, al igual que se pide la nómina, "se requiera" al inquilino para justificar que su estancia será corta.

"La causalidad determinará la temporalidad y será necesario poder acreditar esa causalidad a la hora de firmar el contrato", ha apuntado. A modo de ejemplo, para un curso escolar, el contrato deberá ser de unos nueve meses y, en el caso de un festival, de unos días. Asimismo, si el inquilino es un investigador, será necesario contar con el contrato de investigación; y para un deportista que necesita alojamiento para un evento se requerirá un documento que justifique la duración del mismo.

En la LAU actual no especifica un mínimo de tiempo que deba durar un contrato de alquiler temporal. Este aspecto no se prevé que se modifique, sino que la duración deberá acordarse entre las dos partes y respetarse en función de los que establezcan. La ministra tampoco ha hecho alusión al un tope al precio, aunque en ningún caso es posible realizar revisiones dentro de cada contrato.

Registro en una plataforma

La nueva normativa incluye el desarrollo de una plataforma de registro estatal único según el reglamento de la Unión Europea 2024/1028, por el que se regula el intercambio de datos relativo al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración, del que también formarán parte los alquileres turísticos. Con ella, se pretende establecer un sistema similar al de una "matrícula" para que conocer el tipo de vivienda.

Esto permitirá centralizar las diferentes modalidades y saber si una el alquiler de una vivienda es de corta duración, turístico, por habitaciones o de embarcaciones flotantes. De igual forma, la titular de Vivienda ha explicado que este registro también recogerá los inmuebles de temporada que se publiquen en páginas digitales, y no solo los pisos turísticos.

El planteamiento inicial es que los cambios en la LAU estén listos antes que esta plataforma de registro único, una herramienta exigida por la Unión Europea. En este sentido, Bruselas da de plazo hasta 2026 para tenerla en marcha, pero el Gobierno espera que pueda estar lista antes.  Mientras tanto, trabajan en una disposición adicional para que las autonomías y ayuntamientos puedan ir dando cobertura.

Cuándo se prevé que entre en vigor

Vivienda quiere trabajar a toda velocidad en este real decreto y espera tenerlo listo a finales de verano. "La idea es tramitarlo con absoluta rapidez en el seno del Gobierno y, por tanto, en las próximas semanas le daremos toda la celeridad que le podemos dar, cuidando los trámites de exposición pública a la ciudadanía", ha indicado Rodríguez.

Respecto al registro, el Ejecutivo tiene previsto que la plataforma esté finalizada para 2025. Ahora bien, la ministra ha asegurado que se va a intentar tenerla preparada "todo lo rápido que nos permita la tecnología y los desarrollos que hemos de implementar", por lo que podría ponerse en marcha antes de que acabe este año.

Reformar la Ley de Propiedad Horizontal

Por otro lado, el ministerio también va a atender a los alojamientos turísticos. Rodríguez ha anunciado que se va a modificar la redacción de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios puedan autorizar o vetar pisos turísticos en sus fincas. "Se trata de garantizar la convivencia en las comunidades de vecinos" y que la opinión de los propietarios sea "determinante", ha destacado.

El texto nuevo buscará que se "ajuste y clarifique los términos en los que ha de participar la comunidad de vecinos" en este asunto. Según ha manifestado la ministra, se exigirá "una autorización previa de la comunidad de propietarios" o un "veto" para que se pueda albergar un piso turístico porque la redacción actual "no aclara" este trámite. 

Asimismo, se busca que el alquiler turístico sea una actividad económica más y tenga los mismos criterios fiscales, entre ellos que soporten un IVA. Para abordar este "ajuste quirúrgico", Vivienda va a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, los sectores afectados, plataformas en línea y agentes sociales.