La reforma judicial pactada hace unos días por el PSOE y el PP, la segunda pata de un acuerdo que contempla también la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años y medio de bloqueo, echará a andar este jueves en el Congreso. Y lo hará, previsiblemente, con la amplia mayoría que suman los dos partidos mayoritarios de la Cámara, pero sin el apoyo de Sumar ni de los socios progresistas, nacionalistas e independentistas del presidente Pedro Sánchez, muy críticos con la norma no tanto por su contenido como por el hecho de que el PSOE la haya acordado con el PP sin su participación.
Lo que debatirá y votará este jueves el Congreso no es la aprobación de la reforma judicial, sino únicamente su toma en consideración, el primer paso de la tramitación parlamentaria. No obstante, PSOE y PP han declarado su intención de acelerar lo máximo posible los tiempos para dejar la norma aprobada antes del parón estival de agosto, y la amplísima mayoría que suman en la Cámara Baja les permitirá hacerlo pese a las dudas que genera la norma tanto en Sumar como en formaciones como ERC, Junts, EH Bildu o PNV.
Lo cierto, no obstante, es que la reforma no es demasiado compleja. Aunque no cambia automáticamente el sistema de elección de los vocales del CGPJ, el articulado sí insta al nuevo órgano de gobierno de los jueces que saldrá de este acuerdo PP-PSOE a que en los próximos seis meses desde la entrada en vigor de la ley elaboren un informe "con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español" y, por otro, "una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales que garantice su independencia".
La reforma se centra también en cuestiones de regeneración. Por ejemplo, el texto instituye un régimen de incompatibilidades que prohibirá que se elija como vocal del CGPJ o como fiscal general del Estado a alguien que haya sido ministro en los cinco años anteriores a la designación, para evitar que se repita el polémico caso de la exministra de Justicia Dolores Delgado, que pasó directamente del Consejo de Ministros a la Fiscalía General hace unos años. Asimismo, los jueces que sean nombrados para un cargo político de confianza con rango de director general o inferior deberán ser declarados en la situación de "servicios especiales".
Así las cosas, Sumar anunció este miércoles que se abstendrá en la toma en consideración de la reforma. Y no lo hará por su contenido, que para la formación es correcto en su mayoría, sino porque la coalición que lidera Yolanda Díaz está muy molesta con el PSOE porque no haberle informado con detalle de la reforma judicial acordada con el PP ni haberle permitido introducir propuestas. Su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, ya denunció la semana pasada que el PSOE les haya dado "el texto cerrado", y espetó que "no son formas ni es el mejor camino".
A efectos prácticos, la abstención de Sumar es completamente irrelevante, ya que PSOE y PP suman 257 de los 350 escaños del Congreso, lo que les garantiza una mayoría absolutísima. Pero que Díaz y los suyos no apoyen el texto es una muestra más de la fragilidad de la que adolece la coalición de Gobierno, que ya estuvo a punto de romperse hace mes y medio en otra votación clave: la de la ley del suelo. Si eso no ocurrió fue porque el PSOE, que contaba con sacar adelante la norma con el PP, finalmente se vio obligado a retirarla para no sufrir una dolorosa derrota parlamentaria, puesto que los populares se negaron a sacar a los socialistas las castañas del fuego y toda la izquierda y los nacionalistas ya habían anunciado su rechazo al texto.
Los socios, "bastante molestos"
Igualmente irrelevante pero significativa es la negativa de los socios independentistas y nacionalistas a apoyar con sus votos la reforma judicial este jueves. De nuevo, más que críticas a las medidas que incluye la norma, lo que han afeado con mayor dureza ERC o EH Bildu al PSOE es que haya recurrido al PP y no a ellos para reformar la justicia. "Es un pacto que no refleja la pluralidad de este hemiciclo", denunció la semana pasada el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, que aseguró que los socialistas han puesto en marcha una "gran coalición" con el PP. Días después, Rufián elevaba el tono y dejaba claro que los socios del Gobierno están "bastante molestos con que no se tenga en cuenta absolutamente a nadie".
"El Gobierno no ha contado con el bloque de investidura y se ha limitado a hacer un intercambio de cromos con el PP", denunció igualmente hace unos días el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que aseguró que "el acuerdo no asegura la adopción de reformas para democratizar la justicia y despolitizarla ni la aplicación de medidas de regeneración para acabar con el lawfare". "PP y PSOE tienen mayorías cualificadas suficientes para hacer los cambios que les dé la gana" y, ya que no han contado con el PNV, la formación nacionalista no tiene ninguna intención de apoyar su reforma, ha asegurado por su parte el portavoz de ese partido en el Congreso, Aitor Esteban.
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